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Política Proyecto Neptuno | audiencia | Obras

AUDIENCIA DEFINITORIA

Que hablen los que saben: el cuestionado Proyecto Neptuno llega a los estrados judiciales

Los científicos y colectivos sociales que se oponen al Proyecto Neptuno exigen ante la Justicia que se detengan las obras en curso.

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En una entrevista con el informativo MVD Noticias (TV Ciudad), Ceretta, que es representante legal de los opositores al proyecto, planteó que se está exigiendo “la suspensión de las obras, hasta que existan las evidencias científicas que avalen su viabilidad”.

Tanto la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida como los vecinos de Arazatí y el colectivo Tukutuku mantienen su exigencia de que el proyecto se suspendan. La razón, subrayó Ceretta, es hasta ahora no se manejan “certezas científicas” de que las afectaciones que este proyecto provocará en el territorio y la comunidad se han descartado.

Especialistas en audiencia

Para la audiencia judicial que se realizará este viernes, “el juez convocó a una serie de testigos que habíamos propuesto e incluso convocó también a algunos más que no estaban en la lista de los propuestos originalmente (…) son todos científicos con especialidad en distintas ramas del conocimiento que tienen que ver con las distintas objeciones que nosotros hicimos al proyecto Neptuno”, detalló el doctor Ceretta. En esa lista “están presentes los científicos que le han informado sobre la salinidad del Río de la Plata”.

La lista también incluye a docentes e investigadores de la Facultad de Ciencia que ya hicieron objeciones por los riesgos ambientales del proyecto, en especial en lo relacionado “con el pólder o el reservorio de agua dulce y el eventual peligro de contaminación del acuífero de Raygón”.

A estos aportes técnicos se sumarán los de los paleontólogos y antropólogos, quienes analizará los efectos del proyecto “en la comunidad y con el ordenamiento territorial”.

Que no sigan las obras

También se supo que el juez que entiende en este caso citó a representantes de los ministerios de Ambiente y Salud Pública.

Después de que se presenten los testimonios y análisis de las partes involucradas, se dictará una resolución, informó Ceretta.

“Y esta resolución, en caso de ser positiva para quienes estuve defendiendo, sería la interrupción de las obras. Estamos solicitando que no se suscriba el contrato con el consorcio que resultó electo en la licitación. Si la justicia ordenara al Estado no suscribir el contrato, evidentemente se detendría todo el proyecto”.

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