Rotundo fracaso: más homicidios, hurtos y rapiñas

A ello se suma, por supuesto, la enrevesada estrategia de maquillar burdamente los asesinatos transformándolos en muertes sospechosas, con guarismos que superan largamente los del gobierno anterior, así como el bajo porcentaje de aclaración de los delitos, que es directa responsabilidad de una conducción política absolutamente ineficiente y que no está a la altura de lo requerido.

La maratónica interpelación que transcurrió en el ámbito de la Cámara de Representantes -más allá de los meros debates y de la confrontación de números- permite ensayar otras reflexiones que no pueden ser soslayadas y que vuelven a situar al secretario de Estado, blindado por su condición de puntal del herrerismo y de amigo personal del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y de su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera, en el ojo de la tormenta.

En efecto, Heber miente con la impunidad que le otorga precisamente ese blindaje y pretende transformar, naturalmente para los ingenuos, un fracaso en éxito. Por supuesto, no admite que jamás estuvo preparado técnicamente para ocupar tan alta investidura y está sentado en el sillón ministerial únicamente porque no hay otro candidato más confiable para el presidente.

Fueron tan inconsistentes y poco creíbles las explicaciones del ministro que, por primera vez, uno de los socios de la coalición de gobierno, Cabildo Abierto, se sumó a la bancada del Frente Amplio, para votar una moción de desaprobación a la gestión del gobierno en materia de seguridad, que no llegó a censura.

Aunque es obvio que la destitución de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, tensó el vínculo entre CA y el Partido Nacional y naturalmente pudo haber influido en la decisión, lo cierto es que la mayoría del cuerpo parlamentario rechazó la endeble defensa de la gestión ministerial.

En efecto, el texto consigna que “la actual gestión del Ministerio del Interior no viene logrando cumplir con los compromisos fundamentales en materia de seguridad que presentó” la coalición de gobierno, en el documento “Compromiso con el país”.

Evidentemente, es una tardía reacción de las huestes del senador Guido Manini Ríos, que avalaron, hasta el momento, el paupérrimo trabajo de Heber al frente de la cartera, incluyendo, obviamente, las aberrantes mentiras formuladas en el ámbito parlamentario cuando fue convocado con relación al insólito otorgamiento del pasaporte al narco Sebastián Marset.

Empero, lo realmente concreto es que Heber es el “ministro récord” con respecto a la tasa de homicidios, que en 2022 aumentó un 25% con respecto al año anterior.

Con este guarismo, que es estadística oficial y no un mero invento de la oposición, esta administración alcanzó el promedio anual más alto de asesinatos de todos los períodos de gobierno.

No obstante, los indicadores que ponen en tela de juicio la actuación gubernamental en materia de seguridad no refieren únicamente a los asesinatos sino también a los hurtos y las rapiñas, que salvo en Montevideo y Canelones, aumentaron exponencialmente en los 17 restantes departamentos del país.

Con respecto a los hurtos -que crecieron un 8% en el interior salvo en Canelones, basta mencionar la escalada registrada en Tacuarembó (69%), Soriano (48%), Río Negro (45,5%), Maldonado (11,5%), Colonia (11,5) y Flores (17%).

Otro tanto sucede con las rapiñas, que, también a excepción de Montevideo y Canelones, se incrementaron en un 10%. Por ejemplo, los números son contundentes en Tacuarembó (69%), Rivera (20%), Salto (17%), Colonia (25%), Florida (40%) y Soriano (74%).

Aparentemente, el interior del país ha dejado de ser tranquilo y, por lo menos el año pasado, se transformó en un territorio harto peligroso para los pobladores.

Otra estadística que cuestiona la eficiencia del gobierno en materia de combate al delito es la relativa a los homicidios realmente aclarados que, según el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, alcanzaron apenas al 51%. Es decir, la mitad de los asesinatos quedó impune. Realmente es mucha la distancia que separa este porcentaje del registrado en 2015, cuando el guarismo de homicidios aclarados trepó al 65%.

Otro dato de la realidad con dimensión estadística que pone en tela de juicio el trabajo del Ministerio del Interior es el relativo a las muertes dudosas, que han sido recurrentemente empleadas como atajo para reducir el impacto de los números.

Al respecto, comparando con 2019 -año que suele ser tomado por el oficialismo como referencia para confrontar números- las muertes dudosas aumentaron un 90% en 2022, pasando de 105 a 200. Se trata, naturalmente, del único delito cuyo número no se pude modificar a gusto y paladar del gobierno. Sin embargo, la estrategia de transformar asesinatos en muertes dudosas ha funcionado, por más que a la información proporcionada por el ministerio encabezado por el inefable Luis Alberto Heber ya nadie la cree.

Ha sido tan ineficaz la labor del gobierno en materia de seguridad en Montevideo y en el área metropolitana, que las bandas criminales dedicadas al narcotráfico, que ya suman 49 identificadas por la Policía, ejercen un casi absoluto control de por lo menos 24 barrios capitalinos.

Así lo revela el informe “En las grietas del Estado: gobernanza criminal en Montevideo”, producido por el departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República, en base a minuciosos testimonios e investigaciones de campo.

El contundente reporte corrobora que en los barrios periféricos de la capital los narcos gobiernan a su gusto y manipulan a muchos de los pobladores, en este caso por medios no violentos, emulando algunas estrategias que otrora empleaba el extinto capo mafioso colombiano Pablo Escobar.

En ese contexto, la apuesta de los mafiosos es a comprar silencios y voluntades con abundante dinero, en zonas de la capital altamente deprimidas en las cuales la mayoría de las familias no llegan a fin de mes. No en vano, la pobreza estadística reconocida oficialmente con datos de 2022 aún trepa a casi un 10% y hay 42.000 pobres más que en 2019.

En ese marco, usufructuando el caldo de cultivo que proporciona el propio gobierno con sus políticas hambreadoras, la mafia del narcotráfico invierte en complicidades, donándoles dinero a algunas familias para que compren alimentos o bien para que paguen la luz, el gas y otros gastos fijos.

Asimismo, también adquieren equipamiento para clubes de baby fútbol y hasta hay centros educativos que reciben útiles escolares pagados por las organizaciones criminales.

Naturalmente, también reclutan mano de obra barata entre los jóvenes, quienes habitualmente ofician de campanas en las bocas de venta de droga o bien de distribuidores del producto de microtráfico, entre otras tareas rentadas.

El informe de la Udelar confirma, en forma absolutamente inequívoca, que el Ministerio del Interior -que ha fracasado estrepitosamente- no controla todos los barrios de Montevideo, que son ocupados por organizaciones criminales que pusieron de rodillas al gobierno.