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Política Sebastián Marset |

Un pasaporte y muchas dudas

Sebastián Marset y el narcopoder

El caso del narco Sebastián Marset, y la entrega del pasaporte, demuestra la inoperancia del Ministerio del Interior y de la Cancillería.

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Caras y Caretas Diario

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El caso del pasaporte entregado al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset-detenido en Dubái-, que le sirvió para fugar, amenaza convertirse en un escándalo político de proporciones ya que demuestra la inoperancia de dos ministerios: Interior y Relaciones Exteriores.

"No sé cuál es la duda, la legislación es muy clara", pese a que está "mal hecha", dijo el martes el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cuando se lo interrogó sobre la interpelación anunciada por el Frente Amplio.

Pues el hecho es tan claro que solo Heber se niega a reconocer que le dieron un pasaporte a una persona que estaba presa en Dubái precisamente por tener un pasaporte paraguayo falso.

Aunque no existieran otros elementos a considerar solo ese hecho es gravísimo, porque ningún compatriota en iguales circunstancias accedería al documento.

Sebastián Marset contaba con múltiples antecedentes por tráfico de drogas en Uruguay. Y no de a gramos, sino centenares de kilos. En 2018 fue acusado por un asesinato en Ciudad de la Costa y huyó a Paraguay.

Pero también huyó de ese país porque se enteró de que la fiscalía paraguaya lo investigaba y podría ordenar pronto su captura.

Quiso ingresar a Dubái y lo detuvieron por portar un pasaporte paraguayo falso. Entonces le pidió a su abogado, Alejandro Balbi, que le gestionara un pasaporte uruguayo. Este hizo gestiones en cancillería y mandaron a una cónsul a la cárcel de Dubái a tomarle huellas dactilares, firma y foto. Así logró la libertad en el país árabe y se fugó.

Lo investigaban Uruguay, Paraguay y la DEA. Pero el ministro del Interior, que ha firmado varios acuerdos de cooperación para compartir información, no se enteró. La cancillería fue más eficiente porque entregó un pasaporte con trámite urgente a pesar de que la Embajada uruguaya en los Emiratos Árabes y la propia cónsul uruguaya en Dubái advirtieron sobre la “inconveniencia” de la gestión.

Y Alejandro Balbi, reconocido abogado, trascendió su papel como defensor para convertirse en gestor del documento que liberaría a su cliente para fugarse.

¿Qué es lo que no entiende Heber?

Ruben Amato, ex director nacional de Identificación Civil hasta el año 2020, dijo a Caras y Caretas que “a tomar datos a una cárcel, sea en Uruguay o en otro país, se concurre cuando un detenido será extraditado o expulsado. Entonces se le otorga un documento provisorio donde se indica país de salida y país de destino y ese pasaporte se entrega a Interpol. Pero jamás en mi vida profesional se entregó un pasaporte enviando a una cónsul a una cárcel para registrar la información. ¿Cuál fue la justificación para enviar a esta funcionaria?”.

Amato dijo además que “en la dirección siempre recibíamos información sobre personas peligrosas de otras dependencias del Ministerio del Interior. Y si teníamos dudas, preguntábamos. Porque el trámite lo podíamos enlentecer, aunque este no parece ser el caso. Podría ser que algún superior nos diera la orden, pero siempre dejábamos todo escrito y registrado y siempre asumí la responsabilidad para proteger a los funcionarios”.

En tanto, a M24 Amato dijo que “si el discurso es ‘le dimos el pasaporte porque no tenía antecedentes’, ¿qué normativa vamos a modificar? Dónde falla la Inteligencia y dónde falla la coordinación, ahí no hay decreto que te salve de determinadas situaciones. Todo es perfectible, pero me gustaría saber qué mejoras se harán”.

El exjerarca indicó que Uruguay “queda mal parado internacionalmente, lo peor y que no lo podemos tapar es la celeridad con la que se entregó y en esos aspectos, más que en la reglamentación, habría que hacer un mea culpa”.

Por su parte, una fuente de cancillería dijo a Caras y Caretas que “un pasaporte al exterior se envía por valija diplomática, que demora, o a través de un courier pagado por el receptor. Es absolutamente irregular que el documento se haya gestionado en la cárcel y sea entregado a un abogado, que no sabemos cómo lo envió. Eso viola toda la seguridad del documento y nos expone a graves repercusiones internacionales. Porque ¿qué garantías damos a terceros países sobre un correcto uso de ese documento? ¿Qué garantías tiene Uruguay de que ese pasaporte no fuera reproducido o llegara a otras manos?”.

El narco Marset

Un informe de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senade), al que accedió Caras y Caretas, consigna en 503 páginas la investigación realizada en ese país sobre el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 31 años, en unión de hecho con Gianina García Troche, su actividad vinculada al narcotráfico y el lavado de dinero, y sus vínculos con presidentes, senadores, fiscales, policías y narcotraficantes locales.

El minucioso informe tiene datos aportados por el Ministerio del Interior uruguayo. Por lo que el ministro Heber no podía desconocer la situación de Marset.

El primer antecedente se registra el 1º de febrero de 2012, cuando fue procesado por un delito de receptación. En setiembre de 2013, la Justicia lo procesó y remitió a prisión por tres delitos de tráfico ilícito de estupefacientes después de que la Brigada Antidrogas incautara 170 kilos de marihuana.

Un mes después y a consecuencia de una investigación coordinada entre la Unidad de Investigación de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senade) de Paraguay y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid) de Uruguay se detuvo y procesó con prisión a Juan Domingo Viveros Cartes (a) Papacho, tío del entonces presidente de Paraguay, Horacio Cartes.

Viveros Cartes piloteaba una avioneta, propiedad del presidente, que aterrizó en un campo de José Pedro Varela con 450 kilos de marihuana que eran para Marset, según reconoció este ante la Justicia.

El 14 de agosto fue asesinado Alfredo Rondán en Las Toscas. Era un amigo de la infancia de Marset. Varias pericias ubicaron al narco en el lugar por lo que el juez Enrique Falco lo procesó con prisión. Pero en agosto de 2020 el fiscal Maximiliano Sosa archivó la investigación ya que, a su juicio, no había prueba suficiente para procesarlo por homicidio.

Según la investigación de la Senade, Marset recuperó la libertad en 2018 y se fue de Uruguay para viajar por diferentes países de Centroamérica y América del Sur, particularmente Bolivia y Paraguay, “presumiblemente generando vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas”, dice el documento.

Durante el año 2019 “Marset generó contenidos publicitarios en medios de prensa internacionales, presentándose como un próspero empresario enfocado en la organización de eventos y conciertos. Esa publicidad era un montaje para justificar su actividad ilícita en países de la región”, establece la investigación.

El documento aporta numerosas publicaciones de medios uruguayos que informaron sobre las actividades delictivas en nuestro país. Y también otra importante cantidad de publicaciones en diferentes medios internacionales en los que se consignaba su “actividad como empresario artístico”.

De acuerdo a los registros de Migraciones, Marset comenzó a frecuentar Paraguay desde abril de 2018. En agosto de 2019 ingresó con un pasaporte boliviano falso a nombre de Gabriel de Souza Bemer.

A principios de 2020 decidió radicarse definitivamente en Asunción, acompañado por su pareja Gianina García Troche y dos hijos menores de edad.

En el año 2017 se había integrado al “Grupo Insfrán” una poderosa organización de traficantes y lavadores de dinero. Esta organización “legalizaba” activos a través de los clubes de fútbol Rubio Ñu, River Plate y Deportivo Capiatá, además del club griego Atlético Trikala, y de la iglesia denominada Centro de Avivamiento, que tenía sedes en varias ciudades paraguayas y congregaba multitudes. Esta banda fue desmantelada recién en febrero de este año.

Pero Marset se había dedicado a unir a varios grupos mafiosos tanto a nivel nacional como internacional a los que les proporcionaba toda la logística para trasladar miles de kilos de cocaína a la región y a Europa, principalmente.

El informe de la Senade consigna al detalle todas las etapas del tráfico desde la producción hasta la comercialización de toneladas. Sebastián Marset es sindicado como “ideólogo, organizador y supervisor de las operaciones ilícitas”.

Las escuchas telefónicas revelan al detalle nombres de otros integrantes de la organización, lugares y formas de envío de la droga, estudios contables así como la identificación de 13 avionetas que operaban como taxis aéreos, pero en realidad estaban al servicio de los narcos, junto a un importante listado de automotores y propiedades de los Insfrán.

Gran parte de la droga se acondicionaba en contenedores, con otras mercaderías de exportación, que luego eran enviados a través de la hidrovía a los puertos de Buenos Aires y Montevideo con destino a Europa y África. O también por tierra, a la región, en camiones y camionetas acondicionados.

Marset ha sido definido como el líder del “Primer Cártel uruguayo (PCU)”, pero curiosamente los únicos uruguayos son él, su pareja, su hermano y Ezequiel Santoro Da Silva, de 71 años. Y no constan registros de actividades en nuestro territorio, más que ser un importante proveedor de narcos locales y para “exportación”.

El 9 de mayo del 2020 hubo un atentado contra la sede de la Brigada Antidrogas ubicada en el Prado. Pocas horas después fue amenazada la fiscal Mónica Ferrero. Las pericias sobre las llamadas telefónicas establecieron que una de ellas fue realizada desde un teléfono propiedad del hijo del contratista de fútbol Gerardo Arias, por lo que fue condenado con 6 meses de prisión.

Para el fiscal Diego Pérez, a cargo de ambas investigaciones, “Marset estuvo detrás de los dos hechos”.

El 12 de setiembre de 2021 fue asesinado Mauricio Schuartzman cuando llegaba a su casa en el barrio Jara de Asunción. La víctima era un informante de la Senade y su nombre habría sido revelado a Marset por el fiscal paraguayo Lorenzo Lezcano, exministro del Interior y exministro de Inteligencia del gobierno de Horacio Cartes.

El lunes 25 de abril de este año tres brasileños, presuntos miembros de la organización mafiosa brasileña Primer Comando de la Capital, rociaron a balazos el vehículo donde viajaba el jefe policial investigador, Juan León Mallorquín.

La Policía confirmó poco después que los brasileños detenidos confesaron quiénes los contrataron y cuánto les pagaron para matar al policía, pero hasta hoy se maneja con hermetismo lo que dijeron.

En mayo fue asesinado en Colombia el fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pecci. Y aunque la Fiscalía de Paraguay aseguró que Marset está desvinculado de dicho episodio, el presidente colombiano, Gustavo Petro, lo vinculó directamente como quien contrató a sicarios de ese país y de Venezuela.

Una cosa es segura: 15 días después del intento de asesinato de Juan León Mallorquín policía que encabezaba el operativo Smart, que investigaba la organización de Marset, en Colombia asesinaron al fiscal Pecci quien investigaba el asesinato de Schuartzman y había abierto indagaciones sobre el caso.

El documento de la Senade sindica a la pareja de Marset como la responsable de legalizar los millones de dólares que reciben por el tráfico de drogas. Así aparece como titular de varias empresas y propiedades en Paraguay. Presumiblemente también tienen dinero escondido en cuentas bancarias del exterior. Por ahora no se sabe si parte de ese dinero podría estar en Uruguay.

Los cárteles en Uruguay

El dinero del narco ha corrompido países y gobiernos. La historia de Pablo Escobar es ilustrativa, pero más lo es lo que ocurre en México. Expresidentes financiados por el narcotráfico, gobernadores, parlamentarios, policías, militares, jueces y fiscales corrompidos plantean una situación trágica y difícil de superar. Porque al que no acepte sumarse, lo matan.

Una situación muy similar se vive en Ecuador, Paraguay, Brasil, Argentina, países donde se han forjado organizaciones criminales muy poderosas porque cuentan con dinero, armas y muchos “soldados”.

Efecto de la “guerra” contra el narcotráfico iniciada por EE.UU en Colombia que como consecuencia promovió la huída de los criminales a países más tranquilos del sur y con facilidades para continuar sus actividades.

En ese tiempo Uruguay fue el “lavadero” de narcos y corruptos.

Y en algún caso hubo dirigentes políticos involucrados. En 1989 fue detenido en Maldonado Raúl Vivas, operaba el Cambio Italia en Gorlero, frente al casino del Estado. Desde allí, y en triangulación con el cambio Dyana de Montevideo, lavó mil millones de dólares para el Cártel de Medellín de Pablo Escobar.

El Cambio Dyana era propiedad de Ariadna SA, cuyo presidente era Angel María Gianola, dirigente herrerista y 4 años después ministro del Interior en el gobierno de Luis Lacalle Herrera. Integrante de esa SA también era el mayor retirado Alberto Casabó, exdirector Nacional de Turismo durante la dictadura y para quien luego crearon una embajada en Gabón. El cambio Dyana fue cerrado por el BCU, pero al no existir ley antilavado nadie fue procesado.

En 1992 cayó en Punta del Este Ramón Puente Patiño, contador del Cártel de Cali, liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela. Los documentos que le encontraron vinculaban al gobierno de Carlos Menem con el tráfico de drogas. Más concretamente a su cuñada Amira Yoma, secretaria de las audiencias presidenciales y a su entonces marido Ibrahim Al Ibrahim, un ciudadano sirio que era jefe de aduanas en Ezeiza.

En 1996 fue detenido en Mercedes, donde asistía a un partido de fútbol, el traficante maldonadense Omar Clavijo. La investigación realizada por el juez penal Homero Da Costa reveló los vínculos con políticos, con jerarcas de la intendencia, de la Brigada Antidrogas, de Prefectura y de Aduanas.

Clavijo operaba un parador municipal costero, ubicado en La Brava, que funcionaba como centro nocturno. Le había sido adjudicado por la intendencia dirigida por Domingo Burgueño. La noche en que procesaron a Clavijo, el intendente se apareció en el juzgado para interesarse por la suerte de Omarcito. Tiempo después se descubrió que un importante jerarca municipal le hacía favores mientras estaba preso en la cárcel de Las Rosas.

Poco después se escapó de la cárcel de Salto y se fue a Pedro Juan Caballero, Paraguay. Una noche lo ejecutaron a balazos en venganza, acusado de entregar un cargamento de marihuana.

En 1997, se detectó la presencia en Uruguay del cartel de Juárez, en ese momento la organización criminal más poderosa de México. Tenían importantes intereses en Punta del Este y en Flores.

En 1999 el jefe regional de la DEA, Abel Reynoso, dijo que a través de sociedades anónimas uruguayas e importantes estudios jurídicos -refirió al Estudio Posadas, Posadas & Vecino- se lavaba abundante dinero del narcotráfico. Advirtió que los grandes cárteles de la droga ya operaban en el país.

En 2003 se inició en Punta del Este la denominada Operación Campanita, una de las más extensas y complejas que involucró a organizaciones locales y colombianas, incluso con la connivencia de miembros de las fuerzas de seguridad uruguayas. En esta causa fueron procesados el abogado Carlos Curbelo Tammaro y el empresario hotelero esteño Alvaro Manzino, entre otros. Hoy Manzino está en la dirección del Centro de Convenciones.

En 2005 el diario colombiano El Tiempo dio cuenta del avance de los cárteles de Colombia sobre Uruguay y mencionó incluso como pioneros de esta avanzada a Rodrigo Tamayo, señalado como excapo del cártel de Medellín, y Francisco Ramírez, hijo de Micky Ramírez, socio de Pablo Escobar. También mencionó el caso de Juan Diego Montoya, el líder narco que desde 2000 vivía en Punta del Este y recién fue detenido en 2010.

En el año 2009 un operativo internacional con detenidos de varias nacionalidades derivó en la mayor incautación de droga en la historia, hasta entonces. Se trató de la operación Guerrero de los Balcanes, que implicó la incautación de 2.174 kilos de cocaína, provenientes de Colombia, en un velero anclado en Santiago Vázquez. La droga tenía como destino a Serbia. El cargamento valía en el norte unos 180 millones de dólares.

En 2012 Washington Bocha Rissotto fue asesinado frente a su casa en el barrio Palermo. Era el principal empresario de la exportación de cocaína hacia Europa.

En el año 2016 detuvieron en Montevideo al narco mexicano Gerardo González Valencia, líder del cártel de Los Cuinis, según la DEA el cártel más rico del mundo. González Valencia vivía tranquilo en Punta del Este desde hacía varios años.

En el año 2017 fue detenido en Montevideo el jefe narco italiano Rocco Morabito. Estaba buscado desde 1995 por la Justicia italiana como líder de la Ndrangheta siciliana. Ingresó a Uruguay en 2004 con documentos brasileños falsos y desde entonces vivía en Punta del Este, donde hizo varias inversiones millonarias. En 2019 corrompió a varios policías y logró fugarse de Cárcel Central. Un año después lo detuvieron en Brasil y extraditado a Italia, donde será juzgado en breve.

En 2019 fue detenido el empresario uruguayo-argentino Martín Mutio, acusado de proporcionar la logística que permitió enviar 4.500 kilos de cocaína, incautados en el puerto de Hamburgo.

En diciembre de ese año fue detenido en Soriano el productor sojero Luis Gastón Murialdo, a quien le encontraron 6.000 kilos de cocaína escondidos en su campo. La droga tenía a África como destino y se estimó su valor, puesta en Europa, en 230 millones de dólares.

El Ministerio del Interior insiste en combatir las bocas de drogas. Pero en realidad el verdadero negocio pasa por otro lado. Y se debería combatir con acciones de inteligencia y persiguiendo la ruta del dinero.

Los vínculos políticos de Marset en Paraguay

Cuando llegó a Paraguay, Sebastián Marset jugó al fútbol profesional vistiendo la camiseta número 10 de Capiatá. Se había presentado ante los dirigentes de ese club como un próspero empresario, pero en realidad era muy allegado al dirigente Erico Galeano, también diputado del partido Colorado. Marset llegó a jugar como titular en el Capiatá donde dijo provenir de un club de ascenso de Uruguay, aunque no existen tales registros.

Pronto se vinculó a figuras del Partido Colorado paraguayo, llegando hasta el entonces presidente Horacio Cartes, seguramente presentado por el tío de este, el narco piloto que estuvo preso en nuestro país.

Desde ese lugar estableció importantes relaciones con policías, fiscales, jueces y políticos colorados. Todos coincidían en solucionar los problemas que iban surgiendo.

A partir de la investigación iniciada por el fiscal Pecci, funcionarios infieles informaron a Marset que “era inminente su detención”. El 7 de junio de 2021 a la hora 9.13, Marset y su familia salieron de Paraguay, intentando llegar a Grecia. Pasaron por un país africano y luego por Dubái, donde funcionarios de Migraciones se dieron cuenta de que el pasaporte paraguayo que portaba era falso y fue detenido. Era setiembre de 2021.

El embajador paraguayo en Catar, Ángel Barchini, mencionó que la familia de Marset le pidió ayuda, sin embargo, el caso lo pasó a Uruguay.

El 12 de setiembre asesinaron a Schuartzman, informante de la Senade y a quien acusaban de ser quien había conseguido el pasaporte falso.

El documento de inteligencia que hemos referido, cita una llamada recibida el 19 de setiembre de 2021 en el 0982 765937, utilizado por José Fernando Estigarribia, investigado como parte de la banda del narco uruguayo, realizada desde la línea extranjera 58597 1459999, utilizada por Marset.

El uruguayo pregunta si “pudo solucionar algo” en relación al pasaporte falso. Pero como la respuesta es negativa Sebastián dice que es necesario “hablar con Marito [Abdo, actual presidente] o con Cartes, porque después sin problemas se va a poder pagar el favor”.

Marset estaba desesperado porque no quería seguir detenido en Dubái y pretendía volver a Paraguay. Le ofrecieron sacarlo hacia Uruguay o Francia, pero se negó.

En otra llamada le informan que “la gente del juzgado [en Paraguay] pide 5 millones de dólares para cerrar la causa”.

La solución llegó de la mano del abogado Alejandro Balbi, contactado presumiblemente por la esposa de Marset. Él gestionó el pasaporte ante la Dirección Nacional de Identificación Civil, que dadas las circunstancias requirió la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según Búsqueda, otro abogado paraguayo “esgrimió como argumento para pedir que fuera liberado que el hombre no suponía un riesgo ni era un delincuente de relevancia, ya que su propio país le autorizaba la documentación. Y lo consiguió”.

Finalmente, en enero de este año recibió el documento. Y con él la libertad, ya que no existían requerimientos.

Lo que ocurrió después es historia conocida. Marset se fugó con su familia y ahora tiene una requisitoria internacional.

Otra vez Búsqueda informó que “luego de quedar libre, autoridades paraguayas le confiscaron bienes por más de 100 millones de dólares a una organización criminal, en lo que supuso el mayor operativo del país contra el crimen organizado y que la Justicia de ese país acusa a Marset como uno de los cabecillas. A su vez, la Policía uruguaya lo investiga desde 2018”.

El informe de la Senade deja en claro que ni el ministerio del Interior ni la cancillería pueden esgrimir desconocimiento sobre las actividades de Marset, ya que la Policía uruguaya aportó información a su par guaraní. Y el embajador paraguayo en los Emiratos Árabes mantuvo informado a su par uruguayo. De ahí las advertencias que recibió cancillería.

Ahora solo falta saber quién dio la orden.

***

Guarteche lo advirtió y Rivero lo sufrió

En el año 2006 el inspector Julio Guarteche, entonces director de la Brigada Antidrogas, reunió a oficiales de diferentes dependencias del Ministerio del Interior.

Hizo una larga introducción sobre cómo funcionaba el tráfico de drogas y luego les advirtió que “debían estar muy atentos porque venían épocas muy difíciles. Vamos a tener sicariatos, mucha violencia y dada la capacidad financiera de esos grupos, también mucha corrupción en diferentes ámbitos de la vida nacional”.

Un oficial participante en ese encuentro dijo a Caras y Caretas: “Cuando oí eso pensé que Guarteche alucinaba. Hoy debo decir que no solo lo tenía claro, fue un adelantado. Y yo, como muchos, lo extrañamos por su capacidad y don de gente. Nos hacen falta muchos policías como él”.

En el año 2000 el entonces Director Nacional de Policía, inspector Roberto Rivero, que investigaba el cártel de Juárez en Punta del Este, fue destituido de su cargo por presiones realizadas por el periodista Danilo Arbilla ante el vicepresidente Luis Hierrro López.

Rivero había descubierto que la casa de Arbilla había sido vendida a un testaferro de Amado Carrillo Fuentes. El periodista fue vendedor de buena fe, pero decidió defender a su escribano Javier Morassi, quien sí conocía la identidad de los compradores.

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