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Política sindicato | Lozano |

Le tiraron el fardo

Sindicato de Vivienda sale al cruce de Lozano

El sindicato exige que se reconozca “públicamente” que los funcionarios “siguieron los procedimientos establecidos por las autoridades".

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El origen de la polémica fue la entrega por parte de Moreira, de una vivienda de forma arbitraria y sin sorteo a una militante de su partido.

La investigación relevó que entre 2020 y 2023 hubo 12 expedientes por adjudicaciones directas y que los procesos fueron iniciados “a partir de correos electrónicos enviados desde la secretaría de la exministra Irene Moreira”. Según se destaca en la resolución, en el pedido se resaltaba que “es interés de la ministra” que determinados cupos reservados sean adjudicados a las familias de las que se aportaban los datos.

Sindicato sale al cruce

La Asociación de Funcionarios del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Afumvot) rechazó que el ministro Raúl Lozano haya apuntado contra funcionarios de la cartera en el marco de la investigación administrativa vinculada a la adjudicación de viviendas por parte de la exministra Irene Moreira, la cual concluyó que los funcionarios “no ajustaron su conducta a los deberes de funcionario público, avalando las solicitudes enviadas desde la secretaría de la exministra, sin cumplir estrictamente con la normativa aplicable en la materia”.

En la conferencia del viernes pasado, el secretario de Estado dijo que de la investigación surgió que “hubo cierta responsabilidad de algunos funcionarios, los cuales están pasibles de tener una observación que será considerada luego de que se hagan los descargos del caso”. En cambio, según Afumvot, “los funcionarios actuaron conforme a los procedimientos establecidos por el entonces director de Vivienda Jorge Ceretta”, señaló en un comunicado.

Se enteraron por la prensa

El sindicato apuntó que los funcionarios se enteraron por la prensa de la resolución que dio a conocer el ministro el viernes, “sin haber sido previamente notificados y otorgada vista para articular su defensa, a pesar de que en la misma se establece que los funcionarios son pasibles de una determinada sanción”. “Esa resolución se hizo pública con los nombres de los funcionarios, lo que vulnera el principio de reserva de todo proceso disciplinario, el principio de presunción de inocencia y el principio del debido proceso”, fustigaron, y repudiaron que se “pretenda” trasladar a los funcionarios “responsabilidades” que le caben a los cargos políticos de jerarquía.

Por último, exigieron que se reconozca “públicamente” que los funcionarios “siguieron los procedimientos establecidos por las autoridades y que no son responsables de las adjudicaciones investigadas”.

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