"Nosotros consideramos que el Transpacífico le pega en la línea de explotación a la Estrategia Nacional de Desarrollo", subrayó Dardano al analizar las condiciones del acuerdo. Para él se trata de "una contradicción, diríamos flagrante, abusiva, con lo que venimos intentando desde actores del gobierno nacional, llámese OPP, Udelar, Confederación de Cámaras, Pit-Cnt, tratando de arribar a una Estrategia Nacional de Desarrollo".
Dispuestos a negociar
"Estamos dispuestos a discutir la productividad, mejorar la formación profesional, ver qué nichos podemos encontrar en los acuerdos internacionales, pero en el caso este, realmente, creemos que el Uruguay está siendo muy inocente sobre que nos van a dejar seguir utilizando las empresas públicas como se ha venido haciendo", indicó.
Destacó que hay "capítulos que son bien claros" respecto al rol de las empresas públicas. "Es un desastre", sentenció.
Sindicatos reclaman evaluación
Uno de los principales planteos del documento entregado por la CSI es realizar una evaluación de impacto sobre la política industrial antes de avanzar en cada capítulo del acuerdo, para garantizar su compatibilidad con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2050.
La CSI reclama además reservas específicas para empresas públicas, infraestructura crítica y sectores industriales sensibles frente a las disposiciones del CPTPP sobre compras públicas y neutralidad competitiva.
En particular, propone blindar a UTE, Ancap, Antel y OSE, preservando su capacidad para establecer tarifas diferenciales, subsidios e instrumentos de fomento al desarrollo nacional. Según el documento, estas empresas cumplen funciones estratégicas que exceden la actividad comercial.
Otro reclamo consiste en establecer una reserva mínima del 30% para pequeñas y medianas empresas nacionales en las compras públicas, como mecanismo para sostener a los proveedores locales frente a la competencia extranjera.
Cláusulas de salvaguarda
El sindicato también plantea incorporar cláusulas de salvaguardia automática que permitan aplicar medidas de defensa cuando determinados sectores registren caídas críticas del empleo industrial.
La CSI advierte que los efectos de una eventual apertura pueden ser particularmente significativos en el interior, donde el cierre de una planta puede afectar a proveedores, comercios y comunidades enteras.
Finalmente, propone crear un Registro Nacional de Trabajadores Industriales, con información sobre oficios, certificaciones y experiencia, para facilitar la reconversión laboral ante cierres o reestructuras.
El documento concluye que Uruguay necesita nuevos mercados, pero reclama que la apertura comercial se realice preservando la capacidad de desarrollar una política industrial propia y bajo el principio de “integración con soberanía”.
