Mientras el Ministerio del Interior armó un aparatoso operativo represivo desproporcionado, que recuerda la prepotencia del pachecato liberticida, para desalojar el liceo n.º 4 “Juan Zorrilla de San Martín”, ocupado por pacíficos estudiantes adolescentes, la inconstitucional Dirección General de Educación Secundaria, con el aval del Consejo Directivo Central de la ANEP, escaló un nuevo peldaño de autoritarismo, al negarse a restituir al director del Instituto “Alfredo Vázquez Acevedo”, Leonardo Ruidiaz, quien fue separado del cargo en abril pasado.
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Pese a que la División Jurídica del organismo no encontró méritos para sancionar al jerarca y luego de haber transcurrido seis meses este debería ser reintegrado a su cargo y percibir el total de sus haberes, el organismo dirigido por Jenifer Cherro perpetró una nueva ilegalidad no exenta de arbitrariedad.
En efecto, alegando razones de inconveniencia, la DGES –que fue creada por la LUC en una grosera violación al artículo 202 de la Constitución de la Republica– dispuso el traslado del docente al Departamento de Documentación Estudiantil, una dependencia que cumple un rol meramente administrativo, que nada tiene que ver con la actividad que, por su formación académica, despliega el jerarca.
La resolución, que es una suerte de castigo, es improcedente ya que, de acuerdo a la normativa vigente, al no haber elementos que puedan configurar faltas graves que ameriten una medida punitiva mayor, el removido educador debió ser reintegrado a su cargo jerárquico en el IAVA sin más trámite, en la medida que ya transcurrió el plazo legal del sumario, que es de seis meses.
Aunque desde la cúpula del organismo se alega que la presencia el Ruidiaz puede entorpecer una investigación interna que está en curso, lo cierto es que Secundaria vulnera –groseramente– los derechos del sancionado y lo relega a un rol meramente decorativo, en una oficina que desempeña funciones que ninguna relación tienen con su rol de gestión educativa.
Lo concreto es que el sumario, en cuyo marco Ruidiaz fue removido, aún no culminó, pese a que la normativa vigente establece, a texto expreso, que este acto jurídico-administrativo debería sustanciarse en un plazo máximo de seis meses, al término del cual la División Jurídica debe informar acerca de lo actuado a las autoridades, que en este caso debieron reintegrar al jerarca a su puesto de trabajo original.
Como se recordará, Leonardo Ruidiaz fue separado de su cargo en abril pasado, en el marco del conflicto derivado del desalojo del salón gremial por parte de las autoridades. Al respecto, se acusó al docente de haber apoyado el reclamo de los jóvenes y, en ese marco, de incurrir en un virtual “desacatado” y de desestimar las órdenes impartidas por el unipersonal órgano cupular.
Lo cierto es que el recinto –que había sido otorgado a los jóvenes en usufructo en 2009 durante el primer gobierno del Frente Amplio– fue clausurado definitivamente, por lo cual, de ahora en más, los alumnos no dispondrán de un espacio para el desarrollo de sus actividades gremiales.
Obviamente, el IAVA sigue intervenido por inspectores y, según testimonios del colectivo docente, la conducción tiene una impronta autoritaria, acorde al talante de las jerarquías de la ANEP, que, en lugar de negociar, reprimen.
En ese marco, la mentada investigación está centrada en una decena de docentes –que causalmente y no casualmente son sindicalizados– y han apoyado recurrentemente las movilizaciones y la plataforma reivindicativa de los estudiantes.
También en este caso, la Dirección General de Educación Secundaria, organismo creado por la LUC que –por más que haya pasado inadvertido– es inconstitucional, actúa en forma arbitraria e ilegal, persiguiendo a los educadores y violando su legítimo derecho a desempeñar sus actividades sindicales sin cortapisas, acorde a lo que establece nuestra Carta Magna. ¿Acaso tienen nostalgia de los tiempos más oscuros de nuestra historia?
Obviamente, esta predisposición a reprimir no es nueva para Secundaria desde que se inició el actual período de gobierno. Al respecto, es oportuno recordar el sumario iniciado a quince docentes maragatos concretado en 2021, quienes fueron acusados de “violar la laicidad” en octubre de 2019, cuando manifestaron su tajante rechazo a la reforma constitucional de impronta fascista “Vivir sin miedo”, impulsada por el fallecido exministro del Interior, Jorge Larrañaga. La imagen de la demostración fue publicada en la página web de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria y en el portal del Pit-Cnt.
Obviamente, los educadores no perpetraron ninguna transgresión a la laicidad, en la medida que la movilización se realizó en un momento en el cual no había estudiantes en el local liceal y careció de énfasis político partidario.
Por supuesto, la apertura de instancias de diálogo entre los estudiantes y el CODICEN jamás se concretó, ya que la representación oficialista no concurrió a la primera reunión programada arguyendo no haber sido notificada. Luego, en el siguiente encuentro, comparecieron únicamente representantes legales del organismo sin potestades para negociar.
Incluso, cuando el director Ruidiaz concurrió a las puertas del liceo, al cual tiene prohibido entrar, y habló ante el colectivo educativo, el audio se cortó porque, sospechosamente, hubo un apagón. Realmente, un boicot bien infantil.
Empero, la mentalidad retrógrada y de tinte fascista de la ANEP presidida por el ya renunciante y futuro precandidato presidencial del Partido Colorado, Robert Silva, quedó nuevamente al desnudo hace menos de un mes, cuando se procedió al desalojo del liceo n.° 4 “Juan Zorrilla de San Martín”, que había sido ocupado por un grupo de estudiantes sindicalizados, quienes reclamaron un mayor presupuesto para la educación pública, que no recibió ni un peso en esta Rendición de Cuentas, mientras –paradójicamente– sí hay una partida de 400 millones de pesos para aumentar los salarios del personal militar, por exigencia del senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.
Evidentemente, para este gobierno impresentable es más importante dotar de recursos al estamento castrense y conservar la unidad de la coalición de gobierno que la educación, a la cual se le amputaron 150 millones de dólares de los recursos destinados a la ANEP y la Universidad de la República.
Luego del pedido de desalojo cursado por la Dirección General de Educación Secundaria, la respuesta fue contundente. En ese marco, el Ministerio del Interior realizó un despliegue absolutamente desmesurado de impronta teatral, que contó con la participación de siete autos y un ómnibus de la Policía, así como de dos camiones de la Guardia Republicana. Los efectivos –en actitud amenazante– estaban armados con escudos, cascos y escopetas, como si fueran a enfrentar a una organización de narcotraficantes en un barrio caliente de nuestra capital.
Incluso, uno de los agentes intentó perforar la columna humana que rodeaba el local liceal y hasta forcejeó con un miembro de la Federación de Estudiantes Universitarios que, junto a otros compañeros, concurrió a resguardar la puerta de acceso.
Los jóvenes desalojaron pacíficamente el edificio, como ha sucedido en otras oportunidades, tras negociar con la Policía, con la mediación del consejero del CODICEN en representación de los docentes, Julián Mazzoni y de las diputadas frenteamplistas Micaela Melgar y Lucía Etcheverry.
Estos episodios constituyen inequívocos testimonios del talante prepotente y reaccionario de las autoridades de la ANEP, que están aplicando, con fórceps, una “transformación” educativa de impronta vaciadora, reduccionista y únicamente funcional al mercado.