El dirigente recordó que la efectividad laboral ha sido una lucha histórica de Adeom, basada en la premisa de que a tarea permanente corresponde trabajador permanente. En este sentido, criticó que los funcionarios que ingresaron por designación directa no pueden ser responsabilizados por los “vicios del sistema político”, que históricamente se ha resistido a limitar ese mecanismo de ingreso.
Acusaciones de revanchismo
Gómez denunció que la actual administración “echó a casi 300 trabajadores por puro revanchismo político”, en referencia a los ceses ocurridos en 2015 durante otro período de gobierno, cuando 250 funcionarios fueron apartados en un contexto de crisis financiera en la intendencia.
“Así como vos me sacaste los míos, ahora yo te saco los tuyos. Eso es lo que está haciendo este gobierno departamental. Y lo hacen instalando además una campaña de odio y desprestigio contra los municipales, tratándolos de vagos y atorrantes”, señaló.
El sindicalista aseguró que esta narrativa oficial expuso a los funcionarios cesados al señalamiento social, lo que agrava su situación personal y familiar: “No solo los dejan sin trabajo, sino que los someten al odio de la sociedad. Para un padre de familia es devastador”.
Designaciones directas y convenios incumplidos
Mientras se cesa a cientos de trabajadores, Adeom denuncia que la comuna incorporó en menos de dos meses más de 60 funcionarios por designación directa, muchos de ellos en cargos de confianza y con remuneraciones superiores a las de empleados de carrera.
Según Gómez, se repiten prácticas que el propio Albisu criticó en campaña, como el uso de monotributistas, cooperativas y arrendamientos de servicios para cubrir tareas permanentes, incluso en áreas insalubres donde esa modalidad está prohibida por convenio.
“Están gobernando sin importar las consecuencias, otorgando compensaciones, grados altos y full time a sus allegados. Y lo hacen violando convenios colectivos, como el que prohíbe asignar tareas insalubres a contratados bajo estas modalidades”, agregó.
Movilización y reclamo al Ejecutivo
La asamblea del gremio resolvió una serie de medidas que incluyen paros sorpresivos, concentraciones y movilizaciones. Además, solicitaron una reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi, para exigirle un “compromiso político” ante lo que califican como un atropello a los derechos laborales en Salto.
También pidieron la convocatoria al Consejo Superior de Negociación Colectiva del sector público, con el fin de que se evalúe la legalidad de las decisiones de la intendencia.
“Lo que está en juego no es solo el presente de casi 300 familias, sino el respeto a la ley y a la negociación colectiva en el sector público. Si hoy no se respetan los convenios, mañana ningún trabajador tendrá garantías”, advirtió Gómez.
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