"Se violó todo el sistema de negociación colectiva"

Para evitar que eso se siga produciendo se hace necesario un balance y actualización de la norma, dijo a Caras y Caretas Daniel Parrilla, abogado laboralista y asesor de sindicatos como la propia COFE, Federación de Profesores (Fenapes) y Sindicato de Trabajadores del Mar (Suntma).

La ley 18.566 de Negociación Colectiva fue aprobada en 2009, por lo que “ya han pasado muchos años y no hemos hecho un balance como movimiento obrero. No se ha hecho un balance de la eficacia de la ley”.

Se trata de una ley que tiene un problema “muy importante”, sostuvo, y agregó que “si bien la redacción aborda un montón de temas, en su artículo cuarto establece que si bien las partes están obligadas a negociar ello, no impone la obligación de concretar acuerdos. Eso opera como una válvula de escape que termina vaciando al sistema”.

El laboralista no tiene dudas en sostener que “la negociación colectiva es un derecho humano fundamental”. Y en este sentido precisó que ésta, junto a la libertad sindical y a la huelga, “componen un trípode perfecto que nosotros denominamos derecho colectivo al trabajo, que está integrado por sujetos colectivos. Cuando una de esas patas no funciona, eso determina el decaimiento del sistema como un todo”.

Por eso, “en tanto la negociación colectiva integra el derecho colectivo de trabajo, es indudablemente un derecho humano fundamental, porque permite contrarrestar la desigualdad material que existe en el vínculo del trabajo. Tanto la negociación colectiva como la libertad sindical y la huelga tienen esa finalidad compensatoria. Por lo tanto, la no negociación por parte del Estado implica violar un derecho humano fundamental”.

“Ahora, si negociar no implica acuerdos, eso quiere decir que la negociación colectiva se convierte en una mera formalidad”, sentenció. Y agregó: “Es decir que llamo a las partes, me reúno, terminé y ya negocié. Eso es lo que usualmente ocurre. Entonces, es posible que un derecho humano fundamental se consuma en una mera formalidad”.

Esa posibilidad en el ámbito público “es un problema que no ocurre en materia salarial en la actividad privada. Allí hay Consejos de Salario y si no hay acuerdo hay una propuesta. Se vota y hay una resolución. Acá no”.

“Pero, además, si tenemos ese problema, ¿cómo compensamos?”, se preguntó, para responder: “La ley establece un mecanismo porque el propio legislador pudo haberlo advertido y en el artículo quinto establece la obligación de negociar de buena fe”.

En este sentido, reiteró que el artículo cuarto “es amplísimo en cuanto a todas las materias. No cabe la más mínima duda de que hay un criterio amplísimo. Se deben negociar todas las condiciones de trabajo, así como se deben negociar cuestiones tales como la estructura de la carrera funcional, el diseño de la capacitación y las relaciones entre empleadores y funcionarios. Pero no están obligados a llegar a acuerdos”. Precisamente para compensar eso es que el artículo quinto establece la obligación de negociar de buena fe. “El legislador advirtió que no había acuerdo pero vio que era necesario hacer el máximo esfuerzo para llegar a él. Eso implica la concurrencia a las negociaciones y a las audiencias que se citen. Es obligación. El intercambio de la información necesaria a los fines del examen de las cuestiones en debate. Y, por si caben dudas, en el artículo sexto se establece el derecho de información, o sea que las partes tienen el derecho de proporcionar la información recíprocamente porque si no hay información, no están en condiciones de negociar”.

La negociación colectiva es un derecho humano fundamental La negociación colectiva es un derecho humano fundamental

Fue precisamente eso, negociar de buena fe y el derecho a la información, lo que se violó en el caso de COFE. “Lo que ocurrió fue que se venía con una inflación proyectada hasta el 29 de diciembre de 5,8 %, pero el Comité de Política Macroeconómica cambió la proyección. Se trata de un organismo que no está integrado en forma bipartita, que es unilateral y que termina marcando la cancha. En el caso del sector público no solo no se procesó lo que está ocurriendo en ámbitos de negociación, sino que además la información, que constituye una variable determinante es emitida en forma unilateral por el Estado”.

Ese cambio, de una inflación proyectada y un 6,3 % de aumento a la baja, provocó no sólo un recorte salarial sino que “violó todo el sistema de negociación colectiva, especialmente la negociación de buena fe y el derecho a la información, porque en la medida que este derecho se agota mediante el cumplimento de una mera formalidad, lo que queda, por lo menos, que sea una negociación real y un intercambio real de información. Ni siquiera eso se cumplió”.

“Es vaciar de contenido la ley”, sentenció.

Sostuvo Parrilla que lo que termina haciendo el Poder Ejecutivo es “cumplir con una mera formalidad; escuchan a las partes y después ejercen la reserva legal o el principio de la reserva y terminan decidiendo ellos. Terminan confundiendo, en forma voluntaria y perniciosa, el concepto de negociación colectiva con el concepto de participación, consulta o colaboración. Pero eso no es negociar”.

Por estas razones es que sostiene que se hace necesario un balance. “Hay que ver cuántas cosas pasaron efectivamente por la negociación colectiva y, dentro de esas cosas, cuál fue el resultado de un acuerdo de partes. Me parece que tenemos que ir a un sistema en el que algunos temas tienen que pasar obligatoriamente por la negociación colectiva, pero con carácter resolutivo”, concluyó.