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Sociedad educación | Gabriela Bonilla | políticas educativas

Con la antropóloga y pedagoga Gabriela Bonilla

"Basta de endeudarnos por experimentos que debilitan la educación"

Gabriela Bonilla dialogó con Caras y Caretas sobre el avance de las políticas educativas promercado y cómo impactan en la calidad de la educación.

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El debate en torno a cómo deben diseñarse y gestionarse las políticas educativas es uno de los más recurrentes en los últimos tiempos, en un Uruguay que experimenta la llamada “transformación educativa” impuesta por el actual gobierno. De un lado están quienes abogan por políticas educativas que fomenten la competencia y la innovación en el sector, mientras que, del otro, se continúan reivindicando los valores tradicionales de la educación, como una herramienta para la emancipación de las personas.

Para arrojar luz sobre esta cuestión, Caras y Caretas dialogó con Gabriela Bonilla, licenciada en Pedagogía y Antropología Social de la Universidad de Costa Rica e investigadora del Observatorio Latinoamericano de Política Educativa de la Internacional de la Educación (OLPE). También es investigadora del impacto del comercio educativo, de las alianzas público-privadas en el derecho a la educación pública y analista de las reformas impulsadas por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Bonilla reflexionó sobre las tendencias que vienen aplicando los diferentes gobiernos de América Latina para la gestión educativa y evaluó sus resultados. Contó parte de los trabajos de investigación que viene desarrollando el OLPE, mediante el cual realizan una revisión de documentos y generan estudios que sirven de insumo a los sindicatos afiliados a la Internacional de la Educación en América latina, para luego elaborar propuestas educativas.

Desde OLPE cuestionan que los gobiernos y ministerios de educación de la región hayan naturalizando la entrega de la política educativa en manos de actores no

estatales y rechazan la participación de actores no pedagógicos en la política educativa.

¿Cómo evalúas la coyuntura regional en lo referido a políticas educativas?

Los gobiernos de América Latina se han puesto de acuerdo sobre las agendas globales. Inicialmente, en 1990, con los acuerdos de Jomtien, de Naciones Unidas, los países tenían un signo más socialdemócrata. Se rescataba mucho el rol docente, la libertad de cátedra, se daba relevancia a los currículos educativos enriquecidos y los roles fuertes de los ministerios de educación. A partir del año 2000, se plantean las metas Dakar [compromiso mundial para garantizar educación básica y de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos] y comenzaron a surgir reformas con una intención de generar presión en los ministros de educación para que tengan roles más limitados y se empiece a trabajar en alianzas público privadas. Esto se vio con más fuerza hacia el 2015, con la agenda Incheon y los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, que promueven permanentemente la participación de actores no estatales, grupo privados, ONG y fundaciones en la implementación de la política educativa, para que estos vendan servicios al Estado, colocando a nuestros ministerios de educación en unas prácticas permanentes de cogobierno en alianza público privada.

¿Sobre qué argumentos se fundan estas alianzas?

Estas alianzas público-privadas tienen una serie de narrativas muy complejas que benefician los negocios. Por ejemplo, la narrativa de que el personal docente está fallido y que tiene que ser sujeto de programas y materiales de formación que los sectores privados ofrecen a los ministerios. A modo de ejemplo, en Costa Rica hay 55 universidades privadas contra 5 públicas. Las universidades privadas están otorgando mil títulos en educación al año de personas que luego van a trabajar al sector público, mientras que los informes nos dicen que el sector público no funciona. Entonces, vemos que el Estado tiene varias décadas de trabajar en alianza público-privada, con actores privados, y a esos actores no se les hace ninguna cobranza de lo que ocurre en educación.

¿Cómo impactan estas alianzas en la educación?

Es entregar la política educativa pública a actores no estatales que no están movidos ni orientados por el mismo interés y concepción de la política pública y de la educación como un derecho social. Nuestros gobiernos han aceptado y naturalizado una noción de la educación pública como un servicio de intermediación de empleo. Muchos gobiernos nuestros y muchos ministerios de educación han perdido el norte de la política educativa como un ejercicio para el fortalecimiento de la democracia, para el encuentro de los pueblos, para pensar al país y para pensarnos a nosotros mismos.

¿Y qué consecuencias tienen sobre la calidad de los procesos de aprendizaje?

Estos modelos de educación mínima, de currículos mínimos, tienen un formato para la educación pública que es el que aplican las escuelas privadas de bajo costo que podamos ver operando en África, las llamadas Innova Schools. Se trata de una persona docente leyendo un guion destinado a entre 60 y 80 estudiantes con un ipad, muchas horas de autoaprendizaje y la contratación de facilitadores que no tienen formación en pedagogía. Las familias pagan desde 25 hasta 200 dólares la matrícula, pero estas propuestas pueden ser de bajo costo, porque el costo paga docentes y estudiantes. El problema es que quienes hemos estado en un aula sabemos que, para las personas estudiantes, independientemente de la edad que tengan, pero sobre todo en primera infancia, primaria y secundaria, el enriquecimiento está en la intermediación pedagógica; en el actuar entre docente, estudiante, su entorno y la construcción de su conocimiento. Que todo es más eficiente con un montón de ipads es un diseño de personas que no saben nada de pedagogía, sino que saben de negocios y de productos para enriquecimiento. Se opta por ahorrar lo que cuesta el trabajo docente, porque dicen que es muy caro, y se afecta a las personas estudiantes con la minimización y el empobrecimiento de su proceso educativo. Además, se afectan las posibilidades que tiene la política pública de responderle a las sociedades, ya que en este momento las instituciones globales que tienen que ver con la transición energética, con el futuro del recurso hídrico, con la convivencia de los diferentes sectores sociales, con las migraciones, con fortalecer la democracia, resguardan la convivencia. Eso no se resuelve con currículos enfocados en lengua, matemática y habilidades digitales, sino con una mediación pedagógica compleja, y que aporte herramientas para una ciudadanía. Cada vez vamos a tener procesos educativos menos relevantes porque nuestros gobiernos están obsesionados con hablar con organismos que no son pedagógicos y se están dejando seducir por ideas minimalistas.

¿Sucede lo mismo en Uruguay?

Uruguay no está libre de esta agenda donde el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han negociado con nuestros gobiernos una serie de préstamos. Por ejemplo, el diseño de una política pública como el Plan Ceibal está sostenido con servicios de la ahora llamada Fundación Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia, que es un centro de estudios e investigaciones privado y codiseñado con el Banco Interamericano de Desarrollo. La Fundación Ceibal, a su vez, subcontrata empresas privadas como la Red Global de Aprendizaje, que lo que venden son modelos pedagógicos estandarizados. Te venden un paquetito de formación docente, evaluación docente, información administrativa y contenido curricular que se puede comprar por 2.000 dólares por escuela. Luego, se hace un clúster de cien escuelas y se puede comprar el paquete con otras prerrogativas. En el año 2018, la Red Global de Aprendizaje informó que había trabajado en 395 centros educativos de Uruguay, lo que confirma que se ha naturalizado la subcontratación de empresas que traen y venden modelos pedagógicos. Dicho de otro modo: se ha naturalizado que exista una red de negocios habilitada para actuar dentro de los centros educativos públicos.

¿Y cuáles han sido los resultados de esas políticas?

Son puras experimentaciones. La idea de reducir los currículos para estar enfocados en lengua, matemática y algunas habilidades que se supone que generarían más empleabilidad también observamos que es un experimento. Muchos gobiernos en América latina nos dicen que el desempleo juvenil es responsabilidad del sector educativo y que la educación media no ha dotado a las personas jóvenes de los contenidos y conocimientos que requieren para insertarse en el mercado laboral. Pero cuando observamos datos globales de empleabilidad juvenil de la OIT [Organización Internacional del Trabajo] y la Cepal, vemos que en el año 2005 el desempleo era del 8 por ciento, que en el año 2012 subió al 12 por ciento, y que en el año 2018 -antes de la pandemia- rondaba el 19 por ciento. En el 2022, luego de haber atravesado la pandemia, el desempleo juvenil a nivel global era de un 20 por ciento. En el caso de Costa Rica, mi país, en la pospandemia alcanzó un 34 por ciento, y también se han implementado estas reformas de currículos centrados en lengua, matemática y evaluaciones estandarizadas. Entonces, decirnos que con el enfoque del currículo en este tipo de contenidos habrá empleabilidad parece una promesa falsa que siguen implementando.

Para tener mayor participación de las personas jóvenes en el mercado de trabajo se requieren puestos de trabajo dignos, con carga horaria acorde y acompañado por sistemas de cuidados para las personas jóvenes que tienen responsabilidades familiares como hijas e hijos. Es necesario hacerle otras preguntas a la economía de nuestros países y romper con estos mitos que, además, son de un cinismo estructural muy fuerte. Decir que el desempleo juvenil es por causa del sistema educativo no es cierto. Hay datos que comprueban que el desempleo ha ido aumentando junto con las reformas de reducción de currículos que nos están imponiendo algunos organismos internacionales y que están siendo aceptadas por nuestros gobiernos. Pero esas reformas no han funcionado, han sido puros experimentos con los derechos de nuestros estudiantes y con los derechos de las personas trabajadoras de la educación. Basta de esos experimentos y basta endeudarnos en dólares para pagar esos experimentos que lo que hacen es estallar el Estado y debilitar al sistema educativo.

¿Cuáles son las estrategias para avanzar hacia políticas educativas contrahegemónicas?

Construir propuestas con conocimiento docente, contenidos amplios y condiciones laborales. Fenapes [Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria] es parte del movimiento pedagógico latinoamericano, donde se hacen encuentros de personas docentes que traen sus conocimientos de aula. Tenemos propuestas de administración, financiamiento de la educación, currículums, evaluación formativa, evaluar para qué y qué hacer después con los resultados. Los desafíos tienen que ver con mantener la organización de las personas docentes y generar diálogos que se puedan integrar a las propuestas de las políticas públicas. En el caso de Uruguay, por ejemplo, sostener los espacios como las asambleas técnico docentes. Además, las personas docentes tienen que tener capacidad y reconocimiento del tiempo de investigación pedagógica para pensar sus prácticas. No podemos estar todo el día en el aula, no podemos estar sin horas pagas para hacer investigación pedagógica y no podemos estar perseguidas o perseguidos por integrar un sindicato. Otra de las estrategias tiene que ver con resguardar las condiciones en las que trabajan nuestros docentes, porque eso resguarda las condiciones de lo que pasa en el aula de clase, las condiciones laborales son luego condiciones pedagógicas.

Por otro lado, desde los sindicatos estamos proponiendo currículos educativos muy amplios, con perspectiva de género, laicos, donde puedas hablar de todas las religiones, con perspectiva histórica y geográfica. Pensar las soberanías productivas también desde las aulas de clase. Incluso estamos discutiendo sobre temas como descolonizar el internet, inteligencia artificial e inclusiva, procesos de tecnología de punta en las aulas y usar la tecnología en aula en un espacio presencial, mediado por personas docentes.

Los sindicatos de educación no estamos solos defendiendo los salarios ni la convención colectiva, estamos defendiendo cuál es el modelo de educación que queremos en nuestros países.

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