Cifras que reflejan la gravedad del problema
El proyecto incorpora además cifras del Ministerio de Salud Pública que preocupan ya que el 19% de los suicidios o intentos de suicidio en menores estaría vinculado a episodios de acoso, un dato que los autores consideran determinante para avanzar en respuestas institucionales más firmes.
La propuesta define el bullying como un maltrato físico, verbal, psicológico o social sostenido en el tiempo, con intención de intimidar, excluir o humillar. También subraya el impacto creciente del ciberbullying, una modalidad que —al ocurrir en redes sociales, plataformas virtuales o correo electrónico— puede sostenerse de forma permanente y amplificarse a nivel público, superando las fronteras del centro educativo.
El rol de los docentes en la prevención
Otra disposición clave es que todo docente o autoridad que tome conocimiento de un caso deberá comunicarlo de inmediato a la dirección y al referente designado por la institución. A su vez, los centros educativos deberán garantizar apoyo integral a las víctimas, incluyendo contención emocional, asistencia psicológica y adecuaciones en el entorno escolar. En paralelo, deberán aplicar medidas educativas y restaurativas para los agresores, evitando respuestas exclusivamente punitivas y promoviendo su reintegración.
Los parlamentarios insisten en que el combate al acoso exige también un cambio cultural que devuelva centralidad a la empatía, el respeto y la responsabilidad compartida. Y que enseñar a “no aliarse con los victimarios” y a no callar es parte de una reparación simbólica necesaria para transformar la convivencia en los espacios educativos.
