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Burocracia. Pistas para enfrentarla con mayor facilidad

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En el año 2009, el Estado catalogó los trámites por grado de complejidad. El Ministerio del Interior y el de Industria resultaron las secretarías de Estado que tenían el mayor porcentaje de trámites de "alta complejidad", según el informe del gobierno.

Sin embargo, se Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Relaciones Exteriores, contaban con los trámites que presentaban menor grado de complejidad dentro de la Administración Central.

El Programa de Calidad de Atención a la Ciudadanía del Área de Gestión y Evaluación del Estado (AGEV) -dependiente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto- elaboró un Índice de Complejidad de la Tramitación Pública (ICTP), que "es clave para abordar las interrogantes de cuáles trámites simplificar y de qué modo", se afirmaba en el trabajo.

Para el indicador se analizaron 353 trámites en un total de 11 Ministerios (no se analizaron el de Salud Pública y el de Defensa). Como un mismo trámite puede contener varios casos, estos se toman como "otro" trámite porque implica más requisitos, con lo que el total de trámites analizados es de 612.

El grado de complejidad de un trámite fue medido por la cantidad de oficinas y Ministerios que intervienen en el mismo, los requerimientos solicitados, la cantidad de documentos pedidos en poder del ciudadano y en poder del Estado.

De los 612 trámites existentes en la Administración Central, 189 (30,9% del total) resultaron de "complejidad alta", otros 336 (el 54,9%) fueron de "complejidad media" y solo 87 (el 14,2%) fueron de "complejidad baja".

Al analizar por ministerio, el del Interior y el de Industria, Energía y Minería (MIEM) resultaron los que el mayor grado de "complejidad alta" en los trámites, ya que el 57,7% del total de diligencias que allí se realizan eran de ese tipo.

Si hubiera que desempatar, la Secretaria de Estado que tenía los trámites más engorrosos para el ciudadano era el Ministerio del Interior ya que 33,3% de sus gestiones eran de "complejidad media" y solo 9% de "complejidad baja". Mientras que en el MIEM, el 28,8% tenían "complejidad media" y 13,5% de "complejidad baja".

La contracara de estos dos ministerios eran el de Desarrollo Social (solo dos trámites identificados, ambos de "complejidad media") y el de Relaciones Exteriores. En este último, solo 9,6% de las diligencias presentaban "complejidad alta", al tiempo que el 57,1% era de "complejidad media" y 33,3% era de "complejidad baja".

Los ministerios que seguían a estos en cuanto al menor porcentaje de trámites de "complejidad alta" eran el de Economía (solo 12,3% son de "complejidad alta"), Educación y Cultura (15,9%), Trabajo y Seguridad Social (19,3%), Vivienda (33,3%), Ganadería y Transporte (ambos con 35,4%) y por último el de Turismo (35,7%).

En el informe de la AGEV, se concluyó que el indicador mostraba "la necesidad de profundizar procesos de mayor descentralización tanto sea territorial como a través del uso de otras vías de interrelación con la ciudadanía más allá del propio organismo. Así como comenzar a introducir simplificaciones en materia de reducir el número de requisitos que se encuentran en poder de la Administración y evitar la movilidad del ciudadano entre organismos del Estado".

La idea fue crear "ventanillas únicas" para un trámite y así evitar el traslado del ciudadano entre Ministerios y una "Ley Simple" que "propone evitar que el Estado le solicite al ciudadano un documento que el propio Estado emite", afirma el documento.

EL INFORME DE CERES

Este año fue Ceres (Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social) que realizó un estudio para ubicar los cuellos de botella burocráticos que afectan la inversión en Uruguay. Ante la excesiva burocracia que complica la llegada de inversiones al país, el centro de estudios realizó un estudio para determinar dónde están los mayores cuellos de botella a nivel de entes autónomos, servicios descentralizados y personas públicas no estatales.

Las conclusiones (presentadas por Ignacio Munyo, director ejecutivo de Ceres en el desayuno “Perspectivas 2022-23”) muestran que las mayores trancas administrativas se dan en: la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco Central (BCU), la Dirección Nacional de Migración (dependiente del Ministerio del Interior), la Junta de Pertinencia del Ministerio de Salud Pública y el Banco de Previsión Social. A su vez, mencionó problemas en el tratamiento con intendencias, así como en algunas organizaciones no estatales, como el LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay), INIA (Instituto Nacional de investigación agronómica) e Ircca (Instituto de Regulación y Control del Cannabis).

El estudio analizó el organigrama del Estado uruguayo y realizó consultas principalmente a profesionales que se dedican a recibir inversores.

El partido en el que Uruguay está bien parado, pero tiene luces amarillas y rojas que atender, dice el informe.

En el mapeo de la burocracia uruguaya, los entrevistados manifestaron lidiar diariamente con este tipo de problemas: demoras excesivas y disparidad de criterios, baja digitalización, dificultades en trámites web, exceso de pedidos en inspecciones y dificultades para acceder a ciertos certificados, así como alta descoordinación entre departamentos dentro de un mismo organismo y entre organismos.

“No hay duda de que las demoras excesivas, en comparación con otros países, y las dificultades en el proceso, desmotivan y/o frustran a interesados en invertir en Uruguay”, dijo Munyo.

Entre las quejas específicas que plantearon, destacan: falta de coordinación entre la DGI y el BPS, plazos extensos para el pronunciamiento del BCU, ineficiencia en el ingreso de expedientes en el BCU (pasan por muchas manos diferentes); en la Dirección Nacional de Migración señalan planes extensos para tramitar la residencia legal permanente (puede llevar más de 12 meses), dificultad para acceder a certificados de antecedentes penales del país natal (requerido en Uruguay); sobre la Junta de Pertinencia del MSP plantean plazos extensos para registros ante el organismo o para obtener habilitaciones; y en el BPS (área digital) los entrevistados observan criterios restrictivos y dispares en la interpretación de documentos y de requisitos, no admisión de varios trámites en paralelo, dificultades en la página web (por ejemplo, no aceptación de la firma electrónica, ni certificados notariales electrónicos), entre otros.

INTENDENCIAS Y OTROS

A este nivel, el estudio menciona que existen instructivos poco claros en trámites relacionados con bienes inmuebles, pocas intendencias con opción de trámites en línea (baja digitalización), plazos excesivos para habilitaciones y registro de productos (bromatología), entre otros obstáculos.

Sobre el LATU, se cita la demora en habilitación de productos (lo que encarece y trae problemas para productos perecederos). En el INIA, demoras excesivas en autorizaciones asociadas al sector forestal. Y en el Ircca, tiempos largos para el otorgamiento de licencias para la actividad de cannabis.

“Acá hay mucho por hacer para aprovechar el enorme interés que existe en el mundo para invertir en Uruguay. Es un problema de larga data, se avanza en cada gobierno un poco, creo que hay que poner el pie en el acelerador”, concluyó Munyo.

HUIDOBRO

En mayo de 2009, entrevistado por En Perspectiva, el senador Eleuterio Fernández Huidobro afirmaba que hay "una burocracia enquistada en todo el Estado uruguayo" que "usurpa el poder" y entorpece algunos cambios necesarios. y que "La reforma del Estado va a costar más que tomar la Bastilla".

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