¿Cuáles son los objetivos principales de la organización?
La situación de la privación de libertad en nuestro país es crítica. Enfrentarse al sistema carcelario es algo para lo que nadie está preparado. Es un proceso duro y cruel, por el estado de los establecimientos, por la falta de información y por el trato poco fraternos con las personas que están recluidas y también con los familiares. No se debe a la voluntad de los funcionarios, sino que el sistema en sí mismo es muy rudo. Las familias muchas veces expresamos que cuando vamos a la cárcel nos sentimos como delincuentes. Todo esto nos llevó a la necesidad de organizarnos. Nos preocupan los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad, no solo de nuestros familiares. También luchamos por el respeto hacia nosotros como familias y buscamos que el sistema nos reconozca como sujetos de derecho, algo que actualmente no sucede. Para el sistema, somos invisibles, a pesar de que muchas familias sostenemos emocional y económicamente a nuestros familiares en prisión. Otras no pueden estar, por diferentes motivos, como la distancia, el factor económico, porque los vínculos ya estaban rotos antes de que la persona fuera privada de libertad o porque se desgastaron en el proceso.
¿Qué actividades realiza la organización dentro y fuera de la cárcel?
Todos los meses tenemos plenarios temáticos abiertos a familiares y personas interesadas. Por ejemplo, en el mes de setiembre se discutió sobre justicia restaurativa, explorando cómo recomponer vínculos y sanar situaciones, independientemente de la distancia entre las partes involucradas. A principios de año abordamos el rol de las mujeres en relación con la cárcel y su impacto en las familias. También dedicamos un espacio de acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes durante sus interacciones con familiares privados de libertad. De forma mensual, vamos a alguna unidad penitenciaria para acompañarlos durante las largas colas, ayudándoles a transitar lugares y climas que muchas veces son inhóspitos. Con recreadores organizamos espacios de juego y música para ellos, y les damos libros y globos de regalo. A su vez, vamos conversando con los adultos que están en la fila. Otra parte importante de nuestra labor es la incidencia con las autoridades. Desde el inicio, nos hemos reunido con el INR y varios funcionarios, planteando diferentes denuncias, situaciones que afectan a las familias, pero también haciendo propuestas.
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Conversatorio de Familias Presentes con organizaciones sociales.
Foto: Familias Presentes
Sobrevivir a las cárceles
¿Cómo son las visitas a la cárcel y qué situaciones se presentan?
Al visitar unidades grandes como el Comcar, las familias se enfrentan a largas filas y un proceso desgastante. Muchas llegan de zonas lejanas, a veces en la madrugada y cargando varias cuadras con paquetes de hasta 20 kilogramos. Se llevan artículos de higiene y personales, que en la cárcel no les dan, y también comida, ya que la que les dan es muy mala y es necesario reforzar la alimentación. Todo esto se debe llevar en bolsas transparentes, no se pueden llevar mochilas ni bolsos ni carros de feria. Eso es un perjuicio, porque no es cada tanto, es una o dos veces por semana, durante meses o años. Por otro lado, los espacios de visita suelen estar en condiciones inadecuadas, son lugares que se llueven y muy fríos, como muchos celdarios. No hay bancos ni mesas y en muchas ocasiones las familias deben sentarse en el suelo o nuestros familiares traen tarrinas de plástico para poder sentarse arriba. Hay situaciones dispares, en otras unidades los espacios son más agradables. La superpoblación también afecta la calidad de las visitas, generando ambientes estrechos, donde están todos amontonados y es difícil conversar. Todo eso conspira contra la buena convivencia y la rehabilitación, que es la meta y el mandato de la Constitución y de todos los convenios internacionales que Uruguay tiene firmados.
¿Cómo evalúan el estado general de las cárceles?
Nuestra perspectiva se basa en lo que las familias transitamos diariamente. Como decimos muchas veces, le ponemos rostro a los números. El informe del comisionado parlamentario, que es muy exhaustivo, menciona la crisis estructural del sistema carcelario y nuestra experiencia lo confirma. El hacinamiento y la falta de actividades son reales. Muchas personas pasan encerradas 24 horas al día, siete días a la semana, porque, aunque tengan autorizado salir un rato o, a veces, el derecho a la educación consagrado, suele pasar que no los pueden sacar porque no hay funcionarios. Esa situación no solo afecta a las 16.000 personas privadas de libertad, a sus familiares y funcionarios, también afecta a toda la sociedad. Si elegimos ser egoístas y no pensar en quienes habitan la cárcel, pensemos en cada uno de nosotros como parte de la sociedad, porque ellos son parte de nuestra comunidad, aunque estén del otro lado del muro, y van a volver a estar entre nosotros. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tratar de que vivan en condiciones dignas para que puedan revisar sus conductas y sus errores, y así no volver a repetirlos.
¿Cómo impacta el encarcelamiento en las familias de las personas privadas de libertad?
En Uruguay no hay estudios, pero sí en varios países de América Latina de los que hemos visto los resultados. Las principales cuidadoras del familiar privado de libertad, como en otros ámbitos de la sociedad, somos las mujeres. En general, las mujeres que tenemos a un familiar preso vamos abandonando nuestros espacios sociales por distintas razones: falta de tiempo, culpa, miedo, vergüenza. Nos vamos retrayendo, faltamos al trabajo, nos enfermamos o sufrimos depresión. Ni que hablar de las personas que enferman de cáncer o de otro tipo de enfermedades que están muy asociadas al estrés, la ansiedad y la angustia, Hay una gran dificultad para saber cómo manejar la privación de libertad con los niños y niñas de la familia, por lo que a veces, buscando actuar de la mejor manera, se oculta la realidad, lo que ocasiona otros daños. Las familias no contamos con orientación en relación a eso. Tampoco el sistema educativo o el sistema de salud está preparado para que haya un niño en la clase que tenga a su familiar preso. No hay respuestas adecuadas. En muchos casos, también hay una afectación económica, porque a veces o se pierden trabajos, o hay que trabajar más porque hay una boca más que alimentar, aunque esté fuera del hogar. Quizás esa persona era proveedor o proveedora de la economía del hogar y de golpe no solo deja de serlo, sino que pasa a ser dependiente de la familia. Todo eso trastoca enormemente a las familias y son aspectos sobre los que el Estado no actúa porque la familia no está considerada como sujeto de la política pública y como parte del proceso de privación de libertad de las personas.
¿El sistema penitenciario en Uruguay cumple con el objetivo de promover la reparación del daño y la reflexión?
Claramente no. Nunca estás tranquilo, ni adentro ni afuera. Alguien dijo una vez que, a diferencia de lo que se suele pensar, algo constante en la cárcel es el cambio. Todos los días puede suceder algo distinto, todos los días puede suceder una tragedia. Vivir en esa situación no deja lugar para pensar o revisar conductas. Por eso sostenemos que el sistema carcelario es muy perverso: encerramos a las personas porque cometieron un error, para que reflexionen y cambien su conducta, pero no se generan las condiciones para ese proceso. Las personas que lo logran, lo hacen con apoyos externos, no porque el sistema lo promueve, y eso es gravísimo. No se cumple con el mandato de la rehabilitación ni de repensar el daño para no repetirlo. Este es uno de los temas fundamentales por los que nuestra organización brega.
¿No existe ningún tipo de acompañamiento psicológico o espacios para reflexión?
Prácticamente no. Los que hay, son muy escasos. A esto se suma que el control social interno hace que las personas que quieren hacer uso de estos espacios sean mal vistos por el resto. En otros casos sucede que hay algunos espacios vinculados a la salud o a la educación, como por ejemplo talleres sobre consumo problemático de sustancias, pero las personas que se inscriben la mitad de los días no pueden ir porque no hay funcionarios disponibles para llevarlos, porque los cambiaron de módulo o porque los sancionaron. Las pocas instancias que existen son muy interrumpidas, por lo cual los procesos no se sostienen.
¿Qué otras dificultades observan en la atención sanitaria?
Prácticamente en todos los establecimientos carcelarios existen pequeñas policlínicas. El tema es que en las grandes unidades como el Comcar o la Cárcel de Libertad, la persona privada de libertad depende de un funcionario que lo lleve. Si no hay funcionarios, no tienen cómo acceder. Otro problema es que muchas veces los funcionarios se quejan de que piden atención en salud solo para salir un rato de la celda. La situación es tan grave que hay personas que se lastiman con el objetivo de que sea ineludible sacarlos, ya que podrían presentar un riesgo de vida. Llegan a esos extremos. En los casos de personas que requieren una internación, se las traslada a los hospitales de la ciudad, donde los regímenes de visita suelen ser más estrictos y quedan aislados de su entorno. Cada hospital plantea su régimen de visita, pero en general no son más de 15 minutos una vez a la semana, sin muchas posibilidades de comunicación telefónica. Incluso, para muchas familias es muy difícil acceder al informe médico y la situación se vuelve un castigo, ya que cuando más necesitan saber cómo está el familiar, casi no hay información.
¿Cómo evalúan el compromiso del Gobierno actual con respecto a la situación en las cárceles y los derechos de las personas privadas de libertad?
Han cambiado pequeñas cosas, que para la persona que lo vive pueden ser muy importantes, como, por ejemplo, que se amplíe la superficie de techo en la espera de la cola del Comcar. El problema es que no hubo acciones que atacaran al corazón del sistema penitenciario. El aumento presupuestal no fue acompañado por el Gobierno. El tema es muy contradictorio: todo el sistema político asume la crisis estructural del sistema penitenciario, pero no hay acciones para trabajar sobre esa crisis.
¿Qué instancias de intercambio tuvieron con el Gobierno?
Nuestra organización trabajó el año pasado en un informe donde denunciamos una serie de cosas entre las que, además de la situación carcelaria, por primera vez, pusimos el foco en la situación de las familias. También participamos en la mesa interinstitucional que convocaron el Comisionado Parlamentario y la Institución Nacional de Derechos Humanos para generar propuestas. Actualmente, en el marco de la campaña electoral, nos estamos reuniendo con todos los presidenciables para acercarles nuestra mirada sobre el problema, nuestras propuestas y tratando de conocer sus propuestas.
¿Cuáles son algunas de las denuncias que plantearon?
Hemos hecho denuncias y declaraciones públicas ante situaciones puntuales, como el incendio que hubo el 28 de diciembre, donde murieron seis personas privadas de libertad. Apoyamos el recurso de hábeas corpus sobre la Unidad 5, presentado el año pasado por un grupo de funcionarios sindicalizados. También apoyamos el hábeas corpus que presentaron este año en el Comcar. En el caso del incendio en el Comcar, pedimos una reunión con el ministro del Interior para trasladar propuestas urgentes, especialmente para los módulos más comprometidos: el cuatro, el tres, el diez y el once. En términos generales, planteamos que si no hay presupuesto, hagan acuerdos, por ejemplo, con la Universidad de la República para la atención de la salud, que es uno de los grandes déficit. ASSE está presente en alguna de las unidades y otras dependen de Sanidad Policial, lo que es un doble problema porque tenemos dos sistemas de salud diferentes. Si no atacamos los problemas vinculados a salud mental y adicciones, difícilmente otras acciones pueden tener sostenibilidad. Recientemente se aprobó un proyecto del BID en el que se está trabajando para que, en los próximos meses, seguramente en el marco del próximo gobierno, se ponga en marcha en un módulo del Comcar, que se va a acondicionar con ese fin. Pero todo demora mucho tiempo. Un 70 % de la población carcelaria tiene consumo problemático de drogas, y recién vamos a empezar con una experiencia destinada a cien o doscientas personas. Bienvenida sea la experiencia, pero es insuficiente. Estamos convencidos de que la problemática carcelaria no se puede resolver en un periodo de gobierno, se necesitan acuerdos interpartidarios y que la sociedad entienda que es un problema de todos y que, por lo tanto, tenemos que presionar para que el sistema político lo aborde. Manfred Nowak, el relator de Naciones Unidas que visitó Uruguay en el año 2009, decía que las cárceles son un reflejo de la sociedad, y nosotros lo confirmamos. Entonces, miremos en ese espejo y veamos si eso es lo que queremos ser.
¿Cuáles son los problemas urgentes que debe priorizar el próximo Gobierno?
Primero que nada pensar un proyecto para el sistema penitenciario, que entendemos que hoy está a la deriva, y habilitar un presupuesto consonante con ese proyecto. Consideramos que el sistema penitenciario no debería estar en la órbita del Ministerio del Interior. Se habla de un Ministerio de Justicia, pero tampoco es un tema de moverlo por moverlo, sino con la convicción de que tiene que estar en otro ámbito, en un espacio civil. La guardia policial tiene que ser parte del sistema, pero en el adentro y en la cotidiana tiene que trabajar personal civil y técnico. Más que pensar en más cárceles, hay que pensar en cómo la transitan mejor las personas que están adentro y en cómo evitar que la población carcelaria siga creciendo. Para ello, creemos que hay que trabajar en las fallas que tenemos en la sociedad para que las personas opten por el camino del delito, sea por dificultades socioeconómicas, por el consumo problemático o por la razón que sea. Por otro lado, mejorar la atención de salud por parte de ASSE con un sistema especializado. En Uruguay, recién este año hubo algunos cursos de posgrado para especialización en salud penitenciaria. En otros países es una especialidad más, como la ginecología, la pediatría o la oncología. La especialización en lo penitenciario es importante. Lo mismo pasa con los funcionarios. El Centro de Formación Penitenciaria (Cefopen) fue un gran avance para formar funcionarios civiles, pero sería bueno que la propia Udelar generara una especialización y que se le exija esa formación a las personas que trabajan en la cárcel. Si bien el Cefopen está creado para funcionarios civiles, al estar dentro del Ministerio del Interior, se traslada esa forma de gestionar más vinculada a lo represivo que a la rehabilitación, a la educación, a la promoción de hábitos saludables y de los propios derechos humanos.
