Según detalla la resolución, la mencionada comisión interinstitucional está integrada por representantes de Dirección General de la Granja, la Dirección General de Desarrollo Rural, el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), la Dirección General de Servicios Agrícolas pertenecientes al MGAP y la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente.
Sin embargo, días atrás, en una nota publicada en el portal de APU, Rita Rodríguez, de Trato Ético Animal y representante de las protectoras en INBA, denunció que el directorio del organismo no estaría de acuerdo con el uso de estos productos y que habría decidido no participar en el control poblacional de cotorras. “La resolución involucra al Instituto Nacional de Bienestar Animal cuando el directorio del INBA, por unanimidad, rechazó expresamente involucrarse en el control poblacional y exterminio de cotorras. Es decir, se utiliza el nombre del Instituto sin que exista una resolución del directorio que lo respalde, y eso es ilegal e ilegítimo”, expresó.
El rechazo de las organizaciones: "Matanza indiscriminada"
Lo que para el MGAP es una solución técnica, para varios colectivos ambientalistas y activistas es un "atentado ecológico". Organizaciones civiles y profesionales de diversas áreas alzaron la voz, calificando la medida como una matanza indiscriminada que ignora el bienestar animal y los riesgos colaterales para el medio ambiente.
Este rechazo se ya se materializó a través de la vía judicial. La Plataforma Animalista, Ecqus ONG y las activistas Tamara Villanueva y Noel Vila presentaron un recurso de amparo buscando frenar de inmediato la aplicación de estos venenos. Los argumentos detrás del recurso son que el uso de metiocarb (categoría toxicológica 1B, altamente peligroso) pone en riesgo, no solo a las cotorras, sino a otras especies que comparten hábitat o que podrían alimentarse de los cadáveres si el protocolo de recolección falla. Además, cuestionan la falta de estudios de impacto ambiental actualizados que avalen que esta es la única salida posible.
Para conocer en profundidad los argumentos en contra del uso del metiocarb y tiacloprid para el combate de cotorras, Caras y Caretas dialogó con Noel Vila, quien participó en la primera audiencia contra la habilitación oficial. Vila se define como “activista independiente”, aunque desde el inicio de su participación en la campaña contra la resolución trabaja con Tamara Villanueva, quien inició este proceso. Juntas, han articulado con distintas organizaciones para sostener la estrategia jurídica y comunicacional. Comenzaron a visibilizar el tema en redes sociales, y más adelante trabajaron con Plataforma Animalista y la organización Ecqus en la presentación de un recurso de amparo. El rol de ambas activistas en esta acción fue la recolección de informes y aval profesional que acrediten los planteos realizados. Actualmente, según indicó, la labor continúa en coordinación con la ONG Trato Ético Animal y con la abogada Rita Rodríguez, con el objetivo de impulsar un nuevo recurso administrativo. “Ese recurso de amparo que presentamos fue para tratar de trancar la medida lo más rápido posible. Es lo más urgente que se puede hacer para trancarlo”, explicó.
Vila detalló que la presentación del recurso incluyó diversos respaldos técnicos provenientes de ámbitos académicos y profesionales. Según explicó, se adjuntó “una carta de docentes de Udelar, una carta médica también, un informe veterinario, y un informe ornitológico que hizo Gabriel Rocha”, con el objetivo de sustentar científicamente los cuestionamientos a la resolución del MGAP.
Finalmente, el recurso fue desestimado en primera instancia y actualmente se encuentra en fase de apelación, mientras el colectivo evalúa nuevas vías administrativas para impugnar la resolución del MGAP. Sobre el nuevo recurso administrativo, Vila aclaró que es un proceso más lento. “Una de las argumentaciones del juez para haber desestimado el recurso de amparo es que lo considera improcedente porque hay otra vía administrativa que es la vía a la que nosotras estamos accionando ahora”, explicó. Este recurso, afirmó, se presentó el martes 10 de febrero, y también requirió respaldo técnico.
Más allá de la eliminación de las cotorras, ¿cuáles son los peligros específicos que el uso de metiocarb y tiacloprid representa para otras especies de la fauna autóctona y para la salud del suelo uruguayo?
El metiocarb es el más peligroso porque es un carbamato que ataca el sistema nervioso. A nivel internacional, ambos productos están prohibidos en la Unión Europea desde 2020 por su alta toxicidad, el riesgo para especies no objetivo y la contaminación del suelo y el agua. La resolución indica que el producto se coloca con grasa en la boca de los nidos: el animal se intoxica al picotearlo o al impregnarse y luego acicalarse. Si ingiere grandes cantidades, muere más rápido; si se intoxica al acicalarse, el proceso puede demorar entre uno y dos días. Es una muerte lenta y dolorosa.
Además, al afectar el sistema nervioso, el ave queda desorientada y vulnerable a depredadores que también pueden intoxicarse, como caranchos, felinos o mascotas. Incluso puede representar un riesgo para personas si el animal cae en el patio de una vivienda. La resolución establece que los cuerpos deben enterrarse en menos de 48 horas, pero es imposible garantizar que todos sean recogidos, porque las aves pueden volar antes de morir y caer en lugares desconocidos.
Enterrar grandes cantidades de animales también implica una carga de veneno para el suelo y los invertebrados que participan en la descomposición, con el riesgo adicional de filtración hacia aguas subterráneas. Son pesticidas que afectan la cadena trófica, incluidos polinizadores como las abejas. Es una medida que supuestamente ayuda a los productores, pero perjudica, por ejemplo, a los apicultores.
En cuanto al tiacloprid, es un insecticida. Dos docentes grado 5 de la Udelar, Javier García Alonso y Claudio Martínez Debat —quien elaboró el informe toxicológico para el recurso administrativo— señalaron lo mismo: no se justifica su uso para el control poblacional de aves.
Entonces, ¿ya podría aplicarse el uso de estos químicos?
La resolución está vigente. Tras la desestimación del amparo, solo podría suspenderse si prosperan las medidas cautelares o la apelación. Por ahora, podría aplicarse. Está habilitada en zonas de Montevideo, Canelones, San José y Colonia.
Recibimos un caso en Mercedes —fuera del área habilitada— donde aparecieron cotorras muertas al costado de la ruta. No pudieron analizarse porque los cuerpos desaparecieron. Si hubieran estado envenenadas, sería grave, ya que la resolución exige enterrarlas. Dejar animales muertos expone a personas y otros animales al contacto con tóxicos. Actualmente, no hay controles suficientes.
Además de los riesgos para el ecosistema, se han denunciado inconsistencias en la resolución oficial, como el supuesto aval del INBA, que quedaron expuestas en la audiencia.
Sí, algo similar sucedió con UTE. En la primera audiencia declararon ingenieros del ente, ya que el argumento oficial sostiene que las cotorras afectan las líneas eléctricas. Sin embargo, ellos señalaron que no son ornitólogos y que el problema corresponde a las aves en general, no exclusivamente a las cotorras. Cuando se les pidió un ejemplo de un daño grave, mencionaron un caso —que habría ocurrido en 2016— en el que el 90 % de las líneas quedó sin servicio por un carancho, no por una cotorra.
También indicaron que UTE no utiliza venenos para controlar aves, sino que realiza mantenimiento y retira nidos cuando es necesario. No avalaron el uso de estas sustancias. Lo que está haciendo el Ministerio es agarrarse de cualquier ente posible para generar más presión para que la resolución sea aprobada.
¿Qué alternativas concretas han propuesto los colectivos profesionales y ambientales al MGAP para mitigar el daño en los cultivos sin recurrir a fitosanitarios de alta toxicidad?
Como hemos repetido nosotras desde el inicio de la campaña, no negamos que exista un problema ni que deba abordarse. Hay múltiples herramientas que varían según el tipo y la extensión del cultivo. No es lo mismo un productor frutícola pequeño que un cultivo extensivo de girasol. Las redes, por ejemplo, pueden servir para proteger cultivos vulnerables como frutales o pecán, pero no para grandes extensiones.
Existen disuasores visuales y sonoros, algunos tecnológicos y otros más simples. Lo que proponemos es un manejo integrado: no aplicar una única solución, sino crear una comisión interdisciplinaria con productores, ingenieros agrónomos, ornitólogos y especialistas en bienestar animal para diseñar estrategias adaptadas a cada realidad.
También se pueden aplicar manejos ambientales, como la reforestación estratégica de monte nativo para ofrecer refugio y alimento alternativo. Es un problema complejo que requiere un abordaje interdisciplinario, no simplemente envenenar.
Ante la vigencia de la resolución oficial, ¿qué otras acciones de movilización o estrategias legales están planificando?
El recurso administrativo es lento, pero una nueva ley permite solicitar medidas cautelares. La resolución tiene carácter experimental por un año, por lo que, si no se actúa, cuando se resuelva el recurso el daño ya estará hecho. Por eso se presentará ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo una solicitud de medidas cautelares para suspender provisoriamente el uso de estos productos hasta que se defina el fondo del asunto.
Se difundió una campaña para convocar a profesionales. ¿En qué consiste?
Sí, nosotras seguimos buscando el mayor respaldo técnico posible. No es solo un debate ético: necesitamos sustento científico. La principal campaña hoy es de difusión, porque mucha gente desconoce que la resolución fue aprobada el 23 de diciembre y está vigente. Queremos que la ciudadanía conozca ambas posiciones: la de los productores, que tienen un problema real, y la nuestra, que plantea alternativas.
¿Qué reflexión le merece esta situación?
La reflexión que quiero compartir es en base a un informe que hizo Graciela Helena Piñeiro, investigadora y docente de la Udelar. Ella pone en cuestión que el problema de fondo no son las cotorras en sí, sino el modelo de producción de alimentos que tenemos. La superpoblación de cotorras responde a décadas de manejo inadecuado. Lo que falla no es solo la presencia de una especie considerada plaga, sino el sistema productivo. Ese es el debate estructural que deberíamos dar.
