Denuncian a UTE por graves irregularidades en Paysandú

Se han presentado serias denuncias de irregularidades en relación con una obra realizada por UTE en Paysandú.

Después de dos decisiones judiciales, UTE finalmente proporcionó información a la familia propietaria de la estancia Buen Retiro-Castillo Morató acerca del contrato suscrito con la empresa china CMEC para la construcción de la línea de alta tensión 500 Kv Chamberlain-Salto Grande.

La documentación revelada en respuesta ha expuesto, según los abogados que asesoran a la familia Morató, "numerosas irregularidades y graves incumplimientos".

Ubicada en Paysandú, la estancia ha sido designada como Patrimonio Histórico Nacional y ha sufrido el impacto de la instalación de 23 torres de alta tensión por parte de UTE. Los propietarios han planteado en varias ocasiones que estos trabajos han causado la destrucción de parte del patrimonio arqueológico del lugar, así como incumplimientos de normativas nacionales e internacionales destinadas a su protección.

Los abogados que representan a la familia Morató, Gonzalo Ramírez y Daniel Ochs, están ultimando los detalles de una demanda legal contra UTE y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Originalmente, presentaron una solicitud de información pública en mayo, basada en la Ley N° 18.381, pero ante la negativa de UTE, recurrieron al sistema judicial, que finalmente ordenó la divulgación de la información.

Según Ochs, "al responder a la solicitud del juez para proporcionar la información requerida, UTE no cumplió con algunos de los requisitos y, en sus respuestas, dejó en evidencia múltiples e importantes incumplimientos y contradicciones".

La documentación revela que la supervisión del patrimonio durante la obra, responsabilidad de la Comisión de Patrimonio, fue confiada a un arqueólogo contratado por la empresa constructora china CMEC. Este profesional advirtió sobre el impacto visual y los daños sufridos por los cercos de piedra que rodean al Castillo Morató debido a la obra.

Ochs agregó que "la respuesta de UTE deja en claro que el arqueólogo contratado por la empresa china emitió informes concluyentes que UTE y la Comisión del Patrimonio ignoraron de manera flagrante".

Además, la documentación indica que una inspección laboral llevada a cabo en enero, a solicitud de los abogados de la familia Morató, detectó graves incumplimientos, como el uso de escaleras inadecuadas, falta de elementos de seguridad básicos como cascos, manipulación irregular de sustancias químicas peligrosas en envases inapropiados, entre otros.

Esto llevó a que el gerente de UTE, Ing. Andrés Garagorri, redactara un informe solicitando la suspensión de la obra. Sin embargo, la empresa a cargo ignoró esta orden y continuó las tareas sin control alguno.

Ochs concluyó que "la respuesta de UTE a la solicitud de información ha expuesto graves irregularidades que serán parte de la demanda que estamos preparando. Agotaremos todos los recursos para que las autoridades públicas tomen conciencia del atropello que están perpetrando contra nuestro patrimonio nacional".