La madre de los niños, Micaela Ramos, multiplicó los llamados de auxilio a través de redes sociales, compartiendo información sobre los posibles movimientos del secuestrador. Señaló que el vehículo habría pasado por el peaje de Mercedes y que existían reportes de testigos en Río Negro y Paysandú. “Por favor gente, estoy desesperada. Necesito ayuda, me estoy muriendo”, expresó en una de sus publicaciones, en las que apeló incluso a personas que pudieran rastrear en campos o zonas rurales.
En medio de la incertidumbre, Ramos aseguró haber recibido amenazas de parte de su expareja, quien le advirtió que “jamás volvería a ver” a los niños.
Alerta Amber
El proyecto de ley, impulsado por el diputado nacionalista Álvaro Rodríguez Hunter, fue aprobado el 20 de septiembre del año pasado y estableció la incorporación de la Alerta Amber al Protocolo de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes. El objetivo es difundir en tiempo real imágenes y datos de menores desaparecidos, en un radio de hasta 160 kilómetros, utilizando redes sociales, medios de comunicación, cartelería y telefonía móvil.
El 28 de febrero de este año, en su último día como ministro del Interior, Nicolás Martinelli firmó un convenio con la Fiscalía General de la Nación y con Meta, para habilitar la activación de alertas a través de Facebook e Instagram. “El sistema se activará cuando se presuma la existencia de un delito, notificando a usuarios en un radio de 160 km”, había explicado en ese momento.
Pero al día de hoy, la aplicación práctica del mecanismo sigue pendiente. Rodríguez Hunter advirtió que la reglamentación ya estaba lista al final del gobierno pasado y criticó que la actual administración “no la puso en marcha”. “Ahora salta este caso en Soriano y no hay alerta. Y hablamos de un departamento fronterizo, muy permeable. No se trata de la aplicación, sino de la decisión de implementarla”, sostuvo el legislador blanco.
Pendiente
Fuentes de la cartera confirmaron que el sistema aún está en proceso de reglamentación. Además, explicaron que la alerta está pensada para desapariciones, mientras que el caso de Soriano se encuadra como un secuestro con autor identificado, lo que modificaría los protocolos de actuación.
No obstante, especialistas advierten que el espíritu de la Alerta Amber es acelerar la reacción de la sociedad ante cualquier situación en la que un menor esté en riesgo, sin esperar plazos burocráticos ni categorizaciones legales. “En casos así, cada minuto cuenta”, remarcan.
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La ley establece que al recibirse la denuncia de un menor desaparecido, las autoridades deben actuar de inmediato y en un plazo máximo de dos horas emitir la alerta a través de todos los medios disponibles. La notificación requiere el consentimiento de la madre, padre o tutor del menor, y una vez difundida llega a pasos fronterizos, rutas nacionales, aeropuertos, puertos, medios radiales y televisivos, además de redes sociales y cartelería pública.
La alerta se desactiva cuando se localiza al niño, o si se considera que la difusión puede ponerlo en mayor riesgo. También puede cesar tras 48 horas, una vez alcanzada la máxima difusión posible. En ningún caso, la desactivación supone el fin de la búsqueda.
El caso en Soriano volvió a poner sobre la mesa el dilema de las políticas públicas frente a la niñez en riesgo. Para Rodríguez Hunter, la demora en aplicar el sistema evidencia desidia. “Entiendo que hay prioridades, pero en estos casos hablamos de la vida y la seguridad de los niños”, afirmó.
El episodio también resalta la vulnerabilidad de las zonas fronterizas, donde el cruce rápido hacia otro país puede dificultar la localización de menores. En ese contexto, la falta de una alerta inmediata limita la capacidad de reacción de la ciudadanía y de las fuerzas de seguridad.
