Batalla por la memoria
En diálogo con Caras y Caretas, Perciballe valoró positivamente la sentencia, destacando que no se trata de un hecho aislado, sino de la continuidad de una política judicial consistente: “Estamos bastante acostumbrados porque, hasta el momento, el 100 % de las imputaciones que ha realizado la Fiscalía fueron acogidas por el Poder Judicial”, explicó el fiscal, señalando que cada pedido de procesamiento es "muy fundado" y que, aunque no siempre se sabe el momento exacto en que se producirá, los resultados son esperados.
En cuanto a la figura penal utilizada, resaltó la importancia de la aplicación de la desaparición forzada, ya que al momento de los hechos aún no existía como delito en Uruguay: “Desde la Fiscalía empezamos a batallar para que se impute la desaparición forzada porque entendemos que, al presente, se mantiene en la medida que no se encuentran los restos de los detenidos desaparecidos… los militares no aportaron la información y, por ende, se sigue cometiendo al día de hoy”. El fiscal también subrayó que este camino, inicialmente más complejo, ha permitido sentar precedentes que consolidan la aplicación de esta figura en el país, como ocurrió con condenas previas en casos similares.
Por su parte, Raúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu e integrante del PVP, consideró que la reciente sentencia contra tres militares por el secuestro y desaparición de Elena se inscribe en una “gran batalla por la memoria” que la sociedad uruguaya todavía libra. Entrevistado por este medio, subrayó que este hecho marca un hito al poner fin a “un largo paréntesis” iniciado tras el procesamiento del excanciller Juan Carlos Blanco en 2002. “Recién ahora, en 2025, se produce otro procesamiento, y en ese tiempo murieron muchos responsables. Es una cuenta que quedó pendiente”.
Además de la importancia que implica el reciente procesamiento a nivel social y simbólico, destacó que a nivel jurídico reivindica la importancia de la existencia de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, en el sentido de que desde allí surgió el pedido de procesamiento. “Es otra causa más que muestra que la instalación de la Fiscalía especializada, que fue muy tardía, fue el único instrumento eficaz para para avanzar en derrotar la impunidad creado en los 15 años de gobiernos del Frente Amplio”. Y añadió: “Tanto la eficacia de la Fiscalía como el cambio de mentalidad en el sistema judicial uruguayo posibilitaron que estos últimos años se haya avanzado y haya cosas que ya no están en discusión. Eso es importante desde el punto de vista jurídico”.
Elena siempre vuelve
Casi medio siglo después, el PVP impulsó dos acciones con un alto valor simbólico para la memoria colectiva: la restitución de su título de maestra y la recuperación de su apartamento, que hasta hoy permanece bajo control del Ejército, la misma institución a la que pertenecían sus secuestradores. Está previsto que estas acciones se presenten el próximo 9 de setiembre, fecha en la que la maestra hubiera cumplido 80 años. La iniciativa también involucra a organizaciones sociales que participan del homenaje a Elena, así como del Estado, ya que la devolución de la vivienda corresponde al Ministerio de Defensa.
En cuanto a la propiedad de la calle Ramón Massini, Olivera consideró que el hecho de que sus secuestradores sigan usufructuando ese bien constituye “una afrenta para los derechos humanos y para la memoria de Elena”. Aseguró que el PVP no pretende quedarse con la propiedad, sino que “no esté en manos de las Fuerzas Armadas y que esté dedicada a algo que tenga que ver con las causas por las que luchaba Elena”. El objetivo es entregarla a la Comisión Honoraria Sitio de Memoria —que tiene una resolución para señalizarla— para que pueda ser destinada a un espacio de reuniones, lo que —según el entrevistado— significaría “un elemento simbólico importante”.
La otra acción se centra en restituirle su título docente. Al respecto, Olivera contó que una investigación en los archivos permitió hallar el documento que probaba que Quinteros había sido sobreseída en la causa que motivó su destitución como maestra. “Si Elena viviera, se le debería devolver su título y su condición de maestra”, afirmó Olivera, quien propone que el título —como acto simbólico— sea encuadrado y exhibido en la Federación Uruguaya de Magisterio.
Ambas iniciativas, insiste, son más que un gesto reparador: representan un compromiso activo con la verdad y la memoria. “Todo eso ayuda a la gran batalla de la memoria en la que estamos insertos”, resumió.
“Ninguna violencia es única”
Para Nilia Viscardi, socióloga e investigadora y directora de Derechos Humanos de ANEP —órgano que trabaja en la línea de memoria y defensa de los derechos—, el proceso de restitución y devolución “fortalece la reparación”. Además, destacó que “al abordar distintas cuestiones vinculadas al título y a las propiedades, también se pone en evidencia un conjunto de prácticas propias de los estados autoritarios que tocan lo patrimonial y que también deben ser reparadas”.
Para la investigadora, la doble reparación permite contemplar “la multiplicidad de derechos que fueron vulnerados durante el proceso dictatorial y de forma previa” y demuestra que “ninguna violencia es única”, ya que no solo se atentó contra la vida, sino también contra la garantía de derechos y la protección legal. En ese marco, aseguró que iniciativas como estas cumplen un rol fundamental para la sociedad: “A modo de trabajar en estas dinámicas y luchar para que nunca más tengan lugar en América Latina y en Uruguay, es fundamental desde Derechos Humanos apoyar iniciativas como estas que tienden precisamente a la restitución, a la reparación y de ese modo también a la prevención”.
