Gil Iribarne: "El gobierno no nos está cuidando"

En este contexto, cabe preguntarse hasta qué punto el crimen organizado podría infiltrarse en la política uruguaya. Sobre este asunto Caras y Caretas entrevistó a Ricardo Gil Iribarne, referente en lavado de activos y tráfico de drogas en Uruguay, quien compartió su visión sobre los riesgos y vulnerabilidades que tiene el país y que podrían atraer a las organizaciones criminales.

¿Cómo evalúa la situación actual de Uruguay respecto al lavado de activos y al narcotráfico?

Desde hace un tiempo vengo planteando que Uruguay está con la guardia baja. Después de un proceso de muchos años, que arrancó a fines del Gobierno de Jorge Batlle, de atención al problema, de mejoramiento, de mejora de la imagen y los resultados, Uruguay se ha venido abajo. Hay muchos indicadores que lo demuestran. Por un lado, las propias declaraciones de los jerarcas con competencia en esos temas, donde se subestima el riesgo. Instalan la idea de que en Uruguay se lava menos o lo mismo que en el resto de los países, por lo cual no da para preocuparse mucho. Entonces, los resultados obtenidos son coherentes con ese discurso. Según la última Evaluación Nacional de Riesgos, que es un documento oficial aprobado por la Comisión Coordinadora contra el Lavado, los resultados son terriblemente bajos. El informe refiere a seis condenas en varios años, todos casos chicos. Pareciera que no hay lavado complejo, sofisticado ni por casos de corrupción, defraudación tributaria o contrabando. En definitiva, no solo hemos bajado la guardia, sino que no tenemos resultados como los tuvimos en varios de los periodos anteriores.

Como si el problema no existiera…

No se visualiza el problema ni el riesgo y, por ende, no se hace nada por solucionarlo. Se han bajado controles y se han modificado normas sin la participación de los organismos responsables como la Senaclaft.

¿Cuáles son los controles que se han reducido?

Creo que es claro el efecto negativo que tuvieron las medidas de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Por ejemplo, el tema de la bancarización. Obligar a hacer transacciones por arriba de ciertos umbrales a través de mecanismos del sistema financiero es algo útil, y que las evaluaciones a Uruguay destacaban. Quizás el límite era muy bajo, pero hoy por hoy es de 140.000 dólares. Desde el punto de vista de la prevención del lavado, poder pagar ese monto en efectivo es una barbaridad. Lo dice cualquier experto en cualquier lugar del mundo. Esa medida da un mensaje embromado. Si dicen que a ciertos actores de la Zona Franca les van a sacar las obligaciones porque creen que no están implicados, pero aún no hicieron la evaluación en ese sector, están sacando obligaciones sin tener ningún respaldo serio de por qué esos sectores no son de riesgo.

En el sistema financiero hay una institución que es la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, con una historia de trabajo seria y profesional, que era la que hacía todos los controles cuando había inspecciones en el sistema financiero en el área de lavado, a la que iban especialistas de lavado. Ahora no van más. ¿Cuál es el mensaje de este cambio?, que ya no precisamos a la unidad especializada en el área de lavado. Entonces, los resultados de las inspecciones van a ser mucho más suaves porque los que saben de esos temas no están yendo.

En la Secretaría Antilavado también hay debilidades. La Comisión Coordinadora, órgano principal de acuerdo a nuestra ley, anteriormente era presidida por el prosecretario de la Presidencia. Actualmente la preside alguien que el presidente designe. Con esta modificación le bajaron jerarquía al cargo, lo cual también es un mensaje que resta importancia al riesgo que existe.

Por otro lado, las autoridades de la Senaclaft dicen que hay que defender el secreto bancario y el secreto tributario porque son parte de la historia nacional. Creo que no reconocen un cambio que ha habido en el mundo, donde el secreto bancario y tributario, en tema de supervisión y de control del lavado, son trabas importantes. Y en el caso de Uruguay, se habían superado sin ningún efecto desastroso. Suponiendo que Uruguay está mejor que otros países, de lo cual no estoy seguro, el asunto es que hay que proteger a la ciudadanía de esta problemática porque lavado de activos es crimen organizado y este es una consecuencia seria para el sistema, para la ciudadanía y para la democracia. Creo que el Gobierno no nos está protegiendo como debería.

¿Qué otras debilidades tiene Uruguay?

Hay cosas que funcionan mal y son un llamador. Sabemos cómo está la situación en materia de financiamiento de los partidos políticos, donde hay cero controles, lo poco bueno que tiene la ley actual no se aplica, y los partidos no se han puesto de acuerdo en modificar. Eso es un elemento importante que expresa una vulnerabilidad muy fuerte.

¿Por qué cree que está trancada la ley?

Hace tiempo viene trancada. En este periodo se habló de plazos que luego no se cumplieron. Nos dicen que se va a avanzar, pero no soy muy optimista. Además, en lo personal, una ley aprobada en vísperas del proceso electoral no me da mucha tranquilidad; siempre son lindas, pero después no se cumplen. Creo que la ley está trancada porque el sistema político no tiene ningún incentivo para autocontrolarse. No tiene interés ni presiones. La prensa ha incidido, denuncia, trata el tema, pero a nivel de la ciudadanía no hay movimientos fuertes que reclaman estos temas. De todos modos, se cree que una ley nos va a salvar de los problemas cuando lo que nos salva es tener la cabeza clara, ser sincero sobre cuáles son los problemas que tenemos y tomar las medidas que hay que tomar.

A la luz de casos recientes como el de Marset ¿se podría afirmar que el narcotráfico se infiltró en la política?

Eso no lo puedo afirmar. Lo que sí puedo afirmar es que hay un riesgo muy grande de que suceda. Uruguay no se puede considerar al margen de lo que pasa en toda la región, y en toda la región el narcotráfico ha permeado la política. Ojalá que acá no, pero si seguimos con esta actitud de subestimar el riesgo, algún día va a pasar, porque esta gente se mueve en todo el mundo, maneja mucha plata y donde ven debilidades, obviamente, se instalan. Para que no suceda se debe reconocer como un riesgo grave y tomar medidas que el sistema político debería acordar.

Un informe de la policía brasileña reveló que el pasaporte de Marset costó 10 millones de dólares y que podría haber unas 20 personas involucradas en su expedición. ¿Qué opina?

Desconozco el respaldo de ese informe, entonces no puedo decir si es verdad o no. Pero sí creo que uno de los riesgos a valorar es que el narcotráfico y el crimen organizado mueven esas cifras y están dispuestos a pagarlas si vale la pena. Por lo tanto, no me sorprendería que pudiera pasar. En mi experiencia con el tema antilavado conocí a algún jerarca antidrogas mexicano a quien los narcos le pagaban 500 mil dólares por mes, y después se supo que el narco que negoció tenía permiso para pagarle más. Lo que no se percibe ni en el lavado ni en la corrupción es que esas son las cifras que están presentes en un Uruguay. Cuando nos dicen que interceptaron drogas por 4 o por 10 millones de dólares, esa es la parte que se agarró, pero la parte que no se agarró, y que generó esa cifra o mucho más, está en algún lado. Ese es el negocio de ellos. Cuando Uruguay dice que en los últimos 4 años decomisó 70 millones de dólares en mercaderías de contrabando, eso no es el Chuy o el uruguayo que cruza a Argentina porque está barato. Son organizaciones que contrabandean de todo y después abastecen a los puestos chicos de la feria y todo eso. Pero la cosa es que hay 70 millones de dólares decomisados y no hay un solo caso de lavado por desmantelar organizaciones de contrabandistas. Quien tiene esa plata paga lo que sea para no ir preso, para zafar, para salir, para entrar en la política y poder incidir, para obtener información de qué está haciendo la policía o para promover un candidato que luego deba favores.

¿Cuáles son los obstáculos para combatir el lavado de dinero y el tráfico de drogas en Uruguay y qué medidas considera necesarias?

Son dos fenómenos distintos, aunque están relacionados. Como pasa con otras actividades del crimen organizado, el lavado es muy importante para combatir el tráfico de drogas, de personas y de armas, porque son empresas que se mueven por plata y si les tocás la plata les hacés daño. Entonces, lo primero que hace falta es saber que tenemos un riesgo grave y creo que no hay conciencia de eso. Segundo, voluntad política para cambiar y frenar todo eso, que tampoco la veo. Posteriormente, lo que hay que hacer es un análisis de riesgos, que en parte ya se hizo, y elegir cuáles son las líneas de trabajo. Si decimos que vamos a hacer todo y todo bien, es mentira. Hay que elegir cuáles son las cosas más importantes, cuáles son los riesgos y cuáles son los costos para el país. Pensar cómo atacamos a los delincuentes y cómo defendemos a los que no lo son, algo que a veces nos olvidamos. También cómo globalizamos el tema de la droga, que no es un problema de la policía en absoluto, es mucho más complejo. También pensar cómo coordinamos voluntades políticas entre los distintos partidos, ya que esto no es problema de un partido o de otro. Si la discusión es cuántos muertos tiene cada uno o cuánta droga agarró cada uno, el mensaje para la ciudadanía es que todo el mundo se lava las manos y no avanzamos. Con respecto al marco legal, yo no propondría, en el corto plazo, ninguna ley. Con las leyes que tenemos podemos hacer muchísimo más de lo que estamos haciendo, solo hay que cumplirlas. Las evaluaciones que han hecho del país los organismos internacionales señalan que la parte normativa está muy bien, pero que los resultados son un desastre. Tenemos 6 condenas en 4 años, hay mucho por hacer porque esto se mide por resultados. Si no hay condenas, no hay presos y no se recuperaron bienes para la sociedad, todo lo demás es verso.

¿Cuáles cree que son los principales desafíos de la Senaclaft?

El primero es tomar conciencia de qué problemas tenemos. Cuando digo que el Gobierno transmite una percepción de riesgo suave, también me refiero a la actual Senaclaft, que ha dado ese mensaje. Como contrapartida, contrató a un especialista que hizo una evaluación de riesgo que es muy seria y sólida, con la que tengo algunas diferencias, pero que expresa que hay que preocuparse porque estamos mal. La Senaclaft tiene que ser coherente con ese informe e incorporarlo a su práctica cotidiana. Lo segundo es reivindicar su rol, es el principal organismo del combate al lavado de activos y, por lo tanto, todos los temas claves tienen que pasar por el organismo. Pero hay temas que le están pasando por el costado, que se entera tarde. Por ejemplo, el hecho de que le sacaran responsabilidades a algunos actores de la Zona Franca, eso no lo propuso la Senaclaft, vino de otro lado. Otro ejemplo es el proyecto sobre casinos virtuales que se presentó al Parlamento, que tampoco le fue consultado. Los casinos virtuales son una zona de riesgo para el lavado porque, entre otras cosas, no hay presencia física. Es un riesgo multiplicado por cien. La preocupación por el riesgo surgió recién en el Parlamento, cuando algunos legisladores preguntaron si se había pensado el tema del lavado de activos. Es una barbaridad que un proyecto de este tipo se presente sin opinión de la Senaclaft.

¿Cree que la Senaclaft debería estar por fuera del Poder Ejecutivo?

Absolutamente. En la época en que estuve en la Senaclaft ésta no supervisaba ni sancionaba a ningún sector y no tenía potestades autónomas para investigar. Solo investigaba si un juez incorporaba la Secretaría a un equipo. Actualmente la cosa cambió y supervisa a todo el sector no financiero: escribanos, inmobiliarias, casinos, zonas francas, etcétera. Además, tiene mayor autonomía para investigar. Creo que no es bueno que un organismo con esas potestades dependa del poder político. Tiene que tener mucha independencia porque si esa institución se usa como arma para atacar a tal o cual sector estamos ante un riesgo. Creo que no ha pasado, y ojalá no pase nunca, pero el riesgo existe. En varios países se usó la herramienta antilavados con objetivos políticos partidarios.

¿La crisis institucional actual abre camino para que organizaciones criminales se vean tentadas a venir a Uruguay?

No estoy tan seguro. Este tipo de acontecimientos (por el caso Marset) tienen un efecto grave en otros planos: la imagen internacional del país y la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático. Creo que el gran problema es que los ciudadanos pueden sentir que el sistema político o el gobierno no nos está dando lo que los ciudadanos queremos. Cuando eso pasa viene el escepticismo, y cuando viene el escepticismo aparecen los fantasmas que te traen soluciones mágicas, tenemos varios casos en la región. Creo que el gran riesgo es que la democracia se debilite. Por otro lado, efectivamente, la cancha para el crimen organizado es todo el mundo y los tipos detectan donde hay debilidades, cuáles son y qué pueden hacer. No creo que este caso les haya demostrado nada que no sabían. Probablemente algunos actores del crimen organizado ya sabían que Uruguay bajó la guardia, que acá hay gente que dice que somos inmunes a la corrupción, lo cual es absolutamente falso. Por otro lado, algunos casos como el de Astesiano, operando desde un piso de la Torre Ejecutiva, en todos los negocios que sabemos, demuestran que no solo desde afuera se detectan las debilidades, sino también desde adentro. Además, advierten que esta gente con poder, más allá de que fueran funcionarios del Estado, le sacan el jugo a las debilidades del sistema. Lo que sí es probable es que estos hechos confirmen las debilidades y que los criminales esperen que pase el revuelo para ver si Uruguay cambia la pisada y empieza a hacer cosas en serio o si esta es la situación para el futuro. En ese caso lo pagaremos todos los uruguayos y uruguayas.