Marset y los narcos "malla oro" de barrios privados

No cualquier uruguayo puede darse el lujo de ostentar una propiedad en ese limbo de fantasía, porque allí el valor promedio de los inmuebles no baja del medio millón de dólares. No en vano, estos lugares, que son auténticos búnkers, provistos de guardia privada, sofisticados sensores, cámaras de videovigilancia inteligentes y alarmas para proteger el patrimonio de los oligarcas que allí habitan, ofrecen amplios espacios verdes para recreación, piscinas, lagos artificiales y canchas de deportes, así como sitios exclusivos para el desarrollo de actividades artísticas y culturales.

Este hombre, que se llama Jorge Pérez Bentancor y tiene un antecedente penal también por narcotráfico que data de 2012, vive en ese paraíso artificial, lo cual no es casualidad.

En efecto, se sabe que el narcotráfico, no el de microescala de consumo interno, sino el de gran escala para la exportación rumbo al mundo desarrollado, es gestionado por “personajes respetables” a los ojos de la sociedad uruguaya -como Martín Mutio-, quienes manejan, entre bambalinas, las operaciones criminales que devienen en recurrentes baños de sangre y guerras territoriales.

Empero, en esta circunstancia, este “trabajo sucio” parece estar relacionado con el delincuente uruguayo Sebastián Marset, quien permanece prófugo luego de recibir- en bandeja de plata, por parte del gobierno uruguayo- un pasaporte que le permitió zafar de una cárcel emiratí, en la cual había sido recluido por intentar ingresar con un documento falso a Emiratos Árabes Unidos.

El narco, que es requerido por la Justicia paraguaya, necesitaba rápidamente de dicho salvoconducto antes de que ingresara el pedido de extradición. La administración encabezada por Luis Lacalle Pou se lo concedió en tiempo récord, lo cual le permitió evadirse y dos años después, permanece prófugo.

Este escándalo, que el año pasado le explotó en la cara al gobierno y que motivará la comparecencia en Fiscalía de los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, en calidad de indagados, puede tener ahora derivaciones insospechadas.

Marset, quien tiene antecedentes penales en Uruguay, sigue siendo investigado por la Justicia paraguaya por su participación, en calidad de cabecilla, del denominado Primer Cártel Uruguayo.

En tal sentido, la Secretaría Nacional Antidrogas de la nación guaraní realizó una minuciosa investigación denominada “A Ultranza”, que logró desbaratar una organización dedicada al tráfico de estupefacientes al extranjero, la cual mantenía vínculos con el cártel mafioso liderado por el narco compatriota, de acuerdo a lo revelado por el diario paraguayo Última hora.

Desde el organismo antinarcóticos informaron que los datos recogidos en el decurso de la pesquisa apuntan al uruguayo Sebastián Marset, uno de los principales líderes de la organización de tráfico de cocaína y lavado de activos, que operaba desde Paraguay como parte del cártel.

“A diferencia de otras facciones o cárteles de la droga, los integrantes de la mencionada asociación se consideran una élite criminal”, explicaron jerarcas de la Policía del país sudamericano. Al respecto, los voceros detallaron que el Primer Cártel Uruguayo es una organización criminal de tráfico de drogas “de alto nivel, a cargo de grandes empresarios de Uruguay”. Todo dicho.

Las autoridades nacionales deberían tomar en cuenta las pesquisas de sus homólogos paraguayos, que involucrarían a pesos pesados compatriotas. Sin embargo, parecen no darse por enteradas, por más que la Policía sigue actuando.

Como es notorio, por el momento, el cabeza de turco que cayó fue el subdirector de la Dirección de Identificación Civil dependiente del Ministerio del Interior, Alberto Lacoste, quien fue sacrificado para salvar las groseras responsabilidades políticas del ministro Luis Alberto Heber y del canciller de la República, Francisco Bustillo.

La interpelación promovida por el Frente Amplio el año pasado, que estuvo a cargo del senador Mario Bergara, culminó sin censura, por el obsecuente blindaje de la coalición a ambos secretarios de Estado.

En ese contexto, las burdas explicaciones de Heber y Bustillo transformaron la instancia parlamentaria en un circo mediático, que devalúa la calidad del sistema político. En efecto, no es concebible que ambos hayan alegado que ignoraban el prontuario del delincuente.

Parece que ni siquiera leían la prensa porque este nefasto personaje ya tenía visibilidad desde octubre de 2021 y un pedido de captura internacional, en el que estaban trabajando la DEA (por sus siglas en inglés, Administración de Control de Drogas) norteamericana, la Policía paraguaya y también la uruguaya.

Asimismo, también registra antecedentes y procesamientos en nuestro país desde 2012, por receptación, narcotráfico e incluso una imputación de homicidio. Empero, insólitamente, el 17 de agosto de 2020 -vaya sospechosa casualidad- la causa por este delito fue archivada.

Las explicaciones de los gobernantes convocados resultaron a todas luces insólitas, porque atribuyeron el otorgamiento del pasaporte al peligroso narco a la legislación vigente o a un mero error burocrático. Sin embargo, el decreto de 2014, que Heber y Bustillo emplearon para escudarse y no asumir sus responsabilidades, establece, claramente, que ante situaciones imprevistas, se requiere actuar con cautela.

¿Puede haber realmente una situación más imprevista y compleja que el hecho que esta persona estuviera presa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, por ingresar al país con un pasaporte paraguayo falso? Obviamente, no.

Incluso, se ignoró olímpicamente el pedido del embajador uruguayo en dicha nación islámica, Álvaro Ceriani, quien sugirió a la cancillería que se tomara más tiempo para tramitar el documento por la peculiar situación de quien lo requería.

La frutilla de la torta fue la reunión mantenida por la por entonces cicecanciller Carolina Ache -que renunció o bien fue cesada-con el abogado del criminal Alejandro Balbi. ¿Es realmente habitual que el profesional patrocinante de una persona sea recibido por el número dos del Ministerio de Relaciones Exteriores por el mero trámite de un pasaporte y que el documento sea expedido con tal celeridad?

Lo cierto es que las actividades del delincuente Sebastián Marset siguen contaminando -en el año previo a elecciones nacionales- la escena política uruguaya y prometen nuevos capítulos de un episodio realmente vergonzoso, que, en caso de ser indagado a fondo por la Justicia, puede tener consecuencias penales.

Evidentemente, hay muchas preguntas sin respuesta, verdades a medias o directamente mentiras, lo cual instala sospechas y alimenta suspicacias, en torno a un escándalo cuyas repercusiones han trascendidos fronteras. No en vano, prestigiosos medios y agencias informativas internacionales califican a Uruguay como un “narcoestado”. Por algo será.