Sin embargo, desde el Ministerio entendieron que la herramienta anterior tenía un alcance limitado y dificultades de implementación que impedían aprovechar todo su potencial.
De tres a ocho colectivos prioritarios
Uno de los principales cambios de la nueva ley es la ampliación de tres a ocho colectivos priorizados para acceder a oportunidades laborales mediante los subsidios a la contratación.
La normativa anterior contemplaba a jóvenes, personas con discapacidad y mayores de 45 años. Ahora se incorporan también las personas afrodescendientes, las personas trans, las mujeres jefas de hogares monoparentales, las personas privadas de libertad o con medidas alternativas y recientemente liberadas, y los padres, madres y tutores de menores de 15 años con discapacidad.
Chiquiar explicó que esta ampliación responde a las barreras específicas que enfrentan estas poblaciones para ingresar al mercado laboral.
En el caso de las mujeres jefas de hogares monoparentales, destacó la relación entre el empleo formal, los ingresos familiares y la pobreza infantil.
«La mayoría de esos gurises que viven en situaciones de pobreza viven en hogares donde una jefa de hogar es una mujer que sostiene esa familia», señaló.
En ese sentido, sostuvo que garantizar oportunidades de trabajo formal y de calidad para esas mujeres también tiene consecuencias directas sobre las condiciones de vida de sus hijos.
La jerarca también explicó que la incorporación de padres, madres y tutores de personas menores de 15 años con discapacidad responde a las dificultades que atraviesan esos núcleos familiares, especialmente por las responsabilidades de cuidado.
Otro de los grupos incorporados es el de las personas que estuvieron privadas de libertad o cumplen medidas alternativas. Para Chiquiar, el acceso al trabajo resulta fundamental para los procesos de reinserción social y para construir un proyecto de vida después de recuperar la libertad.
«El trabajo es un eje vertebrador fundamental», afirmó, y vinculó las dificultades de reinserción con problemas como la falta de oportunidades laborales y las situaciones de calle.
Qué cambia para las pequeñas empresas
Otro de los objetivos de la Ley de Empleo Integral es ampliar la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación subsidiada.
Durante el análisis de la normativa anterior, el Ministerio detectó que los beneficios se concentraban principalmente en las grandes empresas, mientras que los emprendimientos de menor tamaño tenían dificultades para acceder a ellos.
Chiquiar señaló que las pequeñas y medianas empresas representan el 99,6% del tejido empresarial del país, por lo que consideró necesario adaptar los mecanismos de la ley a sus posibilidades económicas y operativas.
Entre las modificaciones mencionó que ahora una persona que trabaja por cuenta propia y tiene un pequeño comercio, como un quiosco que atiende individualmente, puede contratar a su primer empleado mediante los subsidios previstos por la normativa.
La ley también incorpora mayor flexibilidad en la duración de los beneficios. Mientras que los contratos suelen extenderse entre seis y 12 meses, las pequeñas empresas pueden acceder a una extensión del subsidio hasta completar 18 meses.
La modificación responde a planteos realizados por centros comerciales del interior del país, que advertían sobre las dificultades económicas que supone mantener un trabajador cuando finaliza el período subsidiado.
«¿Cómo vamos generando una herramienta que también se adapte para que las empresas puedan acomodar, sobre todo aquellas pequeñas, su economía y que puedan sostener los puestos de trabajo?», planteó la directora del MTSS.
El desafío: que los empleos se mantengan
Consultada sobre cuántos contratos espera generar el Ministerio con la nueva legislación, Chiquiar evitó establecer una cifra como principal indicador del éxito de la política.
Explicó que la experiencia anterior mostró que una parte de las contrataciones no lograba sostenerse en el tiempo y que algunas personas abandonaban sus puestos antes de cumplir tres meses.
Por esa razón, sostuvo que el objetivo no debería limitarse a contabilizar cuántas personas ingresan a un empleo subsidiado, sino evaluar si consiguen permanecer en él y desarrollar una trayectoria laboral.
«Más que cuántos, nosotros queremos que eso se sostenga», afirmó.
La jerarca cuestionó que se contabilicen como resultados positivos contratos que duran apenas unas semanas y señaló que la nueva herramienta debe contribuir a generar oportunidades laborales estables.