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Sociedad narcos | Fucvam | fiscal

Acuerdo judicial

No eran narcos

El fiscal de Flagancia, Diego Pérez, llegó a un acuerdo con las defensas públicas de los más de 40 imputados de los delitos de usurpación y hurgo de energía en los terrenos de Santa Catalina.

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La solución a la particular situación judicial llegó finamente por medio de terrenos de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) y la Intendencia de Montevideo, que también estuvieron involucrados en la salida brindada a otras 53 familias de la zona, ocupantes de los terrenos denunciados.

En abril de 2020, cuando el fiscal Pérez ordenó la detención de las familias que se asentaban en terrenos denunciados por el responsable de una empresa privada, este declaró en varias oportunidades que no se trataba de “una ocupación espontánea” y que “sospechaba que grupos narcos actuaban en el asentamiento”.

El fiscal Pérez instaló su sospecha en varias entrevistas concedidas a distintos medios. El representante del Ministerio Público respondió con su teoría del caso, que incluyó sostener en el diario El País que no descartaba que hubiera una “organización con un asesoramiento importante que tiene una forma de distribuir los terrenos ocupados”.

En enero de 2020, cuando comenzó la ocupación de terrenos por parte de un grupo de familias, responsables de Fucvam se acercaron a los vecinos para transmitirles la posibilidad de conformar cooperativas. A tres años de las primeras detenciones pedidas por el fiscal Diego Pérez, se conformaron cuatro cooperativas. El secretario general de Fucvam, Gustavo González, dijo a Caras y Caretas que la federación “cuenta con una cartera de terrenos” y la Intendencia de Montevideo también estuvo de acuerdo en que se asentaran en ellos las cooperativas que nacieron de la ocupación”. Se trata de 53 familias que actualmente viven en esos terrenos, en viviendas de emergencia construidas por ayuda mutua y que actualmente esperan por un préstamo a gestionarse en el Ministerio de Vivienda.

En tanto, según pudo confirmar Caras y Caretas,a tres años de la causa judicial iniciada por el fiscal Diego Pérez, ninguno de los imputados ni conducidos desde abril de 2020 por ocupar terrenos en la zona de Santa Catalina fue imputado -ni en Fiscalía ni en la Justicia formalmente- por algún delito vinculado al narcotráfico.

Desde el primer momento y en las distintas tandas de detención de personas ocupantes -asentamientos Nuevo Comienzo y San Miguel-, las tipificaciones fueron solo por dos delitos: hurto de energía eléctrica y usurpación de terrenos.

En junio de 2021 también hubo otras ocho personas detenidas y en esa oportunidad la Justicia decretó la prórroga de la investigación, que ese año sumó 11 personas imputadas, también por los delitos de usurpación y hurto. Ese año el presidente Luis Lacalle Pou llamó por teléfono a una de las mujeres ocupantes y referentes del barrio Nuevo Comienzo, Fabiana Molina, para transmitirle que mantendría una reunión con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, luego del operativo de detención en el barrio San Miguel, donde los vecinos denunciaron abusos policiales.

El abogado Juan Ceretta, quien representó a parte de los imputados, dijo que “esta causa, además de demostrar que la persecución penal resulta inútil cuando el problema es social, ha sido un ejemplo paradigmático de criminalización de la pobreza, intentando tipificar penalmente conductas que son el único resultado de la exclusión previa, es decir, ha transformado a las víctimas del sistema en victimarios por razones de política criminal”. Ceretta subrayó que “los más triste es que ni siquiera se han considerado por la vía de la Fiscalía los dictámenes del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en una actitud que refleja conceptos de mal entendida soberanía superados desde el siglo XX y que avergüenzan a Uruguay en el escenario internacional de derechos humanos”.

Ceretta se refiere al dictamen emitido por el comité de ONU que desestimó tras su intervención y de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho la solicitud del Estado uruguayo y mantuvo las medidas provisionales de protección de los ocupantes del asentamiento Nuevo Comienzo.

Las tres personas, que finalmente el martes llegaron a un acuerdo con la Fiscalía, imputadas por los dos únicos delitos que se entendieron desde el inicio de la causa -usurpación y hurto de energía eléctrica- y que la Justicia refrendó deberán dejar su vivienda en el terreno ocupado en un período de 4 meses, firmar en la seccional cercana una vez por mes durante tres meses, y una vez fuera del predio, no volver a ingresar por un período de 8 meses. Si cumplen con todas las obligaciones dispuestas en el acuerdo alcanzado, se les extinguirá la acción penal y continuarán sin antecedentes.

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