Punta Rubia: Ministerio de Ambiente detuvo la obra

En el documento señalan que "según las evidencias aportadas [en las denuncias], se realizaron actividades de movimiento de arena con una pala cargadora frontal, articulada, en el sistema dunar en zona linderas a los padrones urbanos 2290 y 2291, manzana 6, de la 10ª sección judicial del departamento de Rocha, localidad de Punta Rubia. A su vez, se observa la colocación en espacio público de un volumen considerable de los sedimentos removidos (exp. 2023/36001/015514)". La autorización ambiental que tenía la obra prohibía el uso de máquinas.

Una de las irregularidades señaladas por vecinas y vecinos de Punta Rubia fue que la dueña no cumplió con informar a las autoridades que las obras iban a empezar. De acuerdo con el documento del MA, la titular presentó una nota en mesa de entrada comunicando el inicio de las actividades de restauración previstas en el plan de trabajo presentado en una fecha posterior a comenzar a destruir la duna.

Fontana, representante legal de Graciela Terra, que figura como titular de los padrones, comunicó en una reunión con autoridades ambientales que "había coordinado y acordado verbalmente con Rodrigo García, Director de Ambiente y Cambio Climático de la Intendencia de Rocha, lo que había realizado".

García se había presentado en la zona en el momento de la destrucción y había declarado que para la Intendencia de Rocha no había ninguna irregularidad, aunque el organismo tenía que colocar una faja de contención y no lo había hecho.

Continúa el informe: "Se le comunicó al sr. Fontana que la comunicación previa tenía que haberlo hecho al Ministerio. La Intendencia de Rocha no tiene facultades delegadas para el cumplimiento de las condiciones de las autorizaciones otorgadas por este Ministerio en función de las competencias que le corresponden".

El grupo de personas expertas analizó la documentación y las acciones realizadas y determinó que la titular: ejecutó actividades de movimiento de arena que no coinciden con lo comunicado, realizó movimientos de arena en el sistema dunar en zonas y en un volumen que no fue comunicado ni presentado, ingresó una pala cargadora a remover sedimentos del sistema dunar; modificó aspectos relevantes del proyecto referidos tanto al procedimiento para la remoción de sedimentos requerido en la etapa de construcción, así como las zonas afectadas y el volumen y medidas de gestión planteadas para el acopio transitorio de los sedimentos. El último punto es una "infracción grave".

El informe concluye considerando que Graciela Terra, titular de la obra, "deberá detener inmediatamente y no podrá continuar con ninguna de las actividades de remoción de arena y toda obra de construcción de la vivienda" y presentar una "descripción detallada de las actividades realizadas y del estado situación de las zonas intervenidas en la zona dunar por las acciones realizadas, así como un plan de medidas que busquen restaurar el sistema dunar de la zona afectada para ser evaluado por DINACEA en conjunto con la DGCyM-DINABISE" en un plazo de diez días hábiles. Además, es pasible de ser sancionada.

Los problemas de la intendencia

La situación en Punta Rubia no es única y los frenos del MA a acciones de la IdR tampoco. En 2021, contra la postura de García, el Ministerio de Ambiente frenó la obra del camino de ingreso a Cerro Verde por "evidencias de erosión y exposición de la capa arcillosa, generando a su vez afloramiento de los escurrimientos subterráneos", según el informe de la resolución 155/221.

En enero de este año el MA confirmó que el gobierno departamental no tenía autorización ambiental para instalar baños en varias playas, dio un mes de plazo para regularizar la situación, pero nunca obtuvo respuesta. Las aguas residuales se tiraron en las playas.

Además, a mediados de 2023 la IdR inauguró el muro de contención de Costa Azul, que no fue realizada de acuerdo con los criterios establecidos en el informe técnico.