Uruguay: pese a esfuerzos, aún hay desigualdades hacia la mujer

Tiempo atrás, el Informe del Comité de Cedaw para el Estado uruguayo observó que el país debe hacer frente a las lagunas en las políticas de igualdad, la participación política y pública, los estereotipos culturales, la violencia contra la mujer, la trata de mujeres, el acceso a la educación, el empleo y la salud.

Las brechas afectan particularmente a las mujeres afrodescendientes y a las mujeres rurales.

El Informe País 2013 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) manifiesta, con respecto a la meta nacional referente a la eliminación de disparidades de género correspondiente al ODM 3, que se verifica una tendencia positiva en la reducción de brechas relacionadas al mercado del empleo pero no se registran avances en la participación de puestos jerárquicos y en cargos de representación política.

En el plano internacional, en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres, Uruguay ha ratificado todos los compromisos internacionales en esta materia. En el plano nacional, Uruguay ha registrado varios avances en términos del marco jurídico, programático, institucional y presupuestal. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), creado en 2005, ha impulsado políticas de igualdad de género y promoción de derechos.

El I Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (2007-2011) transversalizó el enfoque de género en el Estado. En la administración actual, Inmujeres fue dotado de mayores recursos tanto humanos como financieros. Se registraron a su vez varios avances legislativos como la ley de trabajo doméstico (Ley 18065, 2006), ley de unión concubinaria (Ley 18246, 2008), ley de salud sexual y reproductiva (18426, 2008), ley de cuotas (Ley 18476, 2009), ley de acoso sexual (Ley 18561, 2009), ley de identidad de género (Ley 18620, 2009), ley de interrupción voluntaria del embarazo (Ley 18987, 2012), ley de licencias parentales (Ley 19161, 2013) entre otras.

La integración de las mujeres uruguayas en la vida política ha sido históricamente baja, caracterizándose no solo por un crecimiento lento pero también con períodos de declive.  En el primer período democrático (1985-1990) no hubo mujeres en la legislatura nacional y en la legislatura 2010-2015 la representación fue solo del 14,1%.

La Unión Interparlamentaria (UIP) clasificó a Uruguay en el número 103 de los 188 países en cuanto al porcentaje de mujeres en la cámara baja o única. La presencia de mujeres en el Poder Ejecutivo también ha sido muy baja: en el 2014 hubo dos ministras y 11 ministros. También a nivel local se detectan problemas de representación de las mujeres, a pesar de que las elecciones departamentales del 2010 fueron un hito puesto que lograron por primera vez mujeres el cargo de intendentas departamentales (en tres departamentos: Artigas, Lavalleja y Montevideo).

También la ley de descentralización y participación ciudadana (Ley 18567) creó municipios en los cuales se cuenta a partir de las elecciones pasadas con un/a alcalde/alcaldesa por municipio y 4 concejales/as por municipio. Estos espacios locales y la política comunitaria facilitaron la participación pública de las mujeres. Pero de todas maneras, son pocas las mujeres que ocupan puestos de responsabilidad, ya sea en el ámbito nacional o local, público o privado.

En los párrafos 30 y 31 de participación en la vida política y pública de las Observaciones Finales del Comité de la Cedaw al país, se le solicita adoptar medidas apropiadas, incluidas medidas especiales de carácter temporal para fomentar mayor participación de la mujer en la vida pública, en particular en el proceso de toma de decisiones.

Estas incluyen acelerar la aprobación del proyecto de ley sobre cuotas y sobre partidos políticos y proporcionar programas de capacitación para las mujeres con el propósito de fortalecer su papel en los puestos de toma de decisión de la sociedad. A su vez, se le solicita promover el cambio de actitudes y percepciones, tanto de las mujeres como de los hombres, en cuanto a sus respectivos papeles en el hogar, la familia, el trabajo y la sociedad en su conjunto.

La reciente ley que regula el sistema de cuota (Ley 18476 aprobada en 2009) establece la aplicación de la cuota únicamente en los comicios electorales, nacionales (2014) y departamentales (2015), regulando el deber de incluir personas de ambos sexos en cada triplete (tres posiciones sucesivas) de candidatos, tanto titulares como suplentes.

Avanzar en las capacitaciones a mujeres para ocupar puestos de decisión, en la correcta implementación de la ley de cuotas, en lograr una extensión de su aplicación y transitar por el camino de la paridad constituye la hoja de ruta a seguir por ONU Mujeres en el país.

Derechos económicos

Las mujeres han incrementado su participación en la fuerza laboral en las últimas décadas. Sin embargo, las tasas de participación femenina se mantienen por debajo de las de los hombres (54,4% versus 73,9% para el año 2013), y esto se mantiene para todas las edades y niveles educativos. Si bien los niveles de desempleo del país han bajado a niveles récord, los jóvenes, y especialmente las mujeres jóvenes, no tienen acceso a buenos puestos de trabajo.

Mientras que el empleo informal ha disminuido en general, se ha mantenido ligeramente mayor entre las mujeres, especialmente en el interior del país. La tasa de empleo más baja la presentan las mujeres que viven en hogares pobres (38,6%), mientras que para varones que viven en hogares pobres se sitúa en 64,2%, con lo cual se genera una brecha de veinticinco puntos porcentuales.

Finalmente, persiste la brecha salarial entre hombres y mujeres: el salario medio de las mujeres por hora trabajada fue de 11,1 puntos porcentuales inferior al de los hombres; paradójicamente, esta diferencia alcanzó su mayor magnitud entre las personas con los niveles educativos más altos: 27%.

Con datos de la Encuesta de Uso del Tiempo, se observa que un tercio del tiempo de trabajo de las mujeres es dedicado al trabajo no remunerado (65%) y el tercio restante al remunerado (35%). En el caso de los varones, estas proporciones se invierten, es decir, un tercio del tiempo se dedica al trabajo no remunerado (31,9%) y dos tercios al trabajo remunerado (68,1%).

Esto, combinado con la falta de servicios públicos para el cuidado de los dependientes, forma un círculo vicioso que impacta negativamente en la ciudadanía social de las mujeres.

Los retos en este sentido son dos: 1) promover políticas que garanticen el acceso de las mujeres al mercado de trabajo, y empleos estables de calidad, y 2) promover políticas que fomenten el cambio cultural dentro de los hogares en la distribución del trabajo no remunerado entre hombres y mujeres.