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Política

Ajuste salarial del gobierno impacta en e l bolsillo de jubilados y pensionistas

Ahorro, pero a qué costo

El Poder Ejecutivo determinó ajustar los salarios de acuerdo al Índice Medio de Salario (IMS) sin tener en cuenta que el aumento se ubicó por debajo de la inflación. Ante esta situación, desde el directorio social del BPS que representa a jubilados y pensionistas advierten que se trata del segundo año consecutivo que el gobierno ahorra a costas de uno de los colectivos más desfavorecidos.

Los buenos augurios para el repunte de la economía y el empleo que forman parte del discurso de algunos integrantes de la coalición de gobierno no se vieron reflejados en el bolsillo de jubilados y pensionistas. Por segundo año consecutivo, esta porción de la población perderá poder de compra debido a la caída del salario real y a la política de ajuste que determinó el gobierno para el pago de las pasividades del Banco de Previsión Social (BPS). Esta situaciones fue denunciada días atrás por los representantes de pasivos y trabajadores ante BPS, Sixto Amaro y Ramón Ruiz, quienes en declaraciones a la diaria advirtieron sobre la pérdida de poder adquisitivo para los jubilados y aseguraron que al aumentar por debajo de la inflación el gobierno se ahorra aproximadamente “100 millones de dólares”.

 

El ajuste y la ley

En diálogo con el economista Gabriel Regalado, asesor de Sixto Amaro en el directorio de Jubilados y Pensionistas en BPS, explicó de qué forma impacta la política de ajuste salarial en las jubilaciones y pensiones. “El ajuste de las jubilaciones está atado a los salarios desde el plebiscito del año 89 cuando la reforma constitucional, en el artículo 67, estableció que las pasividades (jubilaciones y pensiones) se deberán ajustar siempre con los salarios de los funcionarios públicos y en una magnitud equivalente a la variación del Índice Medio de Salario”. Este mecanismo implica que en los últimos años, con el aumento anual del sector público del mes de enero, también se ajustan las jubilaciones y pensiones, en función de la evolución del IMS de los últimos 12 meses. “En la medida que los salarios aumentan, el IMS crece y si estos se estancan el IMS también se estanca y, por lo tanto, se estancan las jubilaciones”, agregó el profesional.

Por otro lado, Regalado recordó que el mencionado artículo 67 estipula que el aumento de las pasividades no puede ser inferior a la variación del Índice Medio de Salarios. “En los últimos años todos los gobiernos venían respetando que el aumento coincidiera con la variación de los salarios. En el año 2005 se empiezan a dar aumentos extraordinarios a las jubilaciones, que son los que actualmente se otorgan en julio para las jubilaciones mínimas. Este aumento es importante porque demuestra que, a pesar de que en enero se ajusta por el IMS, en julio el Poder Ejecutivo, mediante decreto, tiene la potestad de otorgar un incremento adicional a las jubilaciones mínimas. Desde 2007 ese incremento se comenzó a fijar en BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones) y en cada mes de julio va dando aumentos extraordinarios. Pasó de 1 BPC en 2007 a 1,25, después a 1,35 hasta que el último aumento, en julio del 2021, llevó la jubilación mínima a 3,1 BPC. Ese aumento a las jubilaciones mínimas se puede hacer porque el Poder Ejecutivo está facultado a dar aumentos por encima del IMS, porque se lo permite la Constitución”, remarcó.

El economista señaló que al observar los últimos años, desde 2004 hasta 2019, los salarios crecieron más que la inflación, lo que implicó una ganancia en el poder adquisitivo de las pasividades. “El hecho de que las pasividades estén atadas a los salarios y aumenten en función de la variación salarial no es en sí algo bueno o malo, lo que lo hace bueno o malo es si al compararlo con el aumento de precios hacen aumentar o disminuir la jubilación. Durante estos esos años, el gobierno en cada mes de enero otorgaba el aumento que indicaba el IMS y el resultado era positivo porque siempre estaba por encima de la inflación, pero esa realidad cambió en los últimos tres años, ya que los salarios crecieron menos que los precios. En 2019 quedaron casi empatados, apenas por arriba de la inflación, y en 2020 y 2021 se registró una caída importante del poder de compra de las jubilaciones. En definitiva, si el gobierno fija el aumento de las pasividades en función de lo que creció el salario -menos que inflación- va a haber pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones por segundo año consecutivo”.

Para Regalado esta política de ajuste “indudablemente representa un ahorro para el gobierno”, ya que “si tuviera la intención de mantener el poder de compra de jubilados y pensionistas debería dar el aumento en función de la inflación y no de los salarios” porque de esa forma “no los hace ganar, pero tampoco los deja perder”.

 

2×1 en ahorro

Regalado reconoció que este es un problema que “afecta a todas las cajas públicas”, incluidos los servicios de retiro policial y militar, pero planteó observar solo el caso del BPS en 2020, último año cerrado. “Grosso modo se gastaron unos 4.700 millones de dólares en jubilaciones. Si ese volumen en lugar de ajustarlo por inflación lo ajustan por IMS, el gobierno ahorra en el entorno de 90 millones de dólares. Acá hay una decisión política porque esto se estipula a partir de un decreto que el Poder Ejecutivo hace todos los años. Entonces, si el gobierno define el ajuste por IMS se embolsa esa cifra solo con jubilaciones y pensiones. No debemos olvidar que esto ya ocurrió el año pasado, por lo cual si se suma los dos años la cifra se duplica”.

Con respecto a este tipo de “ahorro”, el economista opinó que se logra “a costa de la resignación del poder adquisitivo de jubiladas y jubilados y, por ende, de su bienestar”.

Según los últimos datos de la evolución salarial hasta noviembre publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice Medio de Salario Nominal -el que se utiliza para ajustar las jubilaciones- aumentó un 5,89%, mientras que la inflación cerró en 7,6. “Estamos hablando de casi dos puntos de diferencia en la caída salarial y todavía falta un mes más de salarios. Es muy probable que la pérdida de poder adquisitivo final sea similar a la del año pasado”.

 

Del dicho al hecho

En los últimos días, integrantes del gobierno realizaron discursos optimistas con respecto a la economía y el empleo. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, le dijo a radio Carve que “los salarios deberían comenzar a subir”. Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social también se ha referido a las cifras de desempleo y pronosticó un futuro próspero. “La realidad laboral del país ha mejorado significativamente. Esto lo muestran los indicadores de empleo. Y también empieza a haber un proceso gradual de recuperación del salario”, declaró Mieres a El País. Consultado sobre este tipo de declaraciones, Regalado opinó que “hay una doble lectura de toda la situación”. “Por un lado se escuchan discursos positivos sobre la situación económica, se habla de recuperación en materia de inversión, en materia de empleo y también se anuncian cifras récord de exportaciones en algunos sectores como la industria cárnica, pero a la hora de repartir esas mejoras no están siendo ni los trabajadores ni jubilados y pensionistas los grupos que se están beneficiando de esas mejoras anunciadas. Si la mejora no llega al bolsillo de los trabajadores, jubilados y pensionistas, se está quedando en sectores de altos ingresos o como ahorros del gobierno. Hay una disociación entre el discurso optimista del gobierno y los resultados concretos que llegan a los sectores más desfavorecidos”.

 

 

Lo que se viene: reforma jubilatoria

Regalado participó como representante de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) en la Comisión de Expertos en Seguridad Social que discutió la reforma jubilatoria y que cerró su trabajo en el mes de noviembre. Recordó que “Onajpu no acompañó ni el diagnóstico que elaboró la Comisión ni el documento con las recomendaciones” por entender que busca realizar modificaciones “negativas”  en el sistema previsional. Actualmente, el documento se encuentra en la órbita del Poder Ejecutivo que deberá abocarse a la tarea de redactar el proyecto de ley. “Probablemente no se dé a conocer antes del referéndum. Es una apreciación personal, pero creo que es evidente que la discusión se enfrió producto del tema de la recolección de firmas y eso da una pista del trasfondo que tiene esta reforma. Si el propio gobierno está diciendo que se plantean el referéndum como una valoración de su gestión, si se estuviera planteando una reforma jubilatoria que propusiera ampliar beneficios o seguir avanzando, la discusión estaría sobre la mesa. El documento trascendió poco para la relevancia que tiene”.

Entre los aspectos más negativos de la reforma, Regalado mencionó que “plantea aumentar la edad mínima de retiro de forma indiscriminada, para todo tipo de actividad, tanto para una persona que trabaja en una oficina todo el día como para quienes trabajan a la intemperie, con condiciones bien distintas”. Por otro lado señaló que busca reducir la tasa de reemplazo de las personas que se jubilan por imposibilidad física. “La tasa de reemplazo es el porcentaje de salario con el cual corresponde jubilarse. Estas personas hoy se retiran con 65% y se plantea llevarlo a 50%  sin una justificación técnica”. Además, el experto cuestionó que se trata de una reforma que propone profundizar el régimen de AFAP y llevarlo a aquellos sectores que no lo tienen. “Es un régimen con el que desde Onajpu tenemos profundas diferencias filosóficas que quedaron demostradas en el funcionamiento del sistema en los últimos años”.

También cuestionó que el documento para la reforma “no propone cambios significativos en el sistema de retiro policial y militar cuando se observó en el diagnóstico que es un sistema absolutamente privilegiado en lo que refiere a las condiciones para acceder al retiro por edad y tasa de reemplazo”. Asimismo, se mostró en desacuerdo con las modificaciones en la forma de calcular las jubilaciones por edad avanzada. “La última reforma en 2008 permitió que si una persona tenía 65 años de edad y 25 de aportes, se pudiera jubilar. Antes eran 60 y 30 o tenías que esperar hasta 70 años de edad con 15 de servicio. Hoy una persona ya no va a poder jubilarse con esa distribución de edad y servicio, sino que va a ser con 65 de edad y 30 de servicio”.

Regalado aseguró que “podría seguir” enumerando aspectos negativos porque “la reforma tiene una serie de retrocesos y aumenta las dificultades para el acceso a los derechos”. “Entendemos que tiene características impopulares y por eso el gobierno no la ha dado a conocer. Supuestamente se está redactado, pero me arriesgaría a decir que no va a aparecer hasta que no se haya resuelto el referéndum”.

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