La conmemoración de un nuevo aniversario de la heroica revolución cubana, que derrocó el 1º de enero de 1959 a la dictadura del criminal delfín imperialista Fulgencio Batista, recalentó el ambiente político uruguayo en plena temporada estival, generando una nueva colisión entre el oficialismo y el Frente Amplio.
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La ambigüedad de los blancos
Caras y Caretas Diario
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En esta oportunidad, el objetivo de los ataques fue el precandidato presidencial frenteamplista Mario Bergara, quien fue duramente fustigado por el ministro de Defensa Nacional, Javier García.
Consultado sobre el emblemático hito que hace 65 años alumbró el horizonte emancipador de nuestra América Latina, Bergara celebró la dimensión histórica del acontecimiento, que culminó con la caída de uno de los regímenes liberticidas más aberrantes del siglo pasado y con la instalación de un modelo socialista en las propias narices del imperialismo norteamericano. Empero, el político manifestó que no comulga con un sistema de partido único, aunque advirtió que “la forma de procesar un cambio tiene que definirla el pueblo cubano”.
Sin embargo, pese a sus moderadas declaraciones, la derecha le cayó encima, tal cual sucedió, a fines del año pasado, con el también precandidato frenteamplista Yamandú Orsi. En este caso, el papagayo blanco de turno fue Javier García, quien opinó sobre el gobierno cubano: “Es sencillo: si no hay elecciones, hay partido único y no hay libertad de prensa, es dictadura”.
Obviamente, para el Partido Nacional, que en el pasado colaboró con el gobierno autoritario, ya que varios de sus referentes –particularmente herreristas– ocuparon cargos en ministerios, empresas públicas y gobiernos departamentales, el concepto de democracia es ambiguo.
En efecto, jamás pidieron perdón por haber aportado decenas de políticos pertenecientes a la colectividad al despótico régimen cívico militar que asoló al Uruguay, entre ellos, un dictador, Aparicio Méndez, y un presidente del usurpador Consejo de Estado y exsenador, Martín Echegoyen. Incluso, el último dictador, el general Gregorio Álvarez, también era de origen blanco.
Otra figura referente del nacionalismo, que fue uno de los cabecillas del golpe de Estado que derribó las instituciones democráticas y uno de los militares de mayor influencia durante el período más oscuro de nuestra historia, fue el general Mario Aguerrondo, candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 1971 por el ala herrerista, por la cual fue electo diputado Luis Alberto Lacalle Herrera, padre del actual presidente.
Es decir, más allá de la sistemática persecución a la cual fue sometido el caudillo nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, quien se exilió en el exterior y a su regreso fue detenido por los militares e inhabilitado para participar en las rengas elecciones tuteladas de 1984, entre el Partido Nacional y la dictadura existe una suerte de romance no declarado.
Cuando se afirma que la centenaria colectividad de Oribe se opuso a la ruptura institucional y al régimen criminal que detentó el poder durante más de una década, debería aclararse que el que asumió una firme postura de repudio a los desmanes perpetrados por el gobierno autoritario fue únicamente el wilsonismo.
En cambio, hubo decenas de herreristas que ocuparon algunos de los 421 cargos de particular confianza del régimen autocrático confiados a los civiles, porque naturalmente compartían la ideología apátrida y pro oligárquica que inspiró el alzamiento castrense y el denominado proceso cívico militar.
En consecuencia, para el herrerismo, bloque dominante del nacionalismo al cual pertenece el presidente Luis Lacalle Pou, la dictadura uruguaya parece haber sido una dictablanda o un mero gobierno de facto, como acostumbraba la derecha a denominar a la abominación institucional que detentó el poder absoluto entre junio de 1973 y febrero de 1985.
Por si no hubiera sido suficiente, el Partido Nacional aprobó, junto al Partido Colorado, en diciembre de 1986, la Ley de Caducidad, que perdonó los aberrantes crímenes perpetrados por los militares durante los años oscuros.
Esa visión oblicua y hemipléjica de la historia, del pasado y del presente, es la que aplica, en materia de política exterior, este gobierno de coalición encabezado por el Partido Nacional, que, por acción u omisión, ha tolerado, en silencio, algunos regímenes autoritarios y también agresiones militares y prácticas genocidas.
El caso más flagrante de convalidación de métodos violentos y autoritarios es su doble abstención a votar sendos pedidos de tregua humanitaria al conflicto de Medio Oriente en la ONU, que constituyen un cheque en blanco a la agresión de Israel contra los palestinos, que ya provocó más de 20.000 muertos.
Por supuesto, esta deleznable y cómplice postura de los blancos es consecuente con su actitud prescindente con respecto a la política imperialista y anexionista del estado de Israel, que sigue ocupando ilegalmente, desde la Guerra de los Seis Días de 1967, territorios en Cisjordania, las alturas del Golán, en Siria y Jerusalén Este. Incluso, en algunos de estos lugares Israel instaló colonias, práctica que históricamente jamás fue condenada por la derecha.
Otro tanto sucede con varias monarquías árabes de Oriente Próximo –que son obviamente despiadadas dictaduras– las cuales violan groseramente los derechos humanos, particularmente los de la mujer. Obviamente, en esos países, con los cuales Uruguay mantiene un fluido intercambio comercial, no hay elecciones ni libertad de prensa.
Por supuesto, la postura del Gobierno uruguayo está alineada con la de Estados Unidos que, fiel a su histórica vocación de gendarme imperialista, envió en esta oportunidad dos poderosos portaaviones al Mar Mediterráneo, con decenas de bombarderos y cazabombarderos, toneladas de artillería pesada y miles de marines, que, si es menester, están en condiciones de entrar en acción. Tampoco la presencia militar norteamericana en la región fue cuestionada por el Gobierno de Luis Lacalle Pou.
Esta derecha impresentable representa el papel de mero perrito faldero del imperio, como cuando condenó en foros internacionales a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero no hizo lo mismo con la dictadura instalada en Perú, tras el derrocamiento –mediante un ominoso golpe de Estado parlamentario– del presidente constitucional Pedro Castillo y la instalación de un régimen autoritario y liberticida que asesinó a decenas de manifestantes en cruentas acciones de represión callejera.
Otras barbaridades perpetradas por Lacalle Pou fueron la actitud de mantener reuniones con el mandatario saliente colombiano Iván Duque y haber ignorado al por entonces presidente electo Gustavo Petro, e invitar a su ceremonia de asunción presidencial, el 1º de marzo de 2020, a la dictadora y golpista boliviana Jeanine Áñez, hoy presa por crímenes de lesa humanidad durante su mandato ilegal, mientras ignoró a otros jefes de Estado que no comulgan con su signo ideológico.
Por supuesto, como es nuestro principal socio comercial y por ende prevalecen los intereses económicos, el Gobierno uruguayo jamás cuestionó que China tenga un sistema político de partido único, que para nada sintoniza con la tradición de nuestro país.
En el pasado, el Partido Nacional –al igual que sus socios políticos de derecha– no cuestionó el golpe de Estado que derrocó al presidente socialista boliviano Evo Morales ni la destitución ilegal de la presidenta izquierdista brasileña Dilma Rousseff, reconociendo en cambio a los gobiernos usurpadores.
Tal es la ambigüedad del Partido Nacional, que no mide con el mismo rasero situaciones políticas análogas y tiene una política exterior errática y funcional a afinidades ideológicas o intereses comerciales. Esta es la visión hemipléjica de los blancos, que mientras cuestionan una revolución emancipadora como la cubana, siguen haciendo la vista gorda ante dictaduras, agresiones militares y genocidios.