El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario en Venezuela informó la liberación de 99 personas que se encontraban detenidas por su vinculación con hechos de violencia e incitación al odio registrados después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
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En medio del caos, “comanditos” vinculados a la derecha extrema atacaron infraestructura pública y símbolos nacionales en Venezuela.
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La decisión fue adoptada por el Ejecutivo Nacional en coordinación con el Sistema de Justicia, luego de una revisión individual de los expedientes, y derivó en la concesión de medidas cautelares conforme al marco jurídico vigente.
Compromiso del Estado
De acuerdo con el comunicado oficial, estas excarcelaciones forman parte del compromiso del Estado venezolano con la convivencia pacífica, el entendimiento y el ejercicio de una justicia equilibrada. El ministerio subrayó que la medida se inscribe en las políticas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro Moros para garantizar el respeto de los derechos humanos, incluso en contextos de alta conflictividad política.
El texto también sostiene que algunas de las personas beneficiadas habrían actuado bajo la influencia de campañas de manipulación política y mediática, incurriendo en acciones que afectaron la soberanía, la institucionalidad y la armonía social. No obstante, el Estado reiteró su obligación de asegurar condiciones de reclusión ajustadas a la legalidad, el respeto y la atención integral de las personas privadas de libertad, aun en medio de presiones externas y agresiones multilaterales contra el país.
Más de dos mil personas han sido liberadas
En este contexto, el Ministerio Público informó que, como parte de un proceso de revisión riguroso y ajustado a derecho, más de dos mil personas han sido liberadas por su vinculación con los hechos violentos posteriores a los comicios. La Fiscalía reiteró su compromiso con las garantías constitucionales y los derechos humanos, destacando que las excarcelaciones buscan equilibrar la aplicación de la justicia con la posibilidad de reintegración social.
Las autoridades recordaron que la ola de violencia dejó un saldo de 25 fallecidos y cientos de heridos. Al mismo tiempo, aclararon que las medidas no implican impunidad. Las investigaciones continúan respecto a los episodios más graves, que incluyen asesinatos, ataques a instituciones del Estado y agresiones contra veedores internacionales.
Según el fiscal general Tarek William Saab, estos hechos habrían sido ejecutados por estructuras organizadas conocidas como “Comanditos”, presuntamente vinculadas a sectores de la oposición extrema, con el objetivo de desestabilizar el país y desconocer los resultados electorales. Entre las víctimas se encuentran funcionarios de los cuerpos de seguridad, como los sargentos José Antonio Torrents y Jormen Martínez.
El Gobierno Bolivariano reafirmó que continuará actuando con responsabilidad y firmeza en defensa de la paz, la justicia social y la soberanía nacional.
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