¿Ancap se asociará con privados en el sector del portland?

Este proceso, como ya fue informado por Caras y Caretas, se inició en el mes de setiembre de 2022 y ha recibido duras críticas por parte de la Federación de Ancap (Fancap) y también del Frente Amplio.

Para el sindicato esta licitación es en realidad un proceso de privatización y es inconstitucional. Por eso han denunciado que el gobierno pretende que en este negocio la participación de la empresa estatal se reduzca a 10 por ciento de la producción de piedra caliza y que el resto (90%) se lo quede una empresa privada.

En consecuencia, Fancap convocó para este martes a un paro y a una concentración, que está prevista para las 11 de la mañana en la refinería de La Teja.

"Se va a enajenar un patrimonio público"

Luego de la reunión de la Mesa Política del Frente Amplio, el senador José Nunes sostuvo que esta licitación es "una decisión pésima". De prosperar, "se va a enajenar un patrimonio público" y se "va a entregar a manos privadas la explotación de un recurso natural (piedra caliza) no renovable".

En cualquier esquema de asociación, dijo el legislador, las comunidades de Lavalleja, Treinta y Tres y Paysandú se verán afectadas. En estos enclaves se ubican las plantas de Ancap y en este negocio "no hay ninguna garantía" de que se preserven los puestos de trabajo, y "tampoco hay garantías de que las plantas sigan funcionando".

Por estas razones, sentenció, esta licitación debería suspenderse. Otra razón, agregó, es que el pliego de condiciones tuvo recientemente una modificación clave que "facilitó las condiciones para que empresas con menos respaldo financiero pudieran participar en el llamado".

¿Qué dice Ancap?

Por otra parte, Richard Charamelo, director de Ancap, señaló que hubo "una cantidad importante de interesados" en esta licitación. No obstante, reconoció, "no es fácil" encontrar un socio privado "en esta coyuntura internacional y con todos los requerimientos que Ancap planteó en los pliegos, apostando a mantener el personal y el control de los yacimientos".

Luego de la apertura de sobres, se informó a la prensa, un equipo técnico tendrá que analizar las propuestas y elevar luego un informe al directorio. En el siguiente paso, la petrolera estatal tendrá que iniciar negociaciones con el Ministerio de Industria para tomar una decisión.

Si esto prospera, según declaró Charamelo, la empresa estatal se quedaría con un porcentaje del negocio que oscilaría entre el 10 y el 30 por ciento, y el privado que resulte elegido se quedaría con un máximo del 90 por ciento o un mínimo del 70.