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Política Cardama | patrulleras | Jorge Díaz

metió reversa

Cardama decidió no hacer juicio a Uruguay y la rescisión del contrato queda firme

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, anunció que tras desistir Cardama del juicio Defensa queda libre para reclamar por daños y perjuicios.

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Finalmente, no habrá juicio de Cardama al Estado uruguayo. Esto se debe a que el propietario de la firma española no recurrió la rescisión del contrato con el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) por la construcción de las patrulleras oceánicas, por lo que el acto quedó firme, según anunció el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

En declaraciones a Subrayado (Canal 10), el jerarca dijo que, al no recurrir la empresa la rescisión del contrato, el MDN puede avanzar en el reclamo de daños y perjuicios.

El acto administrativo de la rescisión del contrato no fue recurrido por el astillero; la rescisión es definitiva. No hay que tratar ningún recurso ni va a haber juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Lo que queda pendiente son las consecuencias de la rescisión: los daños y perjuicios”, afirmó Díaz.

Agregó que esto le permite a Defensa iniciar el proceso de reclamo por los daños y perjuicios a Cardama. “Es un paso importante; para nosotros es clave. Nos da una gran tranquilidad de haber actuado conforme a derecho”, destacó.

Polémico Cardama

La construcción de dos patrulleras oceánicas por parte del astillero español Cardama, sin experiencia en este tipo de trabajos, fue decidida por el gobierno de Luis Lacalle Pou luego de fracasar el proceso de licitación convocado a tales efectos.

En el pasado mes de febrero, el presidente Yamandú Orsi anunció la rescisión del contrato por incumplimientos graves en la construcción de las patrulleras oceánicas. Indicó que el gobierno iniciará acciones por daños y perjuicios, buscará recuperar el patrimonio invertido y definir responsabilidades, al tiempo que procurará avanzar por otra vía para adquirir los buques.

Se desprende de lo informado por Díaz en esa ocasión que el Estado cumplió con todas sus obligaciones y señaló que hubo dos garantías inválidas presentadas por la empresa. Además, prosiguió, no había ninguna garantía vigente, lo que habilitó la rescisión.

Las posibles implicancias políticas se encuentran a estudio de una comisión especial bicameral.