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Política datos | información | organismos públicos

Datos abiertos

Cosse impulsa un inventario nacional de datos del Estado: ¿qué propone el proyecto?

Cosse impulsa un inventario nacional de datos del Estado para obligar a los organismos públicos a ordenar y publicar información.

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La iniciativa, presentada por la bancada de senadores del Frente Amplio, propone crear un Inventario Nacional de Activos de Datos, con carácter obligatorio para los organismos públicos y mecanismos de supervisión y sanción para quienes no cumplan. La vicepresidenta Carolina Cosse presentó la propuesta el miércoles 11 de noviembre ante la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado. El proyecto, denominado Datos abiertos y gestión basada en evidencia, parte de que actualmente Uruguay no cuenta con un inventario completo y público de los datos que generan las distintas instituciones estatales.

Durante su exposición, la vicepresidenta señaló que existe una realidad desigual. Mientras algunos organismos publican información de manera sistemática, otros lo hacen ocasionalmente y algunos prácticamente no la ponen a disposición de la ciudadanía. La iniciativa pretende que esa práctica deje de depender de la voluntad o capacidad de cada institución y se convierta en una política obligatoria para todo el Estado.

Qué información deberán registrar los organismos públicos

El proyecto establece que cada organismo deberá identificar y documentar los datos que produce y administra. Esto implica informar qué información tiene disponible, dónde se encuentra almacenada, quién es responsable de gestionarla, cuál es su finalidad y cuándo fue actualizada. Además, los datos deberán clasificarse en tres categorías: públicos, reservados o confidenciales, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Cada institución deberá designar referentes responsables de esta tarea y elaborar un plan de datos abiertos. Según explicó Cosse, actualmente estas responsabilidades suelen recaer en personas de las áreas informáticas, sin que exista necesariamente una política integral que abarque a toda la institución. La propuesta también apunta a modificar la forma en que se publica la información. No será suficiente con subir documentos a una página web, los datos deberán estar disponibles en formatos estandarizados que permitan su procesamiento, reutilización y análisis. En ese sentido, Cosse cuestionó que se considere abierta la información por el simple hecho de publicar archivos en PDF. Como ejemplo, planteó que poner a disposición mil documentos en ese formato no garantiza que los datos puedan ser aprovechados.

¿Qué pasará con los datos personales y la información reservada?

Uno de los aspectos que generó interrogantes durante la presentación fue el alcance de la apertura de información y sus posibles consecuencias sobre la privacidad. La iniciativa mantiene las excepciones previstas por la legislación para los datos protegidos por secreto, reserva o confidencialidad. En los casos en que exista información personal, se prevé aplicar técnicas de disociación para conservar los datos sustantivos sin permitir la identificación de las personas involucradas.

Ante las objeciones, Cosse aclaró que el objetivo no es obligar a las instituciones a divulgar información protegida. En su exposición sostuvo que no se está pidiendo al Estado que publique «lo impublicable». El proyecto establece como principios la disponibilidad y el acceso a los datos, su reutilización y redistribución, y la participación universal. También contempla espacios de participación ciudadana convocados por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic).

Agesic podrá supervisar y aplicar multas

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es el papel que tendrá Agesic. La agencia será responsable de coordinar y supervisar la política nacional de datos abiertos, además de controlar que los organismos cumplan con las obligaciones establecidas. El proyecto le otorgaría facultades para realizar apercibimientos y aplicar multas ante incumplimientos. Sin embargo, los montos de las eventuales sanciones todavía no están definidos.

Agesic también deberá elaborar un informe anual sobre los avances de la implementación y presentarlo tanto al Poder Ejecutivo como a la Asamblea General. En cuanto a los plazos, la propuesta prevé un proceso gradual. Los organismos dispondrían de seis meses desde la promulgación de la ley para confeccionar y publicar sus inventarios de datos. Luego contarían con otros doce meses para realizar las adecuaciones tecnológicas necesarias y avanzar hacia la publicación automatizada de la información. Cosse consideró que esos tiempos son realizables.

Inteligencia artificial, innovación y seguridad: los argumentos de Cosse

La vicepresidenta vinculó la propuesta con los desafíos que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial y la necesidad de modernizar la gestión pública. Su argumento es que tanto el Estado como las empresas necesitan contar con información ordenada y accesible para aprovechar las herramientas de IA. Los datos constituyen la materia prima de estos sistemas y, cuando están dispersos o almacenados en formatos incompatibles, se dificulta su procesamiento.

La apertura también podría facilitar el trabajo científico, impulsar nuevos desarrollos tecnológicos y generar oportunidades de innovación. Cosse mencionó como ejemplo las aplicaciones vinculadas al clima, que pueden utilizar datos abiertos para desarrollar servicios y modelos de negocio. Otro de los argumentos expuestos fue el de la seguridad informática. Según planteó, conocer qué información existe, dónde está almacenada y quién tiene responsabilidad sobre ella también permite mejorar su protección. Por el contrario, mantener datos dispersos en diferentes formatos y sistemas dificulta su control y aumenta la exposición del Estado.