El gobierno pega duro y el Frente le responde

Desde el Frente Amplio (FA), el senador José Nunes planteó la otra cara del problema: esta licitación fallida es "la confirmación de que se tomó un camino equivocado que ha hecho perder dos años y que ha llevado a incrementar notoriamente las pérdidas del sector".

Para Vicente Iglesias, director de Ancap en representación del FA, el intento del gobierno para asociar a la empresa con privados ya pasó: "Es el momento de mirar para adelante" y ahora "los ciudadanos de Paysandú, Minas y Treinta y Tres hoy tienen un poquito más de tranquilidad". Además, subrayó Iglesias, "yo no comparto que el tema sindical haya influido".

El desafío para Ancap, siguió Iglesias, es disminuir el déficit en la industria cementera. Este es el mandado de la ley del año 1931: "Producir pórtland al menor costo posible". Y esto se hace "reorganizando a la gente, abriendo mercados, subiendo la producción y después haciendo las inversiones necesarias".

El senador Nunes fue en la misma línea y sostuvo que este problema se soluciona con una planificación de inversiones. De esta forma, las plantas de Ancap tendrán "una eficiencia operativa acorde a la actual realidad de la fabricación del cemento pórtland", lo que depende, claramente, de una voluntad política del gobierno nacional.

A esto, Nunes agregó: "Esta licitación desierta es el fracaso de una política que, en vez de apuntar a cómo la empresa pública lograba resolver sus problemas de competitividad, confió en entregarlos a manos privadas".

Fancap estudia la situación

Luego de la movilización y paro que realizó este martes, Fancap, el sindicato que nuclea a los trabajadores de la empresa pública, resolvió convocar a una asamblea para mañana en el local de Sutel. Allí, informaron fuentes gremiales, se evaluará esta fallida licitación.

Durante la concentración en la refinería de La Teja, la presidenta de Fancap, Natalia Belo, informó que esa movilización era contra "la entrega de la industria cementera" y en contra "de un pliego que va en contra de la Constitución, que entrega por entre 40 y 100 años la piedra caliza y las plantas de Ancap".

Esta iniciativa oficialista "le quita trabajo a no menos de 300 familias del Sunca y no sabemos el nivel de afectación que va a tener para los trabajadores de Ancap".

Belo reconoció que las relaciones con las autoridades de la empresa pública están tensas. "Del otro lado no hubo ningún tipo de flexibilización, y lo que sí ha habido es una voluntad expresa, planteada incluso a nivel tripartito, de persecución a los trabajadores", explicó la dirigente a La Diaria.