Ante la consulta sobre el rol estratégico actual de la Dinacoin, el jerarca explicó que se trata de un organismo creado en 2010 con el cometido “llevar al territorio las políticas definidas por el ministro de Trabajo”. Para ello, detalló, articula con distintas unidades ejecutoras, como la Inspección General de Trabajo, la Dirección Nacional de Seguridad Social y la Dirección Nacional de Trabajo, con el fin de asegurar la implementación coordinada de las políticas públicas.
Más presencia territorial
En relación a los ejes de trabajo definidos para esta etapa, el jerarca indicó que, desde el inicio de la gestión, se propusieron “una readecuación de la red física del Ministerio con el objetivo de avanzar en un proceso de descentralización y de complementación de funciones con otras unidades ejecutoras e instituciones públicas”.
Según explicó, esta estrategia implicó fortalecer la presencia territorial mediante recorridas por las 40 oficinas oficinas de trabajo en todo el país y la articulación con actores sociales. En ese marco, mantuvieron reuniones con más de 250 organizaciones vinculadas al mundo laboral, entre ellas cooperativas, sociedades de fomento, cámaras empresariales, sindicatos y organizaciones sociales.
Asimismo, destacó que durante 2025 participaron en más de 100 mesas interinstitucionales vinculadas a políticas sociales, discapacidad, derechos humanos y violencia de género, entre otras áreas que requieren articulación estatal.
Otro de los objetivos, señaló el jerarca, fue “instalar la negociación colectiva en los territorios donde se desarrollan las relaciones laborales, jerarquizando las oficinas del Ministerio en el interior como ámbitos de resolución de conflictos entre actores sociales”.
En esa línea, subrayó la creación de seis Centros Regionales como parte de este proceso. “Ya fue inaugurado el centro de Maldonado en diciembre de 2025, y para este año se proyectan los de Paso de los Toros y Melo, y los de Paysandú, Rivera y Colonia en 2027”.
Centros regionales
¿Qué son los Centros Regionales? ¿Qué servicios ofrecen? Sobre este punto el jerarca explicó que se trata de una herramienta orientada a ampliar la oferta del Ministerio de Trabajo en el territorio, incorporando nuevas prestaciones y fortaleciendo la atención a la ciudadanía. “A modo de ejemplo, hicimos un convenio con el Instituto Nacional de Cooperativismo a efectos de que se pudieran instalar en las oficinas del Ministerio de Trabajo con un puesto de atención fijo, lo cual permite que el Ministerio no solamente tenga una función de recepcionar denuncias, de realizar liquidaciones, de promover la negociación colectiva, sino que, además, cuando se verifica la ruptura del vínculo laboral, la persona tenga una orientación, una perspectiva de cómo revincularse nuevamente con el mundo laboral y propender a su reconversión laboral”, afirmó.
Mendiondo también valoró el trabajo coordinado con la Dirección Nacional de Empleo, que ya cuenta con dos puestos en el Centro Regional de Maldonado y ha avanzado en la instalación de espacios de atención en distintas localidades como Ciudad de la Costa, Pando, Las Piedras y Atlántida, a las que se sumarán próximamente Piriápolis y Rocha.
En cuanto a la apertura del Centro Regional en Maldonado a fines de 2025, el jerarca evaluó que el balance inicial “es positivo”, asegurando que el espacio ha sido especialmente valorado por personas que buscan alternativas de inserción y reconversión laboral. En ese sentido, destacó el impacto del convenio con el Inacop que permitió fortalecer el acompañamiento a emprendimientos cooperativos y de la economía social. “La respuesta que estamos teniendo es muy buena. Desde la perspectiva de la sociedad que busca nuevas herramientas para poder generar empleo y sobre todo para los procesos de reconversión laboral”, afirmó.
De acuerdo a lo señalado, la instalación de un puesto de atención fija de ese organismo contribuye a consolidar el vínculo con colectivos que se organizan bajo modalidades de autogestión, potenciando su desarrollo.
Asimismo, adelantó que se apunta a replicar esta lógica con el Inefop, de modo de integrar también las demandas de formación dentro del ámbito del Ministerio, con asesoramiento técnico especializado. El objetivo, explicó, es que quienes acuden a estas oficinas puedan acceder a información completa en un mismo lugar.
Unidades de Atención Ciudadana
Otra de las estrategias que se llevaron a cabo para aumentar la presencia del MTSS en el interior son las Unidades de Atención Ciudadana, instaladas en locales del Banco de Previsión Social mediante convenios de complementación de recursos. Estos espacios, explicó Mendiondo, permiten brindar atención semanal en localidades como Vichadero (Rivera), Vergara (Treinta y Tres), Casupá (Florida) y Libertad (San José). En tanto, informó que para este año está prevista la apertura de nuevas unidades en Minas de Corrales (Rivera), San Gregorio de Polanco (Tacuarembó), Santa Clara de Olimar (Treinta y Tres) y José Pedro Varela (Lavalleja), mientras que para 2027 se evalúa reabrir Sarandí Grande (Florida) e instalar nuevos puntos en Tranqueras (Rivera) y Constitución (Salto).
Sobre los aportes concretos de la presencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el interior, el jerarca expresó: “Primero, acerca los servicios al territorio; y segundo, actúa como un elemento preventivo desde la perspectiva del cumplimiento de las normas de seguridad laboral, de salud laboral, de higiene laboral”.
En esa línea, señaló que se viene trabajando de forma coordinada con la Inspección General del Trabajo en la detección de situaciones irregulares y problemáticas vinculadas a las condiciones laborales. Asimismo, destacó la participación en el Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo, impulsado por ese organismo, como un ámbito que promueve el intercambio entre empleadores y trabajadores.
Recuperar el rol político del MTSS
El desafío del MTSS va más allá de ofrecer servicios en el interior y de garantizar el ejercicio de derechos laborales y el cumplimiento de obligaciones: se busca, en palabras de Mendiondo, “recuperar el rol político que debe tener el Ministerio de Trabajo en el territorio”. Y agregó: “La caracterización que hicimos al asumir la gestión es que había un descuido y un retiro del Estado de los territorios, particularmente el Ministerio del Trabajo, que además se expresa en la disminución de personal”.
Ante el escenario planteado, comentó que uno de los objetivos es reforzar el ingreso de funcionarios, para lo cual consideran necesario flexibilizar el decreto 310/021, que establece el llenado de una vacante cada tres. A su entender, “mantener ese criterio dificulta sostener niveles adecuados de atención”. Además, detalló que en la última década “la plantilla se redujo de 192 a 123 funcionarios”, en paralelo a un incremento de la demanda producto de una mayor presencia territorial.
Por otra parte, sostuvo que la recuperación del rol político implica también un Ministerio activo en los ámbitos de diálogo social. En ese sentido, destacó la participación en comités de frontera y en instancias vinculadas al trabajo infantil, la formación y el empleo.
Adelantó que se proyecta la firma de un convenio con el Inefop, de características similares al suscrito con el Inacop, con el objetivo de instalar su presencia en oficinas del interior donde hoy no tiene representación. Esto, según indicó, permitirá fortalecer la respuesta a las necesidades de formación en función de las realidades locales.
Consultado sobre cuándo podrían verse los resultados del plan de descentralización, señaló que “el proceso de deterioro ha sido gradual, por lo que el proceso de recuperación también va a ser gradual”. De todos modos, destacó que, pese a tener un “presupuesto menguado”, durante 2025 “se avanzó mucho”. Y proyectó: “Para el 2026 tenemos expectativas de que, en función de una mayor asignación presupuestal, que se pueda renovar para el 2027, logremos completar todo el plan que nos hemos fijado”.
Las problemáticas del interior
Sobre las diferencias entre la realidad laboral de Montevideo y la del interior, el jerarca señaló que existen disparidades entre los distintos departamentos. “La situación del interior es muy particular en función de la producción, de la rama de actividad de cada uno de los lugares. Hay algunos departamentos que tienen índices de informalidad y de no registro en la seguridad social que están bastante por encima del promedio nacional. Vemos esas dificultades sobre todo en los departamentos de frontera”, afirmó.
El departamento de Treinta y Tres, señaló Mendiondo, es uno de los que presenta una realidad más compleja, en lo referido al desempleo. “De acuerdo a lo que hemos percibido en temporada, hay un índice de desempleo muy elevado, está en el 13,7 %”, informó.
También mencionó dificultades relacionadas con las condiciones laborales en sectores como el agro, la caña de azúcar y la extracción de piedra, donde se han realizado inspecciones y operativos. “Estas situaciones requieren intervenciones específicas para mejorar las condiciones de trabajo y las relaciones laborales”.
A modo de ejemplo, mencionó el caso de Colonia, donde se debieron enfrentar dificultades vinculadas a la crisis de la industria lechera, así como problemas en frigoríficos y empresas metalúrgicas, con impacto en la pérdida de puestos de trabajo y la necesidad de reconversión laboral.
En relación a los indicadores para evaluar el éxito de la estrategia de descentralización, el jerarca señaló que el seguimiento se realiza a través del “análisis de variables como la cantidad de consultas laborales o el número de negociaciones colectivas e individuales”, que —según afirmó— “han registrado un incremento respecto a años anteriores”.
En tal sentido, aseguró que “en algunas localidades donde antes no existía demanda, precisamente por la ausencia del Estado comenzaron a registrarse niveles significativos de actividad”. Como ejemplo, mencionó la reciente apertura de la oficina en Libertad, donde en poco más de tres meses se contabilizaron más de 200 consultas.
Para Mendiondo uno de los principales aprendizajes en lo que va de la gestión fue la necesidad de superar la fragmentación institucional. “Teníamos el problema de una gestión compartimentada entre las diferentes direcciones e instituciones vinculadas al Ministerio. Lo que buscamos ahora es una gestión integrada que permita mejorar la calidad del servicio, más allá de la ampliación de la cobertura territorial”, concluyó.
