Lo ocurrido entre el astillero Cardama y el gobierno uruguayo encabezado por el presidente Yamandú Orsi sigue dando que hablar. El oficialismo tiene una visión sobre el tema y la oposición otra. En las últimas horas el exsenador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se refirió al anuncio del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama –que está construyendo dos patrullas oceánicas para la Armada– y lamentó que se tome esa decisión aunque señaló que “es poco serio y probablemente delictivo” que una empresa que quiere venderle al Estado por US$ 90 millones presente “un aval de 4 millones inexistente”.
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“Es grave y debe denunciarse como corresponde. Se deberán determinar responsabilidades y castigar a quienes actuaron con negligencia o dolo. De eso no tenemos dudas”, escribió en una columna en el semanario La Mañana.
El exsenador lamentó que se “corte el proceso” de compra de las patrullas oceánicas, un reclamo que lleva más de una década por parte de la Armada, y recordó que se estima que las pérdidas por la “incapacidad de controlar” el mar supera los “US$ 100 millones anuales”.
“Compárese con el costo de las embarcaciones necesarias para evitar esas pérdidas, y cuesta creer que llevemos tantos años de idas y venidas sin poder alcanzar la solución necesaria”, escribió y agregó que “existen consideraciones de seguridad nacional que hacen impostergable” dotar a la Armada de las patrullas.
"El gobierno está arriesgando"
Para Manini el gobierno se está arriesgando, al rescindir el contrato, a perder los US$ 30 millones que ya pagó y expone al país a “un eventual juicio internacional de resultado incierto”. “Ahí sí tenemos dudas de que sea conveniente para el país”, agregó.
Manini señaló que el aval o garantía “es para ejecutar en caso de incumplimiento en los términos del contrato”. “Y no nos consta, al menos con la información a la que tenemos acceso, que ese incumplimiento se esté dando” escribió y agregó que quiere creer que el gobierno “tiene información” que él no de que la empresa española “iba a estafar” al Estado uruguayo y no iba a cumplir con sus obligaciones.
“Lo cierto es que al cortarse el proceso de construcción de las OPV se vuelve a fojas 0 y habrá que reiniciar el camino que, ya vimos, no se caracteriza por su rapidez”, opinó el excomandante en jefe del Ejército.