APU en alerta por venta de M24: despidos, opacidad y la soberanía en riesgo

“Altísima inversión”, “resultado económico deficitario”, “pérdidas” fueron algunas de las palabras con las que la empresa Bonimar S.A. —responsable de la radio M24 (97.9 FM Montevideo), 90.9 FM en Colonia y 102.5 FM en Maldonado—confirmó el “proceso de cambio de propietarios” y los despidos, mediante un comunicado. En ese texto expresaron no haber informado antes a los equipos de trabajo por no tener la “certeza total” de la venta, manifestaron un dolor “muy grande” por la pérdida de puestos laborales, informaron que las personas despedidas cobrarán el resto de noviembre y todo diciembre “sin necesidad de trabajar”, que todos los dependientes recibirán su liquidación correspondiente y que los equipos involucrados en programas coproducidos, vigentes hasta el 31 de diciembre, percibirán el pago hasta esa fecha. Nada se dijo sobre los futuros propietarios de la emisora, aunque desde el día uno se especula que se trata de el mismo grupo al que pertenece El Observador.

Ante esta situación, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) se declaró “en estado de alerta” y emitió un comunicado manifestando preocupación por la situación de la emisora M24 y el grupo de radios asociado, denunciando “inconsistencias y dilatorias a la hora de informar a las trabajadoras y los trabajadores”. Además, el sindicato advirtió sobre “el riesgo de que la onda termine en manos de capitales extranjeros mediante mecanismos para eludir la normativa vigente", lo que, de concretarse, "pone en juego la soberanía sobre un recurso estratégico como el espectro radioeléctrico".

Vulnerabilidad laboral y extranjerización

En diálogo con Caras y Caretas, el presidente de APU, Rody Olivera, explicó cuáles son los elementos que más preocupan al sindicato ante la venta de M24. Aclaró que el cierre de cualquier medio de comunicación “es siempre una noticia negativa”, independientemente de su orientación editorial, porque implica “pérdida de democracia", ya que los medios de comunicación "amplifican distintas voces, que siempre son necesarias".

El titular de APU puntualizó dos aspectos que generan la mayor inquietud en el gremio, “más allá de las connotaciones políticas que se le quiera dar al caso”: la vulnerabilidad laboral y la extranjerización de los medios. En cuanto a la situación de los trabajadores, destacó que el proceso de desvinculación en M24 fue "traumático como cualquier otro proceso" de cierre, y puso el foco en el marco normativo uruguayo. “El movimiento sindical siempre reclamó que los procesos de despido no responden al simple hecho de que como tienen para pagar los créditos laborales te pueden despedir. Eso a nosotros nos preocupa, pero es consecuencia de una ley que no hemos logrado modificar por falta de acuerdos”. Y añadió: “Si bien hay algunas leyes que amparan a los trabajadores, la gran mayoría amparan a los patrones". Esta realidad, sostuvo el dirigente, hace que no importe la calidad del trabajador o sus planes de vida: "No importa si sos un buen trabajador o si tenés planes para proyectarte en la vida [...] Es más, la gente de M24, los trabajadores y trabajadoras, estaban planificando el asado de fin de año porque le habían dado muy buenas las mediciones".

La otra preocupación de APU radica en que la frecuencia, que es una concesión del Estado, pase a manos de capitales extranjeros, y el impacto que esto pueda tener. Él lo expresó así: “El impacto tiene que ver con que los intereses son otros, vienen con otra dinámica. Además de que la extranjerización posibilita que se armen grandes conglomerados fuera del país, y que son recursos que se van, la gestión de un medio de comunicación, sea la editorial que sea, conlleva un manejo de la opinión pública. Eso nos preocupa muchísimo. En este caso, si bien la empresa expresó que no puede nombrar quién le vendió la emisora, hay muchas especulaciones de que el comprador sería uno de los propietarios de El Observador, que fue vicecanciller De Milei [por Gerardo Werthein]. Ese sería más o menos el perfil que podría tomar la emisora”.

Posible violación a la Ley de Medios

Sobre las razones por las que el procedimiento de venta de M24 podría violar la normativa vigente—como advirtió APU— Álvaro Pan Cruz, secretario general del sindicato, dijo a este medio que la inquietud principal radica en a quién se le cede el control de las empresas usufructuarias de las frecuencias radiales. De confirmarse la venta a un grupo con capitales extranjeros, se estarían “burlando” los principios originales de la Ley de Medios, dijo el dirigente. En tal sentido, recordó que la esencia de la normativa es evitar la concentración de medios y prohibir que las frecuencias se otorguen a capitales extranjeros. En este caso, advirtió que se estaría haciendo "las dos cosas en una".

Pan Cruz explicó que la forma en que se concretaría la “burla” y vulneración del marco normativo sería “mediante el uso de la figura de un testaferro, seguramente de nacionalidad uruguaya, cuando en realidad se le está otorgando a capitales extranjeros. Eso es lo que nosotros suponemos que pueda ocurrir. Pero no lo podemos afirmar porque, debido a la cláusula de confidencialidad, no tenemos la certeza de quién va a ser la empresa que se haría cargo de la radio".

Respecto a las implicancias que tendría que una frecuencia radial del Estado pase a manos de capital extranjero, Pan Cruz aseguró que sería “grave para la soberanía” y lo equiparó con vender una empresa pública a capitales extranjeros. "Es grave porque las ondas son del Estado, por lo tanto, de toda la ciudadanía. Si se le otorga el espacio a una empresa extranjera, es como venderles parte de nuestro territorio”.

Por otro lado, el representante de APU evidenció la confusión jurídica que rodea este tipo de transacciones en Uruguay, una situación que dificulta la defensa de estos principios. Reconoció que "hay un lío grande" respecto a cuál Ley de Medios está realmente vigente, lo que genera más dudas que certezas en temas cruciales como la soberanía y la prohibición de capitales extranjeros en el sector. ¿Cuál es la Ley de Medios que está vigente? Porque el Frente Amplio sobre el final de su gobierno anterior votó una ley de medios y después vino el gobierno de la coalición y le pasó por arriba con otra ley. “Todo el tema de la soberanía, de no entregar a capitales extranjeros, etcétera, está en la Ley de Medios, pero el tema es que no se sabe cuáles son los aspectos de la normativa que están vigentes. Es una locura que eso no esté claro”.

Sobre qué papel debería jugar el Estado en situaciones como esta, considerando la posibilidad de la extranjerización, Olivera sostuvo que lo primero que debe hacer es "rever las leyes" y fiscalizar. Hizo hincapié en la necesidad de controlar las adjudicaciones, ya que existen muchos concesionarios que "enajenan, traspasan, forman grandes empresas detrás de un permiso que es personal, intransferible e irrevocable". Este control podría ser el camino para "trabajar leyes que realmente amparen el periodismo libre, independiente, que lo valore".

El presidente de APU insistió en que el periodismo no debe verse únicamente como un negocio, sino como un agente educativo: "Hay quienes nos quieren hacer creer que la prensa es un tema comercial, que los medios son solo empresas comerciales, pero a través de los medios también se informa, se educa".

El rol de APU

Sobre el rol específico que ha asumido APU en el caso de M24, Olivera recordó que la organización gremial se rige por dos pilares fundamentales: “Si bien uno es la protección del ejercicio del periodismo, la libertad de expresión, el acceso a la información, todo lo que conlleva la profesión, el otro, y quizás prioritario, es "el derecho del trabajador y la trabajadora".

Olivera enfatizó que APU fue fundada bajo el espíritu de la defensa de las condiciones de trabajo y salario de todos los trabajadores de los medios de comunicación, sin importar su función: "Nuestra labor abarca el laudo de los salarios y condiciones de trabajo de todas las categorías y de todos los que dependen de un medio".

En el caso de los despidos de M24, el acompañamiento de APU se ha tornado clave para garantizar un proceso ordenado. De acuerdo al presidente, el objetivo principal es "contribuir al buen ámbito de negociación" y a que la desvinculación "sea lo menos angustiosa posible". Para ello, el sindicato gestionó ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que todas las negociaciones se centralizaran en la órbita de la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA), contó Olivera.

Olivera explicó que esta medida busca evitar la individualización, la presión sobre las y los trabajadores despedidos, trámites adicionales y reducir la incertidumbre: "Buscamos que se puedan presentar todos y todas juntas, en una sola mesa, y que la gente no tenga que ir a pedir su liquidación, traerla, compararla con la que presenta el patrón, etcétera".

Esta propuesta se planteó en la reunión tripartita entre la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), APU y Bonimar S.A., que tuvo lugar este lunes, y fue aceptada. El dirigente detalló que la representante de la firma, Andrea Martini, asistió acompañada por un abogado, y que fundamentó el cierre en razones económicas: “Expresó que se vendía por déficit, por tema económico, que la radio siempre había dado déficit y que habían decidido que no querían más déficit y la vendían”. Y agregó: "Los responsables de la radio aseguraron poder hacer frente a los créditos laborales de todos los trabajadores, a lo que desde el sindicato subrayamos ‘todos’. Martini dijo que sí, aunque el abogado agregó que tenían que estudiar caso por caso”.

Olivera remarcó que la empresa declaró contar con “29 trabajadores en planilla y 13 con contratos y empresas unipersonales, además de algunas coproducciones”, y que mostró disposición, asegurando que "ellos asumen todos los créditos laborales", aunque plantearon que “debían hacer un análisis puntual de los casos de algunos trabajadores".

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Desde APU advirtieron que los trabajadores unipersonales y contratados mantienen vínculos laborales asimilables a los dependientes, por lo que sus créditos deben ser reconocidos en igualdad de condiciones. Según Olivera, la representación patronal respondió que "entendían que se asimilaba”, y se comprometieron a intentar un trato similar para todos, exceptuando algunas coproducciones.

La próxima instancia de negociación, confirmó Olivera, será el lunes 1 de diciembre, donde la empresa presentará una propuesta económica. Al respecto, adelantó que están negociando "los créditos laborales por encima de la ley", es decir, buscando propuestas que superen lo que corresponde por normativa. El Ministerio de Trabajo, a través del doctor Carlos Rodríguez —presidente de la delegación que negocia el grupo Servicios culturales, de esparcimiento y comunicaciones—, confirmó su disposición para acompañar el proceso negociación.

Para finalizar, el dirigente contó que APU está trabajando en consolidar una mesa de seguridad para el periodismo, en virtud de la defensa del derecho a ejercer el periodismo, que ofrezca garantías a todas las personas que ejercen periodismo. “El año pasado hicimos el lanzamiento de esta iniciativa y actualmente estamos trabajando para consolidarla, con el acompañamiento de actores fundamentales como el Parlamento, la Suprema Corte de Justicia, Fiscalía, la Universidad de la República, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la UNESCO. Estamos trabajando con ese rumbo de la defensa de los derechos de las y los trabajadores, y buscando la forma de amalgamar una idea en conjunto con el Estado, para poder llevar adelante el ejercicio del periodismo, con firmeza, certeza y reglas claras de protección”.

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