El Negrito era un niño esclavo de muy pequeña talla y su tarea era cuidar las ovejas del patrón. Al volver del campo, una tarde gris, se descubrió que había extraviado una de ellas. El capataz le ordenó buscarla y el niño salió, desatándose casi en seguida una terrible tormenta eléctrica. Un diluvio súbito aceleró la llegada de la noche. El temporal cobró una furia inusitada y sólo amainó al clarear la madrugada. Al llegar el día lo encontraron muerto, protegiendo con su cuerpo a la ovejita extraviada.
Aunque la leyenda, que ha tenido algunas modificaciones, se convirtió en la “simpatía” de que cuando alguien pierde algo le prende una vela al negrito y se termina hallando el objeto perdido, lo que se sigue manteniendo es la costumbre de que el peón deba salir a buscar los animales (el capital semoviente), a pesar de los riesgos que implica salir bajo una tormenta.
En ese universo lejano e inhóspito perdura la impunidad de la orden patronal favorecida en algunos casos por costumbres arraigadas y fomentadas como el concepto de “coraje” minimizando los riesgos, que termina avasallando los derechos laborales y humanos de los trabajadores.
Luego de años y de muertes de trabajadores, en enero del 2022 el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, aprobó un decreto (el n.° 38/022) elaborado con el aporte de las organizaciones sindicales de trabajadores rurales.
Magra cosecha
Entre otras medidas, el decreto n.° 38/022 estipula que: "Cuando existan fenómenos meteorológicos adversos como lluvias, vientos, tormentas eléctricas u otros que por su magnitud comprometan la seguridad de los trabajadores rurales, se dispondrá por parte del empleador la suspensión de las tareas involucradas que conlleven riesgo, mientras subsistan tales condiciones. El empleador podrá sustituir dichas tareas por otras que no impliquen riesgo, mientras persistan dichas condiciones".
El decreto también establece como protocolo que “se entiende el protocolo adjunto como un lineamiento de actuación en casos de condiciones climáticas adversas o de fenómenos meteorológicos imprevistos, teniendo presente la existencia de lugares en el ámbito rural donde aún no se tiene acceso a las tecnologías requeridas para estar en conocimiento de estas últimas”.
Los sindicatos de trabajadores rurales denuncian que en el intento de aplicación efectiva de esta medida es donde las patronales ejercen su poder; quienes poseen la tecnología para las advertencias en general las desestiman, apelando a una “tradicional desconfianza” a la veracidad de los pronósticos, y, donde no hay tecnología pero años de observación y sabiduría popular han adiestrado el ojo humano para saber cuándo se avecina una tormenta o va a desbordar un arroyo, lo que se impone es la protección de la vida de los animales, en una mezcla de compasión y preservación del capital.
Los trabajadores sostienen enfáticamente que “las muertes se producen por la negativa tanto del MTSS como de las gremiales a admitir alertas de INUMET para activar protocolos, pues eso les desarma la discrecionalidad que gozan ahora, dependiendo de las directivas que asuman los responsables de los establecimientos, dejando librado a la libertad responsable y la fuerte omisión y ausencia del Estado en los territorios a través de la IGTSS y MTSS difundiendo la normativa y controlando que se cumpla".
El SIPES y el SUTAA han emitido un comunicado donde expresan que: "Durante el año 2022 la Organización Internacional del Trabajo ha declarado como un derecho fundamental en el trabajo, el derecho a un entorno de trabajo ‘seguro y saludable’”. En pocas palabras, esto se traduce en el derecho de todo trabajador a no morir, ni enfermar, ni lastimarse trabajando, entre otros derechos que encierra este amplio concepto. La norma internacional compromete a todos los Estados miembros de dicho organismo (OIT), a respetar el principio de un entorno de trabajo seguro y saludable. La norma, obligatoria para nuestro país, es clara: “Declara que todos los miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la Organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios. Estos caros principios internacionales del trabajo no parecen aplicarse a los trabajadores rurales, quienes permanentemente mueren, o se lastiman, o se incapacitan trabajando en uno de los sectores más prósperos y pujantes del país. El sector rural, insignia de nuestro país, donde se producen las mayores riquezas del país, es también un espacio de muerte para los trabajadores. En treinta y tres meses se han producido veintitrés incidentes que han terminado con la vida o han lesionado trabajadores rurales. Solo a modo de recordación, de reflexión, esos veintitrés casos tienen nombre y apellido. Son personas que han encontrado en el trabajo rural un espacio de máxima vulneración”.
Con cobija corta
Fuentes del Ministerio de Trabajo confirmaron a Caras y Caretas que una de las deudas más preocupantes del Ministerio con los servicios de Inspección es la falta de un sistema informático donde se registren las inspecciones realizadas a los establecimientos, los accidentes y las muertes denunciadas, discriminadas por los decretos.
Son los sindicatos de trabajadores rurales los que llevan, dentro de sus limitaciones, el registro de datos de los accidentes y muertes, y es por eso que solicitamos la información oficial.
Al cierre de esta nota, los números no habían sido proporcionados desde el MTSS porque, según nos explicaron, tenían que contabilizar acta por acta de registro de establecimientos inspeccionados, clasificarlas, y no tenían manera de saber cuántos establecimientos faltaban por inspeccionar.
Los trabajadores pretenden que estas situaciones no se naturalicen, al tiempo que entienden que “es necesario generar conciencia sobre la necesidad de un debate como sociedad sobre esta problemática, pero es muy difícil cuando vemos que no hay voluntad política para lograrlo”.
Desde la Inspección General del Trabajo las limitaciones no son pocas, a pesar de que aseguran que existe una política de Estado que ha logrado desde el 2014 al 2021 una baja de la siniestralidad del 21%, y que las modificaciones a la actuación de la Inspección a partir del Decreto N° 371/022 ha dinamizado las inspecciones.
Lo cierto que pensando en el ámbito de aplicación de lo rural, la Inspección general del trabajo sigue centralizada en Montevideo y cuenta con algunos pocos Inspectores en Florida, Maldonado, Salto y Rivera.
La Inspección actúa de oficio o por denuncias que recibe por tres vías: la denuncia policial, la denuncia del trabajador o su familia o de los sindicatos.
En el caso de la policía la misma muchas veces desconoce los decretos o los convenios firmados para considerar una situación de incumplimiento dentro del ámbito laboral.
En el caso del trabajador individual o su familia, el diferencial en hacer la denuncia o no depende de su vínculo con el empleador, temiendo las consecuencias de solicitar la presencia de una inspección, que puede terminar sancionando (con correctivos, multas o clausuras) al establecimiento.
Es a través de la organización sindical donde las denuncias toman cuerpo y pueden formalizarse, pero aquí se encuentran con los límites del ámbito de aplicación del MTSS.
Por ejemplo en el caso de las más de 20 denuncias realizadas por los sindicatos rurales, 11 están siendo investigadas, de 4 no han recibido información por ninguna vía, en el caso de menores no han podido determinar desde la Inspección si éstos pertenecían a la familia del empleador o no, una fue un accidente en ruta y dos fueron por causas “ajenas” a la relación laboral como el caso de un ACV sufrido por un trabajador.
“Dende gurí vine a dar”
Marcelo Amaya, dirigente del sindicato de trabajadores del arroz que participa en los Consejos de Salarios y en las comisiones de salud laboral, manifestó su preocupación por la falta de control sobre el trabajo de los menores.
Por protocolo, los menores tienen prohibido realizar algunas tareas, sobre todo con animales y siempre deben salir al campo acompañados de un adulto.
Por ejemplo, el 29 de junio del año pasado, en Santa Lucía (Canelones), a la altura del km. 90 de la ruta 11, un niño de 13 años quedó electrocutado pastoreando vacunos.
Amaya reconoció que dejar a criterio del empleador el realizar o no tareas bajo condiciones meteorológicas adversas “es exponer al trabajador a situaciones de vulnerabilidad y no se le puede pedir que salga a un campo inundado por el mero hecho de portar un chaleco salvavidas”.
El dirigente sindical entiende que “la salud y la seguridad laboral no están en el centro del debate y percibimos una alta dosis de permisibilidad por parte de las autoridades que deberían velar por la seguridad de los trabajadores”.
El feudo de los Malla Oro
Las condiciones de trabajo y los salarios de los trabajadores rurales siguen siendo el gran debe del ámbito laboral y social del Uruguay.
La ley n.° 10.809 que establece el estatuto del Trabajador Rural fue votada en octubre de 1946. Sin embargo, cuando diversos militantes sindicales a partir de los 50 empezaron a organizar a los peones de tambo, remolacheros, el arroz, la caña de azúcar y otros rubros, el estatuto era desconocido.
Muchas leyes y decretos, incluidos los que consagraban la jornada laboral de 8 horas y un salario mínimo nacional, se fueron aprobando. Pero ajustarse a lo dispuesto legalmente sigue dependiendo de los territorios donde hay algo de organización sindical, voluntad de presencia institucional o del buen humor del empleador.
Accidentes y muertes registrados por el SIPES y SUTAA.
3 DE NOVIEMBRE 2020: SAUCE, APLASTADO POR TRACTOR, 25 AÑOS.
12 DE ENERO 2021: RUTA 7 CHUY, CERCA DE MELO, FALLECIDO POR DESCARGA DE RAYO, JORGE ALEXANDER MACHADO, 41 AÑOS.
30 DE MARZO 2021: GUAYABO, PAYSANDÚ, ATRAPADO POR TRILLADORA, JOSÉ LUIS ESCOBAR PORTO, 67 AÑOS.
20 DE ABRIL 2021: CHAMIZO, FLORIDA, AMPUTACIÓN DE PIE IZQUIERDO OPERANDO TRACTOR CON TOLVA.
21 DE ABRIL 2021: ARROYO CHUY, ROCHA, AHOGADO RESCATANDO VACAS DE CRECIENTE, OSVALDO MAYER, 65 AÑOS.
6 DE MAYO 2022: CEBOLLATÍ, ROCHA, 2 ALAMBRADORES MUEREN EN INCENDIO DURMIENDO, 22 Y 31 AÑOS.
29 DE JUNIO 2022: SANTA LUCÍA, CANELONES, RUTA 11 KM. 90, NIÑO DE 13 AÑOS ELECTROCUTADO PASTOREANDO VACUNOS.
26 DE AGOSTO 2022: CERRO CHATO, TREINTA Y TRES, MONTEADORES EN CARPA, UNO FALLECIDO (30 AÑOS) Y UN HERIDO (25 AÑOS) POR RAYO.
21 DE NOVIEMBRE 2022: ARROYO SAUZAL, RIVERA, MENOR DE 13 AÑOS GRAVE POR ELECTROCUCIÓN PASTOREANDO VACUNOS (POLITRAUMATIZADO ELECTROCUTADO, INJURIA ELÉCTRICA GRAVE).
22 DE NOVIEMBRE 2022: YOUNG, RÍO NEGRO, ARRASTRADO POR CABALLO CON FALLECIMIENTO, 38 AÑOS.
31 DE MARZO 2023: DOS FALLECIDOS: 1) RUTA 7 SAN JACINTO, CANELONES, CORTADORA DE FARDOS, AMPUTACIÓN DE BRAZO CON FALLECIMIENTO, 37 AÑOS; 2) CUCHILLA DE MANGRULLO, CERRO LARGO, ARROCERA, FALLECIDO APLASTADO POR TRACTOR AL CAER AL PISO ENLONADO. LUIS GONZÁLEZ REDELICO, 57 AÑOS.
3 DE ABRIL 2023: LA ZULMA, TACUAREMBÓ, FALLECIMIENTOS POR PICADURAS DE ABEJAS, 74 Y 24 AÑOS (EL HIJO FALLECE EN CTI VARIOS DÍAS DESPUÉS, RABDOMIOLISIS).
13 DE ABRIL 2023: DURAZNO, ESTANCIAS DEL LAGO, MEGATAMBO BULGHERONI, 2 MUERTOS ABSORBIDOS POR BIODIGESTOR. ALEJO SILVA, 23 AÑOS, Y FRANCO MALLADOTE, 23 AÑOS.
24 DE ABRIL 2023: ARROYO SAUZAL, RIVERA, TRABAJADOR FORESTAL APLASTADO POR ÁRBOL.
6 DE MAYO 2022: LAS CHILCAS, CEBOLLATÍ, ROCHA, 2 ALAMBRADORES MUEREN EN INCENDIO DURMIENDO.
24 Y 27 DE JUNIO 2023: BELLA UNIÓN, ARTIGAS, DOS CAÑEROS CORTADORES, ACV E INFARTO.
16 DE AGOSTO 2023: SAN GABRIEL, FLORIDA, RUTA 56, MUERTO POR RAYO RECORRIENDO A CABALLO, ALERTA VIGENTE, JUAN MATÍAS TORRES FURTADO, 33 AÑOS.
27 DE AGOSTO 2023: FLORES, MUERE TRABAJADOR PATEADO EN LA GARGANTA POR EQUINO.
