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Sociedad

30 DE JULIO

Día contra la Trata de Personas

El 30 de julio es el Día Contra la Trata de Personas, un delito que Uruguay recoge en su normativa, pero al que no presta suficiente atención.

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El 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata de Personas, fecha que invita a reflexionar sobre este delito, que es el tercer negocio criminal más lucrativo del mundo, luego del narcotráfico y las armas.

En Uruguay la ley N° 19.643 de "prevención y combate de la trata de personas" creó un marco normativo para este delito, que define como "la captación, el reclutamiento, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción o el hospedaje de personas, dentro del territorio nacional o a través de fronteras, aunque mediare el consentimiento de las mismas, con fines de explotación".

• La explotación sexual;

• el matrimonio forzado o servil;

• el embarazo forzado:

• los trabajos o servicios forzosos u obligatorios:

• la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud;

• la servidumbre;

• la explotación laboral;

• la mendicidad forzada;

• la extracción o transferencia ilícita de órganos, tejidos o fluidos humanos;

• la venta de personas, especialmente de niños, niñas o adolescentes.

El informe internacional más reciente en la materia, publicado para el período 2021 por la Embajada de Estados Unidos, asegura que Uruguay "no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas", por ejemplo, se identificaron menos víctimas que en el período anterior, los funcionarios policiales e inspectores de trabajo no identificaron víctimas de manera proactiva y sistemática, y el gobierno no ofreció servicios adecuados para las víctimas ni acceso constante a refugios.

Además, "el gobierno dedicó recursos insuficientes tanto a investigar, formalizar y condenar a autores del delito de trata con fines de explotación laboral, como a proteger a las víctimas de este delito. No hubo servicios de protección disponibles para víctimas de trata adultas de sexo masculino, y los funcionarios derivaron de manera inconsistente a las víctimas de trata con fines de explotación laboral a los distintos servicios disponibles. Algunas víctimas se negaron a participar en juicios contra sus tratantes por tener dudas sobre la capacidad del gobierno para garantizar su seguridad".

En Uruguay los delitos de trata están a cargo de la División Crimen Organizado del Ministerio del Interior, pero el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dirige la mayor parte del trabajo relativo a explotación laboral.

El gobierno redujo su trabajo de protección, sobre todo en el interior del país, asegura el informe citado.

Los números vienen cayendo. En 2020, el MIDES informó que Inmujeres prestó asistencia a 37 nuevas víctimas, a diferencia de las 83 víctimas de 2019 y las 95 de 2018, pero no informó sobre la cantidad de víctimas de trata que recibieron asistencia del INAU. Las 37 víctimas atendidas por Inmujeres fueron todas mujeres adultas, principalmente de nacionalidad uruguaya, dominicana o cubana. El gobierno no informó haber identificado a ninguna víctima de trata de sexo masculino, menor de edad o LGBTQI+ en 2020. Uruguay no consideró que las 20 víctimas identificadas durante la Operación Océano fueran víctimas de trata y les prestó servicios a través de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

Los tratantes explotan a víctimas uruguayas y extranjeras en Uruguay, y a uruguayas en el exterior. La mayor parte de las víctimas, igual que a nivel mundial, son mujeres y niñas y la explotación sexual es la causante de casi todas las situaciones de trata. En general, las víctimas uruguayas son tratadas en Argentina, Brasil, Italia y España. Y en territorio uruguayo las principales víctimas de explotación son mujeres afrodescendientes provenientes de Cuba, República Dominicana y Haití.

En el caso de la explotación laboral los trabajadores extranjeros, especialmente provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, República Dominicana y Paraguay son sometidos a trabajo forzoso en construcción, servicio doméstico, servicios de limpieza, cuidado de personas mayores, tiendas mayoristas, industrias textiles, agricultura, pesca y procesamiento de madera.

Entre 2018 y 2020, determina el informe, hubo 17 fallecimientos de tripulantes asociados con buques pesqueros con bandera de Taiwán, China y otros países extranjeros que están atracados en el puerto de Montevideo y navegando en aguas uruguayas. Los trabajadores extranjeros a bordo de estos buques son sometidos a abusos, trabajo forzado, salarios impagos, confiscación de documentos de identificación y abuso físico, y existen denuncias informales de homicidios en altamar.

Para el organismo internacional Uruguay debería:

• Brindar servicios adecuados y refugio a todas las víctimas.

• Aumentar la capacitación para los funcionarios policiales, inspectores de trabajo, prefectura, fiscales, jueces y trabajadores sociales para comprender mejor la trata de personas y, cuando corresponda, identificar de manera proactiva a las víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral.

• Designar una entidad responsable de prestar servicios a víctimas de trata de sexo masculino.

• Derivar víctimas de trata con fines de explotación laboral a los servicios correspondientes al identificarlas, responsabilizar a los tratantes ante la justicia y establecer procedimientos operativos estándar para que funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) puedan luchar contra la trata con fines de explotación laboral.

• Asignar un presupuesto específico para luchar contra la trata, financiar la aplicación del plan de acción nacional y de la ley contra la trata, y aumentar el presupuesto para los servicios para víctimas.

• Ampliar los servicios de largo plazo y de reinserción, incluida la formación vocacional.

• Buscar indicadores de trata de personas entre trabajadores extranjeros, incluso mediante inspecciones exhaustivas a bordo de buques de bandera extranjera que se encuentren en aguas uruguayas y en el puerto.

• Crear un centro al que puedan acceder las víctimas mientras los refugios están cerrados durante el día.

• Investigar y enjuiciar con firmeza todas las formas de trata de personas, incluidos los casos de trabajo forzado y trata infantil con fines de explotación sexual.

• Informar de manera consistente a las víctimas sobre sus derechos de conformidad con las leyes vigentes, que incluyen solicitar permisos de residencia permanente y recibir una reparación de sus tratantes, y prestar apoyo a las víctimas que deseen ejercer tales derechos.

• Revisar la definición de trata de personas vigente en el marco legal uruguayo para adaptarla a la que figura en el Protocolo de la ONU del año 2000 contra la trata de personas.

• Garantizar la seguridad de las víctimas que participen en los juicios contra sus tratantes según lo requiere la ley, e informar a las víctimas sobre las medidas de protección disponibles.

Uruguay es mencionado como país de tránsito de víctimas de trata, pero lo cierto es que también es país de origen y destino. En nuestro territorio se dan casos de trata interna y de trata internacional. La trata interna implica que las víctimas atraviesan todas las etapas del delito dentro de un mismo país. La captura, el traslado y la explotación suceden en el país en el que se encuentran. Por otro lado, la trata internacional implica un país de origen donde las víctimas son captadas y un país de destino donde son explotadas. El cruce de fronteras se puede dar de manera legal o clandestina, dependiendo del contexto; a veces las personas son engañadas con propuestas de trabajo u otras promesas para incentivarlas a viajar, y luego son captadas.

Trata con fines de explotación sexual

La explotación sexual en sus diversas manifestaciones es la principal causa del tráfico de personas en Uruguay. Existe una idea estereotipada en el imaginario colectivo de cómo se dan las captaciones de las víctimas, en general con una van oscura en medio de la noche en una calle desierta, y la mujer pasa años encerrada en un cuarto sin ver el sol. Aunque esto puede ocurrir, la mayor parte de los casos se dan de otra manera.

El colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas? (DENG), que trabaja con familias de gurisas y mujeres desaparecidas, cuyos casos suelen estar conectados con la explotación sexual, explicó a Caras y Caretas en 2020 que hay gurisas que aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen.

Hay una modalidad de captación que está relacionada con la explotación en fiestas privadas, en eventos puntuales. Trasladan a las chiquilinas y después vuelven a sus casas. Muchas veces las llevan de un departamento a otro, o de un barrio a otro, van y vuelven, no necesariamente se quedan. El tema es moverlas de sus lugares de referencia, que no sepan cómo moverse, que vayan quedando aisladas. Generalmente, las inician en las drogas. Son mecanismos que generan dependencia, para que la gurisa no pueda salir de esa situación, incluso cuando vuelve a su casa.

Es importante prestar atención a ciertos indicios de que una persona es víctima de trata con fines de explotación sexual: el relato directo, la aparición de personas adultas (generalmente hombres) ajenas al círculo familiar; que reciban dinero, regalos o ropa nueva; comportamientos hipersexualizados o, por el contrario, de gran retraimiento; desapariciones intermitentes.

DENG realizará un conversatorio el sábado 30 de julio a las 19 horas (en Durazno 972) llamado ¿Cómo trata la Justicia la trata? que abordará las preguntas: ¿cuáles son las principales dificultades para la aplicación de la Ley de Trata? ¿Y los obstáculos en el acceso a la justicia durante el proceso de denuncia, acompañamiento y reparación de las víctimas? ¿Cuál tendría que ser el papel de los distintos actores judiciales en estos procesos? Van a participar la jueza letrada Alexandra Facal, las doctoras en Derecho Diana González y Georgina Barria y la licenciada en Comunicación Social Laura Piperno.

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