«La salud mental sigue sin ser una preocupación fundamental»

Además de contar desde 2017 con la Ley de Salud Mental vigente (19. 529) que, según la referente, “posiciona al país en una situación de avanzada a la vez que establece un marco para llevar adelante determinadas acciones”, Uruguay también tiene una historia de planes nacionales que buscaron modificar la atención. “Hubo planes en los años 86, 96, 2006 y en 2020 se aprobó uno que abarca hasta el año 2027. Este último tiene como objetivo dar cumplimiento a la ley e instrumentar políticas públicas enfocadas en garantizar el derecho a la salud de toda la población”.

A nivel institucional, Baroni señaló que se pueden identificar avances en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) en lo referido al acceso de la población a prestaciones enfocadas en abordajes no psiquiátricos, pero lamentó que, a nivel público, “seguimos teniendo instituciones de carácter asilar”, como el Hospital Vilardebó y las colonias. No obstante, destacó que en los últimos años se han reducido los niveles de internación prolongada en este tipo de instituciones. “Actualmente hay 300 personas en el Vilardebó y casi 700 en las colonias, cuando en otros momentos históricos hubo casi 4.000 en el hospital y cerca de 2.000 en las colonias”. Y añadió: “Estamos en un momento de cambio de paradigma, en el que el encierro y las internaciones prolongadas son la última respuesta. En general, por parte del Estado, se utilizan para atender situaciones de personas que no cuentan con apoyo familiar ni social, aunque eso no justifica las condiciones de internación. El cambio de paradigma implica repensar los abordajes, las instituciones y los dispositivos para atender a la población”.

Baroni también valoró que, en el marco del Plan Nacional de Salud Mental, y desde un proceso de desinstitucionalización, se activaron casas de medio camino y se profundizó la creación de centros diurnos y sociosanitarios que “ayudan a sostener la trama de la vida cotidiana de las personas que ven afectada de alguna forma su salud mental”. “Esta transición en el campo de la salud mental, que lleva casi cuarenta años, ha implicado un despliegue de equipos territoriales en el primer nivel de atención en salud que, en la actualidad, se vio resentido por la pandemia y los recortes en algunos programas. “Es necesario fortalecer estos programas para que pueda profundizarse un modelo de atención social y comunitaria, pero para eso se necesita presupuesto”.

¿Cómo evalúas la atención en el sector público?

En el sector público se han dado más cambios que en el sector privado, en lo referido a nuevos abordajes que implican un acompañamiento cotidiano. Se generaron diversos dispositivos que posibilitan que las personas no solo se atiendan en un hospital, sino también en policlínicas a nivel de ASSE [Administración de Servicios de Salud del Estado], de la Intendencia de Montevideo [IM], centros de rehabilitación o espacios socioculturales gestionados por el Ministerio de Cultura [MEC] y el Ministerio de Desarrollo [Mides]. Este tipo de propuestas fomentan que las personas accedan a los servicios sin que se las estigmatice por acudir varias veces a un mismo lugar a atenderse. Los últimos años se han generado muchas propuestas que lamentablemente dependen del presupuesto, que sigue sin ser suficiente porque la salud mental sigue sin ser una preocupación fundamental. Ni siquiera lo ha sido luego de la pandemia, que demostró el impacto que tiene en esta problemática la dimensión social, la falta de trabajo, de acceso a la educación y cultura. Si bien contamos con la intersectorialidad, las señales desde el gobierno no son buenas. Si no hay presupuesto, en una transición como la que vivimos, se fomenta que la atención sea por las vías de la psiquiatría, la farmacología y las internaciones, ya que con más presupuesto se puede optar por otros abordajes, como la psicoterapia. No basta con una atención o tratamiento farmacológico, lo que más padece la gente es el sufrimiento cotidiano”.

Uno de los objetivos que plantea la Ley de Salud Mental es el cierre de las instituciones asilares para 2025. ¿Qué tan lejos nos encontramos de que se cumpla?

Sin presupuesto estamos muy lejos porque no se pueden crear más casas de medio camino para que las personas que han estado muchos años internadas tengan una estructura intermedia antes de volver a sus casas. De todos modos, hay que insistir, ya que se logró que no aumente la cantidad de internaciones prolongadas, algo que era un riesgo con una pandemia de por medio. Dentro de los grupos de trabajo que se armaron para la implementación de la ley, no se logró establecer un cronograma que permita planificar el cierre.

¿Cuál es el rol actual de las organizaciones sociales que militan por los derechos vinculados a la salud mental?

Tiene que ver con una cuestión histórica: anteriormente no se tenían en cuenta la voz y la experiencia de las personas usuarias. Las políticas y propuestas se diseñaban a partir de técnicos, profesionales o académicos, con cierta distancia de las vivencias cotidianas. El rol actual de las organizaciones es insistir y controlar que se cumplan los acuerdos generados, como la legislación vigente. En este sentido, es importante que se haya reactivado la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental, tras casi un año sin funcionar. Esta comisión está integrada por diferentes actores, entre ellos, usuarios, familiares y organizaciones sociales especializadas en salud mental y derechos humanos. Sabemos que son instancias arduas de seguir, con lenguajes y modos que generan desgaste, y que muchas veces se dificulta la participación por falta de recursos, pero aun así creemos que las organizaciones tienen que seguir porque es una de las garantías de que las cosas se hagan.

¿Cómo definirías la desmanicomialización y qué nos podrías comentar sobre el surgimiento de estos movimientos?

Hay instituciones específicas que funcionan a partir de una lógica manicomial, como algunos hospitales que, si bien no les gusta que los llamemos manicomio, basan su modelo de atención en el encierro prolongado, con vínculos de orden jerárquico y autoritario que producen fenómenos como la infantilización y la pérdida de derechos. Muchas veces las personas que están internadas no saben cuándo les van a dar el alta o cuándo van ver a sus familiares. Desmanicomializar es desmontar esas lógicas manicomiales mediante el acompañamiento a las personas que padecieron un abordaje de ese tipo. En los años 86 y 96 tuvimos algunas experiencias bajo el nombre ‘desinstitucionalización’, mediante las cuales se sacaba a las personas de Vilardebó y de las colonias, pero no se generaba ninguna solución para sus problemas vinculados a situaciones sociales y económicas. Esto estableció un circuito entre el hospital y la calle, conocido como ‘circuito de puerta giratoria’, que es lo que sucede cuando no se piensan bien las políticas de desinstitucionalización.

En Uruguay, en el año 2012, creamos lo que se conoció como “Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna” con el objetivo de visibilizar que la desinstitucionalización es un proceso. Cuando una persona recupera su libertad o cuando un niño se va del INAU, no se lo puede dejar solo de un día para otro. Actualmente, en nuestro país, existen personas que llevan más de 20 años viviendo en colonias, y esto no significa que no hayan sanado, sino que muchas veces se las mantiene allí porque no tienen donde vivir, no hay soluciones del Estado para estos casos, por lo cual las instituciones terminan funcionando como lo que denominamos ‘depósitos de pobres’. Sabemos que esto no sucede a nivel de clases sociales con mayores recursos económicos. Y si pasa es porque existen casas de salud o residenciales a los que recurren las personas que no saben qué hacer con sus familiares. En estas instituciones también hay que poner el ojo, ya que cada vez hay más denuncias de vulneración de derechos. Esto se debe a la falta de formación y de recursos necesarios para aplicar otros abordajes enfocados en la vida digna.

¿Cómo evalúas la atención en salud mental en los barrios populares?

Luego de la pandemia hubo un cambio significativo que tiene que ver con lo presupuestal. Es necesario estar alerta porque hay un desmantelamiento de los equipos interdisciplinarios que trabajan en territorio. Si bien existen las policlínicas de atención de ASSE o de la intendencia, hay mucha demanda.

¿Cómo ha impactado el faltante de fármacos en estos contextos?

La organización de usuarios del oeste viene denunciando la falta de profesionales, de fármacos y las enormes listas de espera, algo que también sucede fuera de Montevideo. Al ser una de las pocas formas de abordaje que tiene el Estado es la que más se visibiliza, pero existen otros modelos de atención en los barrios, que facilitan el acceso de las personas a actividades sociales y culturales. En este sentido, hay que reconocer el esfuerzo de muchas organizaciones sociales que incluyen en sus propuestas a personas con diversos padecimientos. De esta manera, pueden sostener la salud mental desde esos espacios cotidianos. Está bueno que la población sepa que uno de los indicadores de afectaciones a nivel de la salud mental es que se cortan los lazos sociales y las personas se quedan muy solas, pierden las ganas de compartir. Es importante fomentar lo social porque de los problemas salimos con otros, en un entramado de la vida que no solo tiene que ver con la atención en salud, sino con el acceso a la cultura, a la educación, al trabajo, y también con el amor. Si una de esas patas está herida, se desequilibra todo. No hay que pensar la salud mental como un problema individual, sino colectivo.

¿Hay menos estigmatización?

Se ha notado un incremento en la sensibilidad de la sociedad. Si bien queda mucho por hacer, en relación a hace 30 años, la gente está más alerta a que los problemas de salud mental los podemos tener todos, en algún momento de la vida. Eso es muy importante, sobre todo a la hora de pensar en cómo convivimos con los procesos de salud y de enfermedad. Hay estigmas que persisten, todavía hay gente que piensa que si una persona tiene alguna crisis o una forma de estar en el mundo que inquieta, tiene que estar encerrada, como quien comete un delito. Esto es porque la salud mental ha estado muchos años enfocada en un paradigma de peligrosidad y no desde una perspectiva de derechos e inclusión social.

¿Qué desafíos tiene Uruguay respecto a la salud mental?

Profundizar en una concepción de la salud mental que no responsabilice a la persona por lo que le pasa, sino con una mirada más amplia: lo que nos sucede tiene que ver con nuestras vidas y también con las de otras personas. Por otro lado, hay un debe en seguir haciendo campañas de sensibilización y protocolos para ayudar a la población. Otro gran desafío es abordar esta problemática no como propia de un ministerio, en este caso del Ministerio de Salud Pública o ASSE. La salud mental atraviesa todos los sectores que imaginamos: el trabajo, la vivienda, la cultura, la educación, entre otros.

Por otro lado, falta mucha formación en técnicos y en las personas en general, estamos en sociedades en las que todo aquello que nos parece raro o peligroso, en lugar de tratar de entenderlo u orientarlo, lo rechazamos o maltratamos. En tan sentido, es necesario orientar sobre cómo actuar en determinadas situaciones para evitar hechos lamentables, como el que sucedió con el muchacho que se descompensó en un ómnibus, lo bajaron en la ruta y lo dejaron solo, lo que llevó a que después lo atropellara un auto. Es necesario divulgar protocolos y recomendaciones para que la gente sepa cómo hacer, cómo calmar, qué es un abordaje dentro de perspectiva de derechos y qué no lo es. Qué podemos hacer como seres humanos con otro ser humano que está sufriendo. Muchas veces a la persona que sufre se la deja sola porque no se entiende por qué sufre, y se la termina lastimando más. Si ponemos el énfasis en cuidarnos y cuidar a los demás nos vamos posicionar en un paradigma de derechos y de respeto por las diferencias y por las diferentes formas de estar en el mundo. A veces pensamos a las personas como robots, cuando todas tenemos diferentes emociones y reaccionamos diferente. Tenemos que poder hablar, escuchar más y orientar a quienes menos acceden a la información y a los recursos para que puedan tener una mejor vida.

*Cecilia Baroni es psicóloga, docente de facultad, doctorada en Historia y militante antimanicomial. Su trabajo de doctorado fue sobre los aportes de Vilardevoz al proceso de desmanicomialización en Uruguay. Es fundadora de Radio Vilardevoz, que funciona hace 25 años, e integrante de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental en representación de las organizaciones sociales.