La violencia policial es una resaca de la dictadura

El primer episodio se registró en una galería capitalina, cuando un civil desarmado fue agredido por un funcionario policial. La víctima es un vendedor ambulante, quien fue arrestado luego de haber sido agredido, según quedó registrado en un video grabado por una cámara del lugar. El hombre fue derribado y golpeado por un agente policial y, tras la detención, volvió a ser maltratado.

El material audiovisual no deja dudas acerca de la veracidad de lo sucedido. En efecto, un policía ingresó al centro comercial y se acercó a un joven que estaba sentado en un banco. Luego, lo condujo hasta la puerta y allí lo arrojó al suelo, le aplicó un puntapié y se lanzó sobre él con toda su humanidad. Finalmente, otros uniformados se sumaron para concretar la aprehensión.

El abogado del damnificado negó que su cliente hubiera cometido un delito, ya que se trata de un vendedor ambulante muy conocido por los comerciantes de la zona. Añadió que el joven y un compañero mantuvieron un altercado con un hombre que era policía vestido de civil pero jamás se identificó como tal, luego que estos intervinieron -para apaciguar- en una pelea suscitada entre tres personas. Aunque el agredido no se resistió al arresto, fue nuevamente golpeado dentro del móvil policial y padeció una lesión que fue certificada por un forense.

El segundo episodio, en menos de una semana, se registró en Maldonado, cuando un joven, demorado por una mera infracción de tránsito, fue reducido por cuatro policías de tránsito y cacheteado por el propio jefe de Policía, Erode Ruiz, quien fue designado por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, tras ser cesado en 2020 como jefe de Policía de Montevideo, por el hoy fallecido exministro, Jorge Larrañaga. Este jerarca es recordado por su participación, cuando era comisario, en la masacre del Filtro, en 1994, por la cual tiene antecedentes de represor.

“Mierda, respetá a la Policía, carajo. A la policía hay que respetarla, hijo de puta”, le espetó Ruiz al hombre, luego de lo cual le asestó un golpe en el rostro, mientras cuatro agentes lo sostenían. Sin dudas, un acto de cobardía, sórdida matonería y ordinariez, que también está grabado. Las autoridades del Ministerio del Interior, que debieron cesar a Ruiz, justificaron la agresión alegando que la víctima incurrió en el irracional delito de agravio a la autoridad, que está plasmado en la LUC.

Desde que están vigentes las normas sobre seguridad pública incluidas en esta ley groseramente inconstitucional, se registraron más de un centenar de denuncias de abuso policial, formuladas por la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Asociación de Abogados Penalistas. Los actos de violencia incluyen dos homicidios, detenciones arbitrarias, represión, torturas y malos tratos y hasta un aberrante caso de abuso sexual.

Hace unos días, la Justicia condenó a tres efectivos de la Guardia Republicana que violaron a dos mujeres a quienes trasladaron en un patrullero desde el barrio Paso Molino hasta un descampado, en febrero de 2021. Las jóvenes fueron invitadas a subir a un vehículo policial con la promesa de conducirlas a su domicilio. Sin embargo, fueron vejadas. Meses después, una de ellas se quitó la vida.

Aunque nuestra intención no es ensayar una cronología de todos los hechos de violencia policial registrados en este gobierno represivo, uno de los episodios más notorios fue la detención de dos jóvenes en Pocitos por parte de cuatro efectivos policiales con inusitada violencia. También en este caso existe un registro audiovisual de lo sucedido.

Los uniformados le exigieron a los demorados -bajo amenazas- que borraran el contenido de sus celulares para encubrir el delito de abuso. En ese contexto, uno de los uniformados golpeó a un detenido por la espalda, sin ninguna justificación.

Si bien el agresor fue sumariado y jamás se volvió a comentar el hecho, se trata de Marcos Schiappa, quien, en 2004, siendo un adolescente de 13 años de edad, baleó accidentalmente a la joven Fiorella Buzeta en el local del Liceo N.º13 de Maroñas, a quien dejó paralítica. La chica, que ahora es una mujer adulta, ocupa un escaño de edil en la Junta Departamental de Montevideo por el Frente Amplio.

Pese a ese incidente, en 2017 este joven ingresó al instituto policial porque su antecedente penal fue borrado. Es realmente inverosímil que este violento tenga una placa, un arma y autoridad para participar en procedimientos policiales.

No menos grave, aunque en otra región del país, fue el allanamiento ilegal practicado en una vivienda de Punta Rubia, en Rocha, cuando un comando policial armado a guerra ingresó por la fuerza y sin orden judicial, luego de romper la puerta de acceso y perpetrar graves destrozos.

Los moradores fueron amenazados y obligados a firmar una declaración. El pretexto habría sido la existencia de una plantación de marihuana en modalidad de autocultivo, cuyo responsable tiene autorización para desarrollar dicha actividad.

Estas situaciones se suman al adolescente de 16 años que fue baleado por policías en Artigas, al joven muerto en Durazno a bordo de una moto luego de ser perseguido por un móvil policial y chocar contra un árbol, al procesamiento de dos agentes por torturar a un detenido con picana eléctrica, al maltrato dispensado a una anciana psiquiátrica que había robado un chocolate en un comercio y a numeroso actos de represión callejera en plazas públicas, ante demostraciones pacíficas.

Es insoslayable recordar el episodio registrado en la plaza de San José, cuando un policía le apuntó con su arma a un malabarista callejero y la agresión perpetrada contra un funcionario municipal, quien denunció haber sido insultado y golpeado, durante un control de rutina. El agravante es que el damnificado lucía en su mochila un distintivo del Frente Amplio.

Lo concreto es que, amparado por las prerrogativas que les otorga la LUC, estos matones con placa y autoridad aplican estrictos operativos de control de personas, que, por su violencia desmedida, evocan los tiempos más oscuros del pasado reciente.

Aunque nadie desconoce que la inseguridad sigue siendo el principal problema que preocupa a los uruguayos por la ineptitud del Ministerio del Interior conducido por el patético Luis Alberto Heber, los uniformados se sienten impunes y blindados por la nueva normativa, que tiene una impronta autoritaria. El responsable de estos desbordes de violencia es, naturalmente, el gobierno.

A la prédica de “mano dura” se suman, insólitamente, la demanda del diputado colorado Gustavo Zubía -hijo y sobrino de militares golpistas- y de su colega ex cabildante Eduardo Lust, quienes reclamaron que el ejército se sume al combate al delito, lo cual es groseramente ilegal y solo sería posible con un decreto de medidas prontas de seguridad que requiere aval parlamentario y no se justifica.

Mientras siga vigente la LUC, los uruguayos deberemos cuidarnos casi tanto de la Policía como de los delincuentes, como sucedía durante el gobierno criminal del colorado Jorge Pacheco Areco y naturalmente de la dictadura, que perpetró toda suerte de fechorías y violaciones de los derechos humanos durante casi doce años de espanto.