República AFAP: ¿quién conocía la compra de datos ilegales?

La presión sobre los trabajadores de ventas y los encargados regionales para alcanzar las metas de la empresa era, al menos hasta 2021, intensa. Edison Martin, jefe de ventas de RAFAP, les escribió en un correo electrónico (al que accedió Caras y Caretas) en 2018: "Estamos 1157 negocios por debajo del objetivo y cerramos mañana. Hoy solo llevamos 59 AV ingresadas y 9 AO y sé que están todos en la calle. No quiero pensar que están esperando que anuncie algún sprint para la 2° quincena hasta fin de año y se están guardando alguna afiliación. El sprint de fin de año solo será viable si mañana quedamos 700 negocios por debajo del objetivo, de lo contrario no tiene sentido".

En otro mail del mismo año dijo: "Sé que muchos están ansiosos por marcar sus licencias pero deben comunicarles que primero está el logro del objetivo divisional y si es necesario la licencia de 2018 comenzarán a gozarla en 2019 como corresponde".

Ocho días después, en otro correo electrónico, sentenció: "Tenemos que cerrar el mes de noviembre tratando de recuperar terreno hacia el objetivo anual que tiene un importante impacto en el bono. [...] Se trata de realizar el máximo esfuerzo y desde ya les comunico que los períodos de licencia no comenzarán hasta que agotemos todas las posibilidades de alcanzar el objetivo".

Quienes trabajan en el área de ventas cobran un sueldo fijo y, además, variables que dependen de la cantidad de afiliaciones y de características de las personas afiliadas, como edad y sueldo. Pero, más allá del beneficio individual, en varias oportunidades Martin y Diego Moles, gerente comercial, sentenciaron por correo que una falla en el esfuerzo personal significaba el fracaso de toda la empresa.

En 2020, como consecuencia de una investigación penal a Ariel Sánchez, empleado del BPS en San Jacinto, salió a la luz que desde RAFAP le compraban listados de empleados de empresas y nóminas del banco, que eran utilizadas para buscar o certificar afiliaciones. Una situación evidentemente ilegal.

La investigación

La empresa comenzó una investigación interna, liderada por Cecilia Parentini, entonces supervisora general de riesgo, y contrató a un estudio de abogados, Rueda Abadie, que realizó una investigación externa. En consecuencia, decenas de trabajadores fueron despedidos el 31 de junio de 2021 por "notoria mala conducta" y alrededor de ocho renunciaron en los meses siguientes.

RAFAP se desvinculó por completo del accionar de sus empleados y comenzó un proceso penal contra 26 personas; 10 fueron procesadas, a otras no las llamaron y algunas siguen trabajando.

Los trabajadores aseguran que en la empresa la utilización de listados y nóminas era conocida, aceptada e incluso promovida. La presión para llegar a los objetivos y la competencia entre asesores ponían en desventaja, aseguran, a quienes se negaban a comprar listados. No niegan su accionar, pero sí rechazan la postura de RAFAP y la "arbitrariedad" en la adjudicación de responsabilidades, ya que ningún jerarca fue investigado ni despedido. Hay juicios laborales abiertos en este momento.

A raíz de la investigación a Sánchez desde Rueda Abadie se comunicaron con varios empleados de RAFAP para entrevistarlos por videollamada, sin aclarar los motivos, según relató a este medio Patricia Escobal, que era encargada regional de Rocha y fue despedida. Ella le mencionó a Martin lo que había sucedido y, según consta en un chat de WhatsApp certificado por una escribana, él le dijo que hiciera "comentarios, descargos, o nada".

Además, según Escobal, Martin le dijo que "borrara a Ariel" de sus contactos y correo electrónico y que del tema "se podía hablar con él y con Moles".

De acuerdo con el protocolo de certificación de afiliaciones y con declaraciones de Escobal y otros trabajadores en diferentes audiencias, los documentos en los que figuraban los sueldos de los clientes debían ser firmados por el jefe de ventas o por el gerente comercial (Martin y Moles, respectivamente). Así los asesores cobraban la comisión y RAFAP sumaba la venta a sus objetivos alcanzados.

El trámite se podía realizar de manera legal a través del SGAA si el trabajador tenía más de dos meses de aportes, con una demora de dos meses. También servían recibos de sueldo o cobro de trabajo, pero, según Escobal, "eran muy difíciles de conseguir". Allí entraba Sánchez en escena: desde correos institucionales de RAFAP se le pedían datos de empresas y trabajadores y se arreglaba con él el pago, que oscilaba, de acuerdo con información de Fiscalía, entre 6.000 y 12.000 pesos mensuales por asesor.

A los pocos días de la noticia de que la oficina de Sánchez había sido investigada y su computadora estaba en manos de la justicia, lo que, lógicamente, interrumpió la compraventa de información del BPS, Martin le escribió a Escobal por WhatsApp: "Esta es la lista de los AP [asistente previsional] de Unión y lo que ingresaron. Los 3 primeros están en Punta del Este y sin listado".

Consultado sobre los listados, Martin aseguró a Caras y Caretas: "Es una suposición que hacen [los trabajadores] que toda la empresa sabía. Nosotros no hacemos auditorías de dónde consiguen los datos, pueden pararse en la calle, en cualquier lado. Esa era una habilidad de los asesores. A veces venían páginas de BPS de los asesores para cobrar enseguida, pero era legal, no beneficiaba a República, era para que el asesor cobrara antes".

Martin no quiso hacer más declaraciones para "no interferir con las investigaciones" de los juicios laborales en las que es testigo. Él renunció a la empresa, según Parentini, por motivos de sueldo, al mismo tiempo que Moles. Ambos se fueron "en buenos términos".

El juicio penal contra los trabajadores sigue abierto y los juicios laborales que algunos de ellos iniciaron también. En el caso de Escobal su pedido fue desestimado, apeló y, aunque no ganó, en su caso un tribunal de tres jueces aseguró que la información presentada daba indicios claros de que más personas en la empresa sabían sobre la compra ilegal de información y RAFAP se beneficiaba con este hecho.

Además, varios trabajadores se unieron y asistieron a la Comisión de Asuntos Laborales del Parlamento, donde presentaron su caso con la esperanza de que se inicien acciones contra RAFAP.

Cadena de mails

En 2017 Escobal le envió a Patricia Bello, Coordinadora de Administración de Ventas, un mail con el asunto "EL AÑO PASADO CERTIFICAMOS CON ESTO MIDES" en el que incluyó listados que mandó Ariel y le explicó que los usaban para certificar.

Horas más tarde Bello envió un correo a los encargados regionales con el asunto "DOCUMENTOS PARA CERTIFICAR MIDES" y puso en copia oculta a Edison Martin, Cecilia Parentini y Alba de Souza. Escribió que ante la consulta de Patricia y Mariela sobre cómo certificar a los trabajadores de Mides consultó y concluyó que podían presentar "el listado de BPS donde está la persona a certificar, subrayando con resaltador amarillo preferentemente".

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Parentini testificó en una de las audiencias porque fue quien llevó a cabo la investigación interna, categorizó las faltas de los trabajadores y, en última instancia, tuvo poder de decisión sobre los despidos. Consultada sobre este correo, aseguró: "Nosotros utilizamos nóminas del BPS. Sabía, pero no que eran de Ariel Sánchez [...] Conocía que había nóminas no que había pagos por ellas".

En 2018 Mariela Liesegang, encargada regional, le envió por mail a Martin un documento titulado "BPS. Apoyo a la inserción laboral". Él lo reenvió a todos los encargados regionales con el mensaje "por gentileza de Mariela tenemos a nuestra disposición la nómina de BPS con las altas del programa Mides".

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Según Escobal y otros trabajadores que dieron sus versiones en la justicia, las nóminas se compartían por correo físico o electrónico y, en general, iban con la parte de arriba cortada "para que no se viera que habían sido expedidas por Ariel Sánchez ante una auditoría o una inspección, a pedido de Martin y Moles".

Además, de acuerdo con las declaraciones de Marcos Lima, uno de los trabajadores despedidos, durante una audiencia en 2021, él puso en conocimiento a Moles y Martin sobre la utilización de nóminas porque no le parecía "bien que se exigiera presentar documentos del BPS" para certificar afiliaciones. Le contestaron, aseguró, que era la "forma en la que la empresa trabajaba".

Lima continuó: "Moles y Martin recibían la información que venía con el usuario de Sánchez y la hora y la fecha en que se sacaba. Claramente podía inferirse que en ese momento no podía proporcionarse porque si se fijaba la fecha de ingreso del trabajador la información no estaba disponible de forma legal. Eso pasaba por auditoría interna, riesgo y auditoría externa".

Hay un correo de 2018 enviado por EPB, una trabajadora que renunció a RAFAP después de los despidos, a Escobal, que se llama "Ya hablé con Edison" y en el cuerpo dice: "Ya hablé, son las ocho que hice con nómina de Ariel. Ya voy a arreglarlas y le aviso así él lo imprime ahí".

Parentini, que realizó la investigación interna revisando los correos electrónicos, aseguró en audiencia: "Revisé la casilla de correo de Martin y no había rastros de [los] patrones de búsqueda [que] utilicé que eran Ariel Sánchez [y el] número de cuenta bancaria de la esposa".

Caras y Caretas intentó comunicarse con Parentini, que el 1° de julio de este año fue nombrada Gerenta de Prestaciones, para hacerle más preguntas sobre el asunto, pero ella contestó: "Por el momento no realizaremos declaraciones a la prensa. Los detalles de la investigación y lo que había que demostrar está en la Justicia y en las sentencias dictadas".

Escobal mencionó que es "imposible" que el área de Riesgos de RAFAP no supiera sobre los listados, porque con regularidad recibían correos (que Caras y Caretas pudo revisar) en los que les indicaban presencias de virus en sus casillas, lo que indica que monitoreaban de manera continua el contenido de sus comunicaciones.

Romin Silva, supervisor general de riesgo hasta 2019, luego subgerente general y desde 2021 (tras la salida de Moles) gerente general, dijo a este medio: "No tengo información, no sabíamos ni que los trabajadores lo tenían. Toda la información está en los juzgados y es pública".

Alguien sabe

En 2020 un fiscal fue abordado por una trabajadora de RAFAP que lo quiso convencer de afiliarse a la empresa. Él le preguntó cómo había conseguido sus datos, ella le dijo que de un listado y él denunció ante el Banco Central de Uruguay que habían usado su datos personales de manera ilegal.

De acuerdo con la documentación oficial, a la que accedió Caras y Caretas, Romin Silva, Diego Moles y Edison Martin lo recibieron y le aseguraron que no era cierto y que la asesora había sido despedida. Ante el BCU respondió, por la empresa, el estudio de abogados Rueda Abadie. En su informe aseguró que investigó a RAFAP y no encontró evidencia de que se utilizara material ilegal como listados o nóminas de BPS.

El mismo estudio fue el que investigó a los trabajadores un año después y presentó ante RAFAP documentos probatorios del delito.