“Hay un hecho paradójico con relación a las políticas de memoria que sigue el Estado uruguayo”, afirmó. Según explicó, el problema no se limita a que no se haya materializado un sitio de memoria en ese lugar [el apartamento], sino también a la resignificación que se pretende dar al lugar.
Olivera cuestionó especialmente la propuesta de destinar el inmueble a un espacio de pernocte para docentes, una iniciativa que, según indicó, fue manejada por las autoridades como forma de homenaje a la maestra desaparecida.
“Ahí lo que se produce es, de alguna manera, licuar la personalidad de Elena Quinteros”, sostuvo. Y agregó: “Ellos dicen: sí, estamos homenajeando a la maestra, pero Elena Quinteros no dictaba clases en Massini 3044, resistía la dictadura. No desaparecen por eso”.
Para el integrante de la asociación, con la iniciativa "se intenta vaciar de contenido a una militante, que también, por supuesto, era una maestra”.
Críticas al Ministerio de Defensa y a la ANEP
Olivera afirmó que las decisiones adoptadas por el Ministerio de Defensa y avaladas por la ANEP representan un incumplimiento de la legislación vigente. “Hay un retroceso desde el punto de vista de que la decisión que toma el Ministerio de Defensa y toma de alguna manera con el aval de la ANEP incumple con una ley”, señaló.
Según recordó, la asociación trasladó estos planteos directamente al presidente de la República en una reunión en la que participaron la presidenta de la organización, Lilian Saliverti; el exintendente Marcos Carámbula, impulsor de la ley de sitios de memoria; y la jurista Mirta Guianze.
Durante ese encuentro, explicó, argumentaron por qué el apartamento debía dejar de estar bajo la órbita militar. “Le fundamentamos por qué ese lugar debía ser sacado de la órbita de las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas siguen pensando que eso es propiedad de ellos”, afirmó.
Olivera repasó además el origen de la situación jurídica del inmueble. Señaló que durante la dictadura existieron normas aprobadas por el Consejo de Estado que habilitaron la incautación de bienes pertenecientes a personas consideradas opositoras al régimen. “Eso hicieron con el apartamento de Massini 3044”, indicó.
Sin embargo, recordó que, tras el retorno democrático, se aprobaron leyes que dejaron sin efecto varias de las normas dictadas por el Consejo de Estado por considerarlo un órgano ilegítimo. “Se anuló la ley, declaró que esa ley no existía y que, por lo tanto, se debían devolver las propiedades a sus dueños”, sostuvo.
A su juicio, persisten interrogantes sobre el destino de numerosos bienes incautados durante la dictadura. En ese sentido, consideró necesario revisar qué ocurrió con esas propiedades y si efectivamente fueron restituidas. “Yo creo que habría que hacer una investigación sobre todas las propiedades que se incautaron y cuál fue el destino que tuvieron”, manifestó.
Como ejemplo, mencionó casos en los que predios expropiados fueron utilizados posteriormente por las Fuerzas Armadas para instalar dependencias militares. “Las Fuerzas Armadas del terrorismo de Estado también fueron rapiñeras”
Por otro lado, Olivera vinculó las apropiaciones de bienes realizadas durante la dictadura con el funcionamiento represivo del régimen. “Las Fuerzas Armadas del terrorismo de Estado también fueron una organización criminal”, afirmó.
También recordó denuncias sobre operaciones inmobiliarias realizadas con propiedades incautadas durante ese período. Según relató, algunos inmuebles fueron vendidos a precios irrisorios y terminaron en manos de personas vinculadas al régimen dictatorial.
Por eso, sostuvo que la discusión sobre Massini 3044 trasciende el destino de un apartamento y se vincula con las obligaciones del Estado en materia de verdad, memoria y reparación.
Embed - #76 - ETP - | Con Federico Gyurkovits, Valentina Alvariza y Diego Lois
Actividad por los 50 años
La Asociación Civil Maestra Elena Quinteros realizará este viernes 26 de junio, a las 11.30 horas, una actividad en la Cinemateca Uruguaya, donde se presentará un avance del documental Elena Quinteros, desaparecida.
La convocatoria coincide con los 50 años del secuestro y desaparición de la maestra y busca mantener vigente la memoria sobre uno de los casos emblemáticos del terrorismo de Estado en Uruguay.
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