“La problemática no impacta de la misma forma en la población de ingresos medios y altos que en quienes tienen ingresos medios y bajos”, explicó la ministra. En ese sentido, señaló que el reto central es diseñar respuestas que acompañen “esta forma distinta de habitar” de toda la población.
Uno de los ejes subrayados por la jerarca fue el fortalecimiento de los marcos regulatorios para recuperar viviendas existentes. Uruguay, dijo, avanza en coordinación interinstitucional y en trabajo conjunto con los gobiernos departamentales para reactivar el stock habitacional.
A la vez, destacó el uso intensivo de herramientas de información que permiten anticiparse a riesgos y focalizar políticas. Entre ellas, mencionó el Monitor del Sistema Público de Vivienda, el Registro Nacional de Asentamientos Irregulares, la Infraestructura de Información Geoespacial para el Ordenamiento Territorial y el Observatorio Territorial. “Esa integración de datos genera evidencia y nos permite actuar más rápido y mejor”, afirmó.
Articulación
Otro pilar es la articulación entre niveles de gobierno. “Los gobiernos locales son los que están allí, en el territorio, y desde el gobierno nacional tenemos que trabajar en conjunto”, remarcó Paseyro. En paralelo, destacó el rol del sector privado y de los organismos internacionales para ampliar las fuentes de financiamiento, ya que “solo con presupuestos públicos no alcanza”.
Respecto a las medidas concretas del período, la ministra recordó que el actual gobierno asumió el 1° de marzo, por lo que el primer año estuvo dedicado al diseño de la estrategia habitacional del quinquenio. En ese marco, se plantearon dos líneas centrales.
Medidas
La primera es el alquiler social, orientado a garantizar que las familias puedan permanecer en viviendas ya existentes. Según datos del censo, los hogares de menores ingresos destinan más del 37% al alquiler, lo que compromete gastos esenciales como salud y educación. El subsidio parcial del ministerio apunta a evitar que esas familias caigan en la informalidad o deban trasladarse a asentamientos. “Si no pueden sostener el alquiler, pasan al alquiler informal o ingresan a un asentamiento”, advirtió.
La segunda línea es la rehabilitación de viviendas. Muchas familias poseen inmuebles heredados o vacíos que no pueden reparar por falta de recursos. El plan incluye préstamos accesibles para poner esos bienes en condiciones y volcarlos al mercado, ampliando la oferta habitacional y generando un doble impacto positivo: para las familias y para el Estado.
Finalmente, Paseyro definió la vivienda como una política de Estado y reivindicó los aprendizajes acumulados por distintas administraciones. También llamó a abordar la informalidad urbana “de manera integral” y con fuerte diálogo comunitario. “Los asentamientos expresan desigualdades históricas, pero también una enorme capacidad de organización y resiliencia social”, concluyó.
